El crecimiento económico de Tailandia se hizo más lento en 1996 por primera vez en 10 años, creando un clima de cautela en las empresas y de inquietud entre los trabajadores, que tuvo su punto más crítico en el conflicto que afectó en diciembre a la fábrica Sanyo de artículos eléctricos.
Cuando los empleados de la japonesa Sanyo Universal Electric incendiaron la planta en protesta por el recorte de los bonos de fin de año realizado por la empresa, nadie pudo dudar de la seriedad de la situación.
Durante varios años de crecimiento sostenido, Tailandia disfrutó de una relativa paz laboral gracias a la actividad plena de las fábricas, que mantenían a los obreros ocupados y felices con las pagas que recibían por horas extraordinarias.
El producto interior bruto de Tailandia había crecido a un promedio de 7,9 por ciento de 1981 a 1990, y de 8,3 por ciento en el quinquenio 1991-95, pero apenas llegó a la tasa de siete por ciento el año pasado, según estadísticas oficiales.
Aunque esa tasa de crecimiento sigue siendo alta bajo cualquier tipo de medición, tanto los trabajadoress como los empresarios han sentido el sacudón. La menor producción industrial significó menores ingresos para todos.
Los obreros de Sanyo se indignaron al comprobar -a mediados de diciembre-, que la bonificación de fin de año sería reducida a la mitad, y sin más miramientos pusieron fuego a la fábrica.
Muchos trabajadores de Sanyo dicen tener sólo contratos de corto plazo, sin seguridad ni beneficios sociales. Incluso los que están en la empresa desde hace 20 años, reciben salarios equivalentes a 360 dólares al mes, que consideran inadecuados ante el costo de la vida en Bangkok.
Por esa razón, los empleados suelen esperar con avidez el suculento bono de fin de año.
La demanda de bienestar social dio motivo a acciones de protesta en otras siete fábricas el año pasado, una de ellas en la planta de Thai Suzuki Motors, en la provincia de Prathumtanee, cerca de Bangkok.
El conflicto duró tres meses y costó a la empresa pérdidas millonarias, además del compromiso de pagar a sus empleados los beneficios sociales no salariales. Pero también costó el empleo a decenas de trabajadores.
Sucharn Kosin, vicepresidente de la Federación de Industrias, opinó que "los trabajadores deben aprender a dar y recibir, pero lo que ha ocurrido es un aumento del nivel de violencia sin responsabilidad".
Los empresarios temen que la inquietud laboral de 1996 desaliente a la inversión extranjera. En su opinión, la exigencia de salarios más altos y beneficios sociales se traducirá en mayores costos de producción, lo que a su vez perjudicará la competitividad de los productos tailandeses.
El año pasado el gobierno autorizó la admisión de trabajadores de Indochina y Birmania en los sectores de agricultura, pesca y construcción, lo cual afectó a unos dos millones de tailandeses no especializados y a muchos más que no están formalmente registrados
El Ministerio de Trabajo afirma que el total de trabajadores indochinos no especializados, presentes en Tailandia, es de 750.000, pero otras estimaciones llevan esa cantidad a más de un millón de personas. (FIN/IPS/tra-en/pd/ral/arl/lb/97
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