La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció la existencia de irregularidades en su tribunal de crímenes de guerra en Ruanda, tras la conclusión de una investigación sobre acusaciones de corrupción en la corte.
"Hubo y habrá cambios en el tribunal", afirmó el portavoz de la ONU Fred Eckhard. En particular destacó la designación de Mario Cianci como nuevo jefe de personal, quien llegará a la sede del tribunal en Arusha, Tanzania, la próxima semana.
El nombramiento de Cianci siguió a varias acusaciones de irregularidades contra los responsables de la corte, incluyendo la contratación de familiares y amigos sin tener en cuenta sus calificaciones.
Entre los supuestos beneficiarios de tales irregularidades están el encargado del registro, el keniano Andronico Adede (quien rechazó los cargos), y el fiscal Honore Rakotomanana, de Madagascar.
La investigación, iniciada el pasado octubre cuando se presentaron las acusaciones y culminada el mes último, fue encabezada por el subsecretario general Karl-Theodor Paschke, jefe de supervisión interna de la ONU, y actualmente es revisada en forma privada por varios funcionarios, indicó Eckhard.
Se prevé que el informe será entregado a la Asamblea General de 185 miembros en las próximas semanas. Estados Unidos realizó su propia investigación de las acusaciones, pero aún no publicó las conclusiones.
"La idea aquí no es la de eliminar gente del sistema debido a las acusaciones", señaló el portavoz, "pero si se comprueban los cargos de corrupción, la ONU tomará duras medidas", advirtió.
El flamante secretario general, Kofi Annan, ya dio señales de intolerancia a la corrupción al requerir la destitución de un funcionario del Programa de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas acusado de nepotismo, acoso sexual y prácticas financieras irregulares.
Las medidas de "limpieza" dentro de la ONU se relacionan con la presión que ejerce Estados Unidos sobre Annan, cuya designación fue promovida por Washington en lugar de Boutros Boutros-Ghali, para la reforma de la organización mundial.
Los cambios en el tribunal de Ruanda son especialmente urgentes, dado que los ruandeses están decepcionados por la lentitud en el enjuiciamiento de los acusados del genocidio de hasta un millón de tutsis y hutus moderados, ocurrido entre abril y julio de 1994.
Aunque el tribunal debía iniciar los juicios en la primavera pasada, sólo comenzó a oir casos el jueves, con un interrogatorio de cuatro horas de duración al ex militar Jean-Paul Akayesu, acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad.
El caso de Akayesu, presumiblemente autor de la matanza de 2.000 tutsis en la ciudad de Taba, podría ser un elemento clave para la definición de la credibilidad del tribunal.
Sin embargo, el gobierno de Ruanda restó importancia al caso, destacando que los principales sospechosos aún no fueron sometidos a la justicia. (FIN/IPS/tra-en/fah/yjc/ml/hd/97
