Los vínculos del jefe antidrogas de México con el narcotráfico obligó al gobierno a replantear su lucha en este campo, protegiendo a agentes encubiertos, y a redoblar esfuerzos para conseguir la certificación de Estados Unidos.
Considerado puntal del combate al narcotráfico en México y Estados Unidos, el general Jesús Gutiérrez recibió información secreta durante su gestión al frente del Instituto del Combate a las Drogas y posiblemente difundió datos falsos y recomendó acciones engañosas.
Las autoridades mexicanas informaron este viernes a la prensa que estudian la reubicación de 51 miembros encubiertos de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y de un número indeterminado de agentes nacionales para proteger su vida, mientras diseñan cambios en los planes contra el narcotráfico.
La pregunta que se plantean políticos y analistas locales es si los nuevos movimientos tendrán un real impacto. Muchos consideran que Gutiérrez es sólo uno entre tantos militares y políticos mexicanos que reciben dinero del narcotráfico.
El diputado Luis Garfias pidió al presidente Ernesto Zedillo que realice una depuración en las Fuerzas Armadas, consideradas hasta ahora una de las pocas instituciones en México no atravesadas por la corrupción, y acabe con los militares que tienen "falsos prestigios".
Una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indica que las cinco o seis bandas de traficantes de drogas que operan en el país obtienen ganancias anuales de hasta 30.000 millones de dólares, de los cuales unos 800 millones se destinarían al soborno de altos funcionarios.
El caso Gutiérrez, que se sumó a una serie de escándalos de corrupción difundidos las últimas semanas en México, enturbió la estrecha coordinación que mantenía el gobierno de Zedillo con Washington en la lucha contra el narcotráfico, desde la creación del Grupo de Contacto de Alto Nivel en marzo de 1996.
La relación parecía garantizar que el país latinoamericano obtendría nuevamente este año la certificación antidrogas que otorga Estados Unidos, como ha sucedido desde 1986.
El presidente Bill Clinton indicó que el proceso de certificación -que México rechaza en declaraciones pero parece buscar en los hechos- se vio afectado por la detención Gutiérrez, hecho al que calificó de "profundamente perturbador" pese a demostraría el interés de Zedillo de combatir la corrupción.
Como sucedió el año pasado pocos días antes de la certificación, el canciller José Gurría viajó a Estados Unidos para entrevistarse con autoridades de ese país. Y, también como el año pasado, portavoces oficiales aseguraron que no buscan la calificación positiva de Washington.
A fines de este mes, el gobierno de Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas en el mundo, decidirá los países que merecen la certificación, la descertificación o recibirán una advertencia. De su decisión dependerá la futura entrega de cooperación y asistencia financiera.
El analista Jorge Chabat, experto en las relaciones con Estados Unidos, estima difícil que Washington no certifique a México, pues es su vecino y socio comercial en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al que pertenece también Canadá.
John Saxe Fernández, de la Universidad Nacional Autónoma, señaló que ha sido el gobierno de Clinton el que ha definido en parte la forma en que México debe luchar contra el narcotráfico.
Washington ha impuesto la cooperación militar y la lucha contra el narcotráfico como temas principales en la agenda bilateral con México, para tener una mayor injerencia en asuntos nacionales, sostuvo Saxe Fernández.
La polémica certificación es un elemento de periódica tensión entre América Latina y Estados Unidos.
Barry McCaffrey, jefe de la oficina de Control de Drogas de Estados Unidos, reconoció durante una reunión con autoridades mexicanas entre las que estaba el general involucrado ahora con el narcotráfico, que la certificación es un acto doloroso y en algunos casos contrario a la cooperación.
El último informe del Grupo de Contacto de Alto Nivel, que reúne a autoridades de Estados Unidos y México, en 1996 los dos países afianzaron la lucha contra el lavado de dinero, el control del tráfico de precursores químicos, la reducción de la demanda, el tráfico de armas y la cooperación fronteriza.
En el informe se destacó que México erradicó en los primeros 11 meses del año pasado 34.000 hectáreas de plantaciones de marihuana y amapola, lo que lo ubicó en el primer lugar mundial en esa materia. (FIN/IPS/dc/ag/ip/97
