Las autoridades y organizaciones no gubernamentales de Colombia aguardan con expectativa la instalación en el país de la representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Se trata de la primera oficina en América Latina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Permanecerá abierta 17 meses y estará a cargo de Almudena Mazarrasa, ex embajadora de España en Costa de Marfil, Níger y Burkina Faso.
La oficina, en la que Mazarrasa tendrá la colaboración de cinco expertos internacionales, canalizará las denuncias contra las fuerzas de seguridad y otros actores del conflicto armado colombiano por violación de derechos humanos.
También coordinará y prestará asesoramiento a las autoridades para la promoción de los derechos humanos en este país, que presenta uno de los mayores índices de violencia del mundo. Finalmente, Mazarrasa presentará su informe a la ONU.
La violencia se cobra todos los años unas 30.000 vidas en Colombia y el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Carlos de Roux, cree que la delegada de la ONU tendrá uno de sus mayores desafíos en la actividad de grupos paramilitares de derecha.
De Roux cree que ha faltado a las autoridades "voluntad política y compromiso" para combatir a los paramilitares, que tienen "un arraigo social más extendido de lo que nos imaginamos".
Los grupos paramilitares fueron creados en los años 80 por campesinos y hacendados, con apoyo del ejército, para combatir la guerrilla.
Acusados de asesinar y torturar a activistas sociales que identificaban como auxiliadores de los insurgentes y de colaborar con narcotraficantes, fueron puestos fuera de la ley en 1989.
Estados Unidos señaló en febrero a los paramilitares como autores de 48 por ciento de las violaciones de derechos humanos comprobadas el último año en Colombia.
Mientras, Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Andina de Jurístas, responsabilizó a la guerrilla de 30 por ciento de las muertes por causas políticas o presumiblemente políticasa y a las fuerzas de seguridad y a los paramilitares de 70 por ciento.
Pero según el Ministerio de Salud, menos de 20 por ciento de las muertes violentas que se registran anualmente se deben al conflicto armado.
El vicecanciller Camilo Reyes confía en que la presencia de la oficina del Alto Comisionado de la ONU contribuya a hallar soluciones "para bajar los índices de violencia".
En opinión de Gallón, la oficina de Mazarrasa también tiene que ayudar a terminar con la impunidad de los culpables de violación de los derechos humanos. La impunidad está "muy relacionados con la existencia y la aplicación del fuero militar", observó.
"Lo que se requiere es que la oficina actúe en relación con los puntos neurálgicos y a través de medidas claras y eficaces", dijo el jurísta.
Gallón lamentó que Colombia no contara con un mecanismo como la oficina del Alto Comisionado en 1996, "un año gravísimo en el saldo de muertes políticas y de la delincuencia común"
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que se ocupa del caso de Colombia desde 1995, consideró necesario pedir al Alto Comisionado la apertura de una oficina en este país, en lugar del relator que solicitaban las organizaciones no gubernamentales.
La alternativa del relator de derechos humanos habría sido interpretada por el gobierno colombiano como una sanción.
Según una fuente de la ONU, la creación de la oficina es el resultado de "un entendimiento" entre el foro mundial y el gobierno de Colombia "basado en el mutuo interés de trabajar para asegurar una mejor promoción y protección de los derechos humanos en el país".
"Nos ocuparemos de las quejas de violaciones de los derechos Humanos sin invadir las esferas de organismos nacionales encargadas del tema" aseguró la fuente. (FIN/IPS/yf/ff/hd/97
