Los países en desarrollo, que deberán liberalizar sus servicios de telecomunicaciones por resolución de la OMC, necesitan instalar mecanismos regulatorios efectivos si desean alcanzar la meta de un servicio universal.
O todo saldrá de la peor manera, advirtió un informe de la institución internacional de comunicaciones Panos, con sede en Londres.
El grado en el cual los gobiernos logren el progreso en los objetivos sociales en el nuevo ambiente liberalizado dependerá sobre todo de la calidad, la efectividad y la transparencia de la regulación de las telecomunicaciones, sostiene el informe.
No obstante, advierte que "hay preocupaciones reales, porque los errores de la privatización podrían durar generaciones". Si los gobiernos prestan poca atención a la forma en que desarrollarán las redes mediante la liberalización, en especial en las áreas rurales, podrían perder su última oportunidad.
El 15 de febrero 68 países de la Organización Mundial de Comercio (OMC) acordaron la liberalización de las telecomunicaciones básicas, dinámico sector de la economía mundial que moviliza casi 600.000 millones de dólares.
Con este acuerdo, los países se comprometieron a permitir a empresas privadas la explotación del mercado de las telecomunicaciones.
En las negociaciones, que duraron tres años, participaron Estados Unidos y la Unión Europea, que juntos controlan alrededor de 90 por ciento de la industria en el mundo.
Algunos consideran al convenio el mayor paso dado para la mejora de la infraestructura de las telecomunicaciones, de la cual depende gran parte del comercio mundial.
Pero ya existen temores de que los países en desarrollo sean apurados al mercado mundial sin suficiente debate público sobre las implicaciones de liberalizar las telecomunicaciones. Se teme, por ejemplo, que el desarrollo del sector se dirija a los negocios urbanos y no a los pobres rurales.
La legislación que derivará del acuerdo "favorecerá a compañías y sistemas occidentales, olvidando los intereses de millones de pobres que nunca en su vida hicieron una llamada telefónica", dijo Edwin Hanamwinga, ingeniero de comunicaciones de Zimbabwe.
Un tema clave planteado a los países en desarrollo es el futuro del servicio universal, el derecho a acceder a servicios de telecomunicaciones a bajos costos.
Históricamente, las telecomunicaciones han sido vistas por muchos gobiernos como un bien social a ser ofrecido a precios razonables.
Los servicios telefónicos de los gobiernos han subsidiado a las áreas más pobres o rurales con las llamadas internacionales, de mayor costo.
No hay dudas de que las telecomunicaciones pueden ayudar a mejorar las condiciones de vida en los países en desarrollo. Los beneficios atraviesan todos los aspectos del progreso, sea educación, salud o seguridad alimentaria.
En la agricultura, el uso de los teléfonos ayuda a los granjeros a obtener los mejores precios por su producción.
Un estudio en Sri Lanka revela que cultivadores que no obtenían más de 50 o 60 por ciento del precio de venta por sus productos, alcanzaron un nivel de entre 80 y 90 por ciento tras la instalación de líneas en sus villas.
Este tipo de experiencias llevan a los impulsores de la liberalización a criticar las redes a menudo dilapidadas por monopolios estatales en muchos países en desarrollo.
La condición de las telecomunicaciones es deplorable en la mayoría de los países del Sur. En todo el mundo, su distribución es desigual, y mientras 80 por ciento de la población del planeta no tiene acceso a telecomunicaciones confiables, sólo ocho países industrializados acaparan tres cuartos de las líneas telefónicas del mundo.
Africa, donde vive 12 por ciento de la población mundial, tiene que arreglárselas con 1,8 por ciento de las líneas telefónicas el mundo.
En América Latina, hace cuatro años, había un total de ocho millones de personas aguardando una conexión telefónica, con un promedio de espera de tres años. En algunos países, la espera podía prolongarse un poco más, hasta 21 años.
La "teledensidad" -el número de líneas de teléfonos cada 100 personas- sólo alcanza a 1,5 en los países en desarrollo. En naciones como Afganistán, Guinea, Liberia, Níger y Somalía, sólo hay un teléfono cada 500 personas.
En Camboya, Chad y Zaire, hay una línea cada 1.000 habitantes, y los teléfonos existentes se concentran en áreas urbanas ricas. Alrededor de 80 por ciento de los kenianos, pro ejemplo, vive en lugares donde no existe el teléfono.
A medida que las telecomunicaciones se hagan más eficientes con la liberalización, es difícil que los operadores lleguen a áreas donde las ganancias son escasas.
"El plazo de la OMC presionará a muchos gobiernos africanos a firmar acuerdos fáciles con corporaciones multinacionales ", pronosticó David Lush, coordinador de información del Instituto de Medios para Africa Austral (MISA).
Esto marginará aún más a secciones de sus comunidades que necesitan acceso a las telecomunicaciones. Por lo tanto, es imperativo que las ONG y los grupos de la sociedad civil tengan voz en el debate sobre la desregulación, para que sus intereses sean representados, añadió Lush.
El informe de Panos indica que un modelo utilizado por algunos países es un fondo de servicios universales, en el cual los operadores de telecomunicaciones deben aportar una parte de sus ganancias.
Este tipo de fondo funciona en Sudáfrica, y podría ser introducido también en Zambia. (FIN/PANOS/tra-en/dds/lp/cr-dv/97)
—— (*) IPS pone a disposición de sus suscriptores este material por un acuerdo de distribución con la institución internacional de comunicación Panos Features, de Londres
