La lenta infiltración del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en los sectores lucrativos de la economía es un comentario generalizado en las calles de esta ciudad.
Aunque públicamente y en altos círculos empresariales no se habla sobre la influencia del gobierno palestino y sus fuerzas de seguridad en los negocios, la información es corroborada por dos fuentes en una agencia internacional de ayuda y un ex negociador palestino.
Con el retiro de las tropas de Israel, la ANP enfrentó el grave problema de hacer frente a las empobrecidas y devastadas zonas antes ocupadas, y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) tomó el liderazgo en la batalla por mejorar la situación en Gaza.
Uno de los principales instrumentos de esta lucha es la empresa propiedad del gobierno Palestinian Commercial Services, que importa cemento y petróleo a áreas bajo control de la ANP en Gaza y Cisjordania.
Instalada poco después que la Autoridad Palestina llegara a Gaza, firmó acuerdos con la gigante de cemento israelí Neshur, una empresa de cemento jordana y la petrolera israelí Dor, abriendo la puerta para la satisfacción de la enorme demanda a medida que los palestinos comenzaron a reconstruir Gaza tras décadas de ocupación.
Las actividades de la empresa se expandieron fuera del sector, y para quienes buscan el comercio libre y justo en Gaza y Cisjordania los detalles de los negocios de la compañía son difíciles de conseguir.
Ministros de gobierno, parlamentarios y empresarios citan una serie de quejas de palestinos preocupados por que Commercial Services y otras empresas del gobierno podrían estar utilizando su condición privilegiada para monopolizar una variedad de exportaciones e importaciones.
Entre ellas, de baldosas, harina, pintura, grava, azúcar, cigarrillos, carne congelada, acero, equipamiento agrícola e incluso ovinos.
En esta cuestión, el nombre de Mohammed Rashid surge una y otra vez. Kurdo iraquí, Rashid distribuyó la revista de la OLP "Al- Bilad" fuera de Beirut en los años '80, y estuvo cerca de Abu Jihad, entonces mano derecha del presidente palestino, Yasser Arafat, y asesinado en Túnez en 1988, por el servicio secreto israelí Mossad.
Su nombre se asocia a varios emprendimientos lucrativos, incluyendo Palestine Telecommunications Co., la multimillonaria empresa contratada para brindar servicio telefónico a áreas palestinas, y varias inversiones bancarias con importantes acciones en empresas estatales y de construcción.
Rashid defiende el papel del gobierno en la economía como una medida temporaria necesaria, ante los repetidos cierres de seguridad de la circulación de bienes y personas impuestos por Israel en Gaza y Cisjordania.
Las áreas palestinas han estado bajo distintos "cierres de seguridad" desde marzo de 1993. Los palestinos estiman que perdieron entre tres y seis millones de dólares diarios, dependiendo en la severidad de las medidas aplicadas por las fuerzas israelíes.
"Es como una economía de guerra con estos cierres, un embargo", dijo Rashid a IPS, y añadió que "esta es una situación única. Con la participación del gobierno, podemos asegurarnos de que los productos básicos estén siempre disponibles".
Rashid cita el proyecto de una empresa de construcción de almacenes de granos como un ejemplo de que el gobierno busca cumplir con los mejores intereses de los palestinos, y sostiene que, tras el acuerdo con Dor, el gobierno tuvo ingresos diez veces mayores por gasolina que antes, sólo porque pudo organizar las facturas.
Además, el acuerdo con Neshur, afirma, no sólo facilita un abastecimiento constante de cemento, incluso durante los cierres, también mantiene el precio bajo y constante porque ha sido fijado.
Sus explicaciones, no obstante, no impresionan a empresarios palestinos o miembros del Consejo Legislativo que asumieron la ofensiva en el esfuerzo por liberar la economía de la influencia del gobierno.
El Consejo logró un éxito limitado hace cuatro meses, cuando forzó al gobierno a permitir improtaciones no gubernamentales de grava.
Periodistas de economía israelíes afirman que Rashid pactó con el empresario israelí Yossi Ginosar, ex integrante del Mossad que no obstante, según informaciones, tiene fuertes contactos con el mundo árabe.
Según la prensa israelí, los acuerdos establecen a las empresas israelíes como abastecedores del gobierno de Israel como único comprador, en varios pactos paralelos a los de petróleo y cemento de la Commercial Services.
La mayoría de estos negocios están velados por el rumor. Casi nadie está dispuesto a hacer declaraciones, y menos a desafiar públicamente la política del gobierno y su supuesta falta de transparencia en los negocios.
Una fuente del ministerio de Finanzas insiste en que las ganancias de estos negocios ingresan al presupuesto nacional, mientras un miembro del Consejo Legislativo afirma que las cuentas se mantienen en secreto para que el parlamento no pueda vigilarlas.
"No tenemos idea hacia dónde se dirige el dinero", dijo Hikmat Zeid, miembro del Consejo de Cisjordania, quien como presidente del comité económico del cuerpo elaboró un informe sobre empresas propiedad del gobierno. "No es correcto decir que son parte del presupuesto regular", afirmó.
Esto significa que las ganancias también quedan fuera de la vista de los donantes mundiales, quienes aportaron 2.100 millones de dólares a la ANP en 1993 y han financiado programas de ayuda y los costos del gobierno palestino desde entonces.
El ministro de Economía y Comercio, Maher Al-Masri, y dos economistas palestinos estiman que las ganancias volcadas a las cuentas "en negro" alcanzan hasta 1,5 millones de dólares diarios, y en general provienen de la importación y distribución de cemento y petróleo. (FIN/IPS/tra-en/dho/rj/lp/if/97
