Dirigentes de comunidades indígenas de Australia afirman que el primer ministro John Howard está a punto de cruzar la frágil línea que separa la corrección política del racismo al promover reformas a una ley contra la discriminación.
"Una enmienda a la Ley sobre Discriminación Racial sería, por parte del gobierno, el reconocimiento de que no puede funcionar de otra forma que no sea discriminando a los aborígenes", dijo Noel Pearson, activista por los derechos de los nativos.
Pearson sostuvo que la iniciativa del gobierno no solo afecta a los indígenas, pues perjudica a griegos, árabes, italianos y "a todas las razas que viven en este país", por lo que ataca "el corazón de la sociedad australiana".
Howard anunció este mes que "no descarta" la posibilidad de reformar la Ley sobre Discriminación Racial, aprobada en 1975, a la luz de las sentencias judiciales que reafirmaron en diciembre los derechos originales de propiedad de la tierra de los nativos australianos.
Los fallos de siete altos tribunales de Australia determinaron que los reclamos de los aborígenes wik y thayorre sobre los predios mineros y ganaderos de la península de Cabo York, en el estado nororiental de Queensland, tenían justificación legal.
Los jueces resolvieron que los permisos vigentes de pastoreo y minería de unas 35.000 hectáreas de tierra no "extinguían" los derechos de los nativos sobre esa tierra, cerca del poblado de Weipa, cuyo usufructo es gozado por la gigantesca compañía minera CRA.
Las consecuencias de las sentencias son aún motivo de debate. Lo que empresarios mineros y ganaderos temen es una difícil coexistencia con los aborígenes.
El primer ministro del estado de Australia Occidental, Richard Court, llegó a defender la derogación de la Ley de Títulos Nativos de 1992, que permite a los aborígenes la caza, la pesca y el desarrollo de actividades tradicionalees en las tierras explotadas por ganaderos.
El primer ministro de Queensland, Bob Borbridge, también se manifestó preocupado de que los fallos puedan generar una fuga de inversores, pues 85 por ciento del territorio del estado estaría sujeto a las decisiones judiciales.
"Es bastante difícil creer que las compañías mineras o ganaderas o grandes proyectos económicos se desarrollen con tal grado de incertidumbre", dijo Borbridge.
Algunos abogados califican la reacción de ganaderos y mineros de excesiva, y sostienen en ese sentido que la actividad productiva habitual seguiría incambiada pues los fallos apenas impiden que terceros compren esas tierras, que son propiedad del gobierno, sin permiso de los aborígenes.
"El gobierno sugiere con malicia que los ganaderos tendrán problemas para continuar haciendo lo mismo que siempre hicieron en la tierra", dijo a IPS Andrew Chalk, un abogado de Sidney experto en títulos y derechos territoriales.
"Existen más de 300 diferentes tipos de permiso de pastoreo" y toda práctica que no esté específicamente prohibida está permitida, explicó Chalk.
Las sentencias, según el abogado, "no pueden ser más claras" de lo que son. "Si los ganaderos están habilitados por sus permisos para trabajar, pueden continuar haciéndolo. Los aborígenes no tienen derecho a interrumpirlos", agregó.
"Si desean construir una represa o una casa, pueden hacerlo. Si el permiso de pastoreo vigente no se los permite, no es problema de los aborígenes sino del gobierno estatal. Los ganaderos no deberían estar preocupados por las sentencias", concluyó Chalk.
El Instituto Australiano de Tasadores y Economistas de Tierras dijo a sus clientes, entre ellos grandes bancos e inversores, que no existe razón para perder confianza en la actividad ganadera como resultado de la decisión judicial, dijo el portavoz de esa firma, John Sheehan.
"La seguridad de la tenencia que siempre existió en las concesiones continúa sin cambios. Muy, muy pocas concesiones son vulnerables, y eso se debe, sencillamente, al marco jurídico en que fueron pactados esos permisos específicos", declaró Sheehan a la radio ABC.
Pero los observadores consideran difícil que el gobierno conservador de coalición integrado hace un año por los partidos Nacional y Liberal enmiende la Ley sobre Discriminación Racial.
Esa norma admitió centurias de discriminación sufrida por las comunidades aborígenes a manos de los colonizadores británicos que se instalaron en Australia en el siglo XVIII. Los indígenas son hoy 300.000, cerca de dos por ciento de la población total.
La ley fue aprobada en 1975 para llenar los requisitos de la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Los aborígenes de Australia obtuvieron una segunda victoria cuando una sentencia judicial reconoció en 1992 los derechos de la tierra a los primeros habitantes conocidos del país.
De ese modo, lograron el derecho a la negociación de compensaciones, financieras o de cualquier otra índole, en las áreas donde el estado concede permisos de explotación minera a empresas privadas, o en caso que el gobierno decida vender tierras a un tercero.
Pearson considera que la reputación internacional de Australia quedaría en entredicho si el gobierno intenta revisar o enmendar la ley. (FIN/IPS/tra-en/ss/cpg/mj/hd ip pr/97
