La acción para controlar las drogas en territorio mexicano quedó desde fines de 1996 en manos del ejército, siguiendo pautas prevalecientes a escala continental.
Presiones y orientaciones del gobierno de Estados Unidos, expresadas en diversos encuentros internacionales, jugaron un papel básico en la adopción del nuevo enfoque.
Los generales retirados José Gutiérrez, Guillermo Alvarez y Tito Valencia, diplomados de Estado Mayor con reconocida trayectoria en las Fuerzas Armadas, fueron llamados nuevamente a la actividad para asumir cargos claves en la lucha contra el crimen organizado.
Son la columna vertebral de la acción que despliega la Procuraduría General de la República, equivalente en México a los ministerios de justicia de otros países.
Gutiérrez dirige el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, Alvarez la Policía Judicial Federal y Valencia el Centro de Planeación para el Control de Drogas, tres organismos que antes estaban bajo conducción civil o policial.
Los mandos medios y operativos en que se apoyan para su tarea son también de extracción militar.
La nueva cúpula castrense de combate al crimen organizado debe seguir la depuración interna de la policía y reestructurar las delegaciones estatales, corroídas por la corrupción.
Los últimos años informes oficiales de grandes confiscaciones de drogas y arrestos contrastaron con el hecho de que el fenómeno siguió creciendo, hasta alcanzar en México un flujo monetario de unos 30.000 millones de dólares anuales.
Se estima que la sexta parte de ese monto queda en el país, mientras el resto se suma a los cerca de 500.000 millones de narcodólares lavados a través de la red financiera mundial.
El consumo interno mexicano de estupefacientes crece pero es escaso respecto del de Estados Unidos, por lo que el negocio consiste fundamentalmente en el tráfico hacia ese país, que concentra dos tercios de la demanda mundial.
Se calcula que 70 por ciento de la droga utilizada por 12 millones de estadounidenses pasa a través de la frontera de 3.200 kilómetros entre ambos países.
La mayor parte, sobre todo de cocaína, proviene de países latinoamericanos (Bolivia, Perú y Colombia), pero hay producción local mexicana, en especial de mariguana.
En los primeros once meses de 1996 la acción antidrogas del gobierno de México evitó que llegaran al mercado 156 millones de dosis de mariguana y 320 millones de dosis de cocaína, determinando el arresto de 1.302 mexicanos y 23 extranjeros.
Además, en ese lapso se destruyeron pistas aéreas clandestinas y se confiscaron 339 vehículos terrestres, 27 embarcaciones y ocho aeronaves, incautándose 145 armas largas, 126 cortas, 16.394 cartuchos, 137 cargadores y 5.711 explosivos.
El nombramiento en diciembre de un nuevo procurador, Jorge Madrazo, que presidió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, despertó expectativas generalizadas acerca de una moralización del sistema policial y judicial.
Bajo sus directivas se proyecta el fortalecimiento de la cooperación entre la procuraduróa y las regiones militares para hacer más eficientes los recursos humanos y materiales bajo una sola estrategia contra la producción y distribución de drogas.
Según informes oficiales anualmente participan unos 15.000 efectivos en la erradicación de estupefacientes, 8.000 más en operaciones regionales y otros 2.000 en las fuerzas de tareas para acciones especiales.
En adelante, además de continuar con esas labores, los militares asumirán funciones policiacas, de investigación e inteligencia, para contrarrestar la presencia de organizaciones de narcotraficantes.
Una nueva generación de casi 500 agentes selectos con nivel de licenciatura, entrenados en México y en centros de Estados Unidos, España y Colombia, son evaluados para conformar este mes "células especializadas", como se ha dado en llamar a los grupos de élite.
En noviembre el Congreso mexicano aprobó una nueva ley contra el crimen organizado que eleva penas y amplía facultades represivas.
Para Juan Manuel Venegas y Jesús Aranda, autores de un trabajo al respecto publicado en el diario La Jornada, la participación de militares en el combate al crimen organizado generó preocupación en las Fuerzas Armadas por el riesgo de corrupción.
Según Bernardo Espino, que coordinó una experiencia militar de lucha antidrogas en Chihuahua, estado sensible del narcotráfico, la campaña fue positiva.
"Rompimos tabúes y llegamos al primer lugar en decomiso de heroína y al sexto en cocaína, evitando fugas de información", dijo.
Sin embargo otras fuentes, como el politólogo Ricardo Melgar, de la Universidad Nacional Autónoma de México, estiman que "el enfoque militar, policial o represivo de la lucha antidrogas no dio resultados efectivos hasta ahora en ninguna parte".
"Aumenta el control de los factores de poder pero no elimina la droga ni el crimen ligado a su prohibición, dado los enormes recursos económicos y políticos de los traficantes", aseguró Melgar en diálogo con IPS. (FIN/IPS/emv/dg/ip/96
