Una ola de denuncias de violación de los derechos humanos cubre a México. Estados Unidos y varios grupos locales e internacionales acusan a las autoridades de abusos, detenciones arbitrarias y torturas, especialmente en zonas donde tienen presencia las guerrillas.
En México hay un grave estado de descomposición, y a nombre de la seguridad se violan muchas garantías, según Augustín Pro, un grupo humanitario de la orden católica de los jesuitas que en los últimos meses recibió amenazas anónimas.
El gobierno de Ernesto Zedillo afirma que actúa conforme a derecho y que combate la corrupción y los abusos, pero las voces acusadoras se multiplican y ponen énfasis en el caso de los sureños estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, donde a la pobreza se suman las guerrillas, el ejército y bandas paramilitares.
Las denuncias subieron a tal nivel que la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos destacó misiones de investigación a los tres estados, de numerosa población indígena.
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló este jueves que el gobierno de México ha respetado "en general" los derechos humanos, aunque destacó varias violaciones en esa materia.
La tortura de detenidos, la corrupción y la ineficiencia de la justicia, la acción de milicias represivas afiliadas al partido gobernante, y las desaparición de personas durante operativos del ejército en Oaxaca y Guerrero contra los insurgentes, son algunos de los hechos denunciadas por Estados Unidos.
El gobierno de Zedillo rechazó la evaluación "unilateral" de Washington e indicó que se abstendrá de comentarla, pues "está fuera del marco de los compromisos internacionales aplicables".
La organización Aminstía Internacional afirmó esta semana en Londres que las fuerzas de seguridad de México han torturado y perseguido a drigentes campesinos en el marco de la lucha contra el Ejército Popular Revolucionario (EPR), un grupo armado que surgió en junio de 1996 en el estado de Guerrero.
El gobierno comunicó como un importante triunfo la detención del líder campesino Benigno Guzmán, a quien indentificó como el "cabecilla" del EPR.
Pero el ERP negó que Guzmán integre sus filas y, mientras políticos y analistas pidieron la libertad para el detenido, grupos humanitarios concluyeron que las autoridades actuaron sin fundamento real contra ese dirigente campesino.
El martes, dos días después del anuncio oficial de la detención de Guzmán, una columna del ERP se enfrentó con policias en el estado de México, vecino a la capital.
El mando gerrillero burló nuevamente el cerco de las fuerzas de seguridad el jueves, para ofrecer una conferencia de prensa en algún lugar del estado de Oaxaca.
Tras afirmar que Guzmán es uno de los tantos líderes campesinos detenidos y torturados sin pertenecer a la guerrilla, el "comandante Rubén" declaró que su grupo no ha sido desmantelado y que incluso recibe apoyo e información de las propias filas del ejército federal y la policía.
Desde julio, las autoridades detuvieron a unas 80 personas, en su mayoría campesinos, acusados de pertenecer al EPR. La organización insurgente, que afirma estar creciendo en número, sólo reconoce que tres de sus miembros están presos.
Guzmán y otras personas detenidas, que aseguran haber sido torturadas, están vinculados a la Organización Campesina del Sur de Guerrero, un grupo opositor que se dió a conocer internacionalmente cuando en 1995 la policía mató en una emboscada a varios de sus miembros.
Aunque la justicia responsabilizó a las autoridades de la matanza, que incluso fue investigada por la Organización de Estados Americanos, varios de los supuestos culpables están libres, mientras los campesinos que sobrevivieron al hecho son ahora perseguidos y encarcelados.
Amnistía Internacional exigió al gobierno respetar la vida e integridad de los supuestos guerrilleros detenidos, contra quienes no habría pruebas inculpatorias, según sostuvo la organización humanitaria.
Un total de 169 miembros del Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional, uno de los brazos civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fueron detenidos los últimos meses acusados de tener relaciones con el EPR, denunció Benito Mirón, dirigente del Frente.
En Chiapas, donde el diálogo de paz entre el gobierno y el EZLN permanece interrumpido desde septiembre, y aumenta la tensión por el continuo movimiento de tropas, yambién se denunciron en los últimos días detenciones arbitrarias y otras violaciones a los derechos humanos.
Mireille Roccatti, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, informó que su institución tiene al menos tres expedientes con denuncias contra oficiales del ejército por hechos registrados en las zonas de influencia del EZLN. (FIN/IPS/dc/ff/hd/97
