Agencias de la ONU y ONG internacionales decidieron tomar medidas de precaución en el norte de Ruanda, tras el asesinato de tres trabajadores de ayuda humanitaria de ciudadanía española, atribuido por las autoridades a extremistas hutu.
Pero, con la excepción de Medicos Sin Fronteras (MSF), las organizaciones humanitarias estuvieron a punto de retirarse del área.
La decisión fue tomada durante una reunión entre representantes del gobierno de Ruanda, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras agencias de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), y varias organizaciones no gubernamentales (ONG).
La reunión se realizó tras un ataque el sábado a un complejo de ayuda humanitaria de varias agencias en Ruhengeri, al norte, en el cual fueron asesinados tres ciudadanos españoles que trabajan con MSF, y un estadounidense resultó seriamente herido.
Según un comunicado de prensa de la oficina de coordinación de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en Ruanda, la reunión "resultó en medidas de seguridad para el personal de la ONU y las ONG".
Las medidas incluyen limitar la presencia del personal en Ruhengeri durante horas del día, una comunicación más fluida entre la ONU y las ONG, y precauciones técnicas y educativas, añadió el comunicado de prensa.
El incidente del sábado fue el más serio de una serie de ataques a expatriados en los últimos ocho días en las provincias de Gisenyi y Ruhengeri, en la frontera con Zaire, donde viven varios cientos de hutus que regresaron a Ruanda en noviembre.
El portavoz del Ejército Patriótico de Ruanda (RPA), mayor Emmanuel Ndahiro, dijo a IPS que durante las últimas cinco semanas, ingresaron a Ruanda, entre los refugiados, criminales y personas inocentes.
El portavoz dijo que no hubo controles, y se permitió que ex soldados del anterior Ejército de Ruanda (FAR) regresaran a sus comunidades. El gobierno responsabilizó de los asesinatos del sábado a miembros del FAR.
Otros incidentes de este mes fueron la golpiza y robo a observadores de derechos humanos de la ONU por hutus armados, y un ataque con granada a un complejo donde se alojaban trabajadores chinos en una carretera en construcción. Ambos ocurrieron el 13 de enero.
Estos ataques también fueron atribuidos al FAR y las milicias Interahamwe, responsables del genocidio de 1994, en que murieron hasta medio millón de personas, en general tutsis.
Muchos expatriados en Ruanda creen que las agencias humanitarias han sido blancos específicos, con el fin de desalojarlas del área.
Ndahiro dijo a IPS que se tomaron algunas medidas para mejorar la seguridad en la zona de Ruhengeri, mientras el gobierno hizo un llamado a organismos de la ONU y agencias internacionales para que colaboren "en la lucha contra los criminales".
El ataque a los trabajadores de ayuda humanitaria parece marcar un cambio en la estrategia de las milicias de hutus extremistas, quienes hasta ahora habían atacado a sobrevivientes del genocidio de 1994, matando a más de 100 en las últimas semanas.
Analistas en Kigali creen que los ataques contra sobrevivientes tienen por objetivo dificultar las audiencias para juzgar los crímenes del genocidio iniciadas en Ruanda el 27 de diciembre. (FIN/IPS/tra-en/jbk/kb/lp/ip/97
