Guatemala se ha transformado en un banco de prueba para la ayuda humanitaria europea, que no quiere repetir los errores cometidos en otras naciones centroamericanas.
La firma del acuerdo de paz el 29 de diciembre puso fin a 36 años de guerra civil, que dejó un saldo de 100.000 muertos, 30.000 desaparecidos, 100.000 refugiados en México y un millón de personas internamente desplazadas.
"Es una oportunidad única para demostrar que hemos aprendido de los errores del pasado, especialmente aquellos perpetrados en El Salvador y Nicaragua", declaró a IPS Belén Martínez Carbonell, responsable para Guatemala de la Oficina Humanitaria de la Unión (ECHO).
La experta reconoció que la asistencia a las poblaciones afectadas por los conflictos armados en esos dos países fue muchas veces "ineficaz y desigual", si bien dijo estar convencida que Europa occidental "aprendió la lección".
"Los casos de El Salvador y Nicaragua fueron emblemáticos porque no siempre la ayuda llegó a manos de quienes realmente la necesitaban", indicó.
Los fondos otorgados por ECHO desde 1994, en que comenzó sus actividades en favor de la población guatemalteca, ascienden a casi nueve millones de ecu (1,23 dólar por unidad) y continúan financiando las actividades de una decena de agencias humanitarias internacionales.
"No nos podemos quejar, el gobierno del presidente Alvaro Arzú, que ya tiene un año en el poder, colabora plenamente con nosotros y está llevando adelante el proceso de paz", dijo.
Arzú, ex alcalde de Ciudad de Guatemala electo presidente en enero de 1996, encabeza un equipo de profesionales liberales que ha centrado su política de modernización del Estado en la reforma de las instituciones, en especial el ejército, y la economía, mediante la descentralización y un nuevo sistema fiscal.
Martínez Carbonell, quien acaba de llegar de un viaje a Guatemala, describió al país como "maravilloso pero pleno de contrastes" debido a su estructura social caracterizada por la concentración de poder.
"Siempre careció de cohesión interna porque se trata de una sociedad dividida en cuatro grupos: mayas y xincas (indios), garigunas (negros) y ladinos (blancos). El 60 por ciento de las poblaciones indígenas está dividido en 22 etnías mayas y en el país se hablan 23 lenguas", explicó.
Agregó que el costo de la guerra civil "fue tremendo. Además de los refugiados en México y los desplazados internos, 440 pueblos fueron destruídos, dejando a 50.000 mujeres viudas y 250.000 huérfanos".
ECHO ha financiado el retorno de los refugiados desde México, tanto en el aspecto del transporte mediante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), como su instalación en Guatemala con la ayuda de diversas organizaciones no gubernamentales.
También brindó ayuda a los desplazados internos que retornan a sus lugares de origen y, entre éstos, a las llamadas Comunidades de Población en Resistencia que durante 12 años vivieron como nómadas en la selva "sin siquiera poder encender una fogata por temor a ser descubiertos", dijo Martínez Carbonell.
Señaló que la asistencia a esas comunidades fue "todo un éxito", especialmente en 1994, cuando ninguna otra institución internacional apoyaba a esos grupos.
Esa intervención particular, en su momento, fue solicitada por los embajadores de países miembros de la Unión Europea (UE) en Guatemala.
Si bien el proceso formal de desmovilización de la guerrilla no comenzará hasta que sea desplegada una fuerza de paz de Naciones Unidas (ONU), ECHO ha proporcionado ayuda alimentaria a más de 3.500 ex combatientes y sus familias desde diciembre de 1996, con la favorable opinión del gobierno.
"En la actualidad, somos el único donante que los asiste a través de la Cruz Roja Española y, de esa manera, evitamos frustraciones en el período entre la firma del acuerdo de paz y el día "D" (desmovilización)", apuntó la experta.
El despliegue de la fuerza de paz de la ONU resultó vetado por China en el Consejo de Seguridad el 10 de enero pasado, no obstante el voto favorable de los otros 14 miembros.
El veto fue considerado una represalia, ya que Beijing objetó abiertamente las relaciones entre Guatemala y Taiwan, a la que considera una provincia renegada.
Guatemala apoya el ingreso de Taiwan en la ONU, e invitó al ministro de Asuntos Exteriores de Taipei a la ceremonia de la firma del acuerdo de paz. "Desafortunadamente, por causa del veto, el proceso de desmovilización de la guerrilla está demorado", comentó Vittorio Tonnoti, otro funcionario de la UE.
Tonnoti señaló que el problema más dramático que surgió durante el conflicto fue la violación de derechos humanos en perjuicio de las poblaciones indígenas.
"Ahora, no sólo por parte del gobierno sino tambien dentro del ejército, se realizan esfuerzos para resolverlo", destacó.
Guatemala está situado entre los países más pobres de América Latina y 68 por ciento de sus 10,6 millones de habitantes reside en zonas rurales. Según el Consejo de Planificación Económica de la UE, 75 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y 58 en extrema pobreza.
Una evaluación a nivel nacional estimó que 83,1 por ciento de los indígenas son indigentes y 92,6 son pobres.
Un estudio reciente sobre la gestión del presupuesto nacional en los últimos 25 años, realizado por Lawrence Klein, premio Nóbel de Economía, reveló que el ejército guatemalteco, lejos de favorecer el desarrollo social y la seguridad del país, "provocó exactamente el efecto contrario".
El estudio estableció que durante el lapso analizado (1968- 1995) los gastos de defensa tuvieron un impacto fuertemente negativo en el crecimiento del país y la balanza de pagos.
En particular, en el momento culminante del conflicto (1980- 1985) el presupuesto militar aumentó del nueve al 21 por ciento en desmedro de la salud que descendió del 11,4 al 7,3.
"Un hecho altamente positivo es que el acuerdo de paz prevé una reducción de las fuerzas armadas tanto en recursos humanos como financieros, y Arzu ya lo está cumpliendo porque acaba de 'descabezar' a los elementos más duros de la cupula militar", indicó Martínez Carbonell. (FIN/IPS/ego/dg/ip-dv/97)
