Dos organizaciones no gubernamentales (ONG) pidieron cambios en la política del BID, para lograr mejor atención a los problemas sociales de América Latina y mayor participación de la sociedad civil.
En un estudio distribuido a los participantes en la Asamblea General del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), en Barcelona, las ONG Intermón y Redbancos señalaron también el incumplimiento de compromisos de España en materia de ayuda a América Latina.
España aprobó en 1990 un fondo especial Quinto Centenario por 500 millones de dólares, destinado a América Latina, pero hasta la fecha sólo otorgó créditos por 38,5 millones.
Según Intermón y Redbancos, los problemas tienen raíz en la orientación general de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de España, enfocada de manera excesiva a la comercialización de productos españoles.
Sin llegar al extremo de Alemania e Italia, que reciben multiplicado por siete el importe facilitado en créditos, al atar la ayuda al exterior a contratos con sus propias empresas, España también condiciona los préstamos a esas contrataciones.
Así, las compras a España y contratos con empresas españoles suponen casi 300 por ciento de las cantidades prestadas a las naciones en desarrollo, una proporción similar a la de Bélgica, Portugal y Gran Bretaña.
Fuentes del gobierno español admiten que es así, pero señalan que en los nuevos presupuestos (1996-1997), el monto de la AOD fue incrementado de manera substancial y disminuyó la ayuda atada a los créditos a la exportación.
En cuanto a los créditos del Quinto Centenario, las fuentes argumentan que los gobiernos latinoamericanos y el BID no presentaron suficientes proyectos susceptibles de ser financiados. A esto, las dos ONG replican que es necesario cambiar las normas para la concesión de los créditos.
Intermon y Redbancos recomiendan que el BID cambie su política.
En primer lugar, dicen, debe revisar el papel del sector privado en las reformas sociales, de manera de evitar que se de prioridad a los intereses empresariales, se asegure la calidad de los servicios y se garantice que éstos lleguen a los sectores más desfavorecidos.
Asimismo, es preciso establecer mecanismos claros para la participación en los proyectos de poblaciones afectadas por operaciones financiadas por el BID, como las grandes obras de infraestructuras.
Las ONG también solicitaron al banco que adopte una política de pueblos indígenas, que debe ser discutida y analizada con organizaciones aborígenes y de la sociedad civil. Tras ese proceso debería aumentar sus fondos para desarrollar proyectos con las comunidades. (FIN/IPS/af/ff/dv/97
