El plan de ajustes económicos impuesto por el gobierno de Panamá enfrenta una dura oposición de organizaciones sindicales.
Enfermeras y empleados públicos lanzaron este martes una huelga contra un proyecto de ley que modifica el actual régimen de jubilaciones especiales.
El proyecto de ley sustituye el actual fondo complementario, que permite a 67.000 de los 140.000 empleados públicos del país jubilarse con el último salario, por un fondo de capitalización individual solventado con aportes de los beneficiarios.
El cambio de régimen fue motivado por el enorme déficit que ha acumulado el fondo complementario desde que fue instituido en 1975, el cual asciende a 344 millones de dólares, según datos del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mippe).
El vice ministro del Mippe, Carlos Vallarino, explicó que el aporte de dos por ciento del salario que vierten los empleados públicos "es totalmente insuficiente" para hacer frente al pago de las prestaciones.
Indicó que si no se adopta un cambio de sistema, en 1997 el Estado tendrá que aportar otros 58 millones de dólares al fondo, y que aún así el déficit seguirá creciendo hastaque el sistema colapse, "debido a que no tiene como solventarse".
"No es justo que toda la sociedad panameña siga cargando a 67.000 funcionarios que se benefician de este sistema", subrayó Vallarino.
El proyecto propone constituir un fondo de capitalización individual con el dos por ciento del salario aportado hasta ahora por los beneficiarios y otra parte a cargo del Estado.
Sin embargo, los sindicatos que representan a los 67.000 beneficiarios aducen que la medida "es un asalto cometido por el gobierno contra una conquista de los trabajadores".
La presidenta del Frente Nacional pro Defensa de las Jubilaciones Especiales (Frende), Diny Gómez, señaló que el déficit es producto "de la negligencia del Estado".
Según la dirigente, en 1975 el gobierno de la época se comprometió a aportar 168 millones de dólares para el capital semilla del fondo complementario, "pero nunca cumplió con su obligación".
El proyecto replanteó la polémica, las protestas y los enfrentamientos surgidos en 1995 cuando el presidente Ernesto Pérez Balladares impuso a sangre y fuego la primera fase de su programa de ajustes a la economía.
A mediados de 1995 unos 50 sindicatos realizaron una huelga de 10 días contra las reformas al código laboral, durante la cual murieron cuatro obreros en cruentos enfrentamientos con la policía antimotines.
Las protestas contra el plan de ajustes también incluyeron a los comerciantes de la internacional zona libre de Colón, en el Caribe, así como a industriales, agricultores y otros sectores afectados por los cambios de reglas introducidos por el actual gobierno.
La primera fase del plan de ajustes incluyó la privatización de empresas públicas no esenciales, la rebaja y la eliminación de aranceles y reformas al código laboral.
La segunda, iniciada a finales de 1996 con la privatización de los puertos, comprende la ley de jubilaciones especiales y la venta de las compañías de electricidad, de agua potable y telecomunicaciones.
El diputado y dirigente de oposición Alberto Cigarruista advirtió al gobierno que si no desiste del actual programa de ajustes "el país va camino a sufrir el mismo fracaso que han padecido otros países de la región que optaron por el camino del neoliberalismo".
Tras indicar que en vez progresar "los países de América Latina se han ido empobreciento con la aplicación de medidas neoliberales", Cigarruista exhortó al Ejecutivo a que abandone la política de ajustes "impuesta a los países latinoamericanos por las grandes potencias". (FIN/IPS/sh/dg/ip-lb/97
