El proyecto de la Unión Europea (UE) de crear una zona de libre comercio con los países al sur del mar Mediterráneo -llamado "proceso Barcelona" en ciertos círculos- podría no ser económicamente bueno para la región del Magreb, pero estimularía inesperadas reformas políticas.
Lo más sustancial del acuerdo de comercio y cooperación consagrado en Barcelona en noviembre de 1995 fue la promesa de negociar la creación del Area Económica Euro-Mediterránea (EMEA), lo que se traduce en una zona de libre comercio de mercancías y servicios, la cual se completaría hacia el año 2010.
Los países de la UE también se comprometieron a otorgar a finales de este siglo 6.000 millones de dólares en cooperación para proyectos de educación e infraestructuras en los países asociados.
La zona de libre comercio daría a la UE pleno acceso a los mercados del norte de Africa, pero algunos expertos entienden que un financiamiento insuficiente del programa de ayuda económica podría desvirtuar las bases de proyecto.
"Por no estar debidamente financiada, la formulación económica del proceso puede dañar fuertemente a los sectores industriales no competitivos del norte de Africa, que quedarían desprotegidos", dijo George Joffe, del Instituto Real de Asuntos Internacionales, sito en Londres.
"Además puede crear una forma de dependencia para los otros sectores, que se convertirían en abastecedores de productores europeos", advirtió el experto.
"El resultado efectivo serían enclaves económicos dentro de las economías meridionales del Mediterráneo, que producirían para fabricantes europeos, por lo cual los propios enclaves serían satélites de la economía europea", concluyó Joffe.
"El resto de las economías meridionales quedaría excluido de los beneficios de la EMEA. Además nada asegura que los beneficios obtenidos por los empresarios se traladarían a los trabajadores en términos de mejores salarios y condiciones sociales", añadió.
El argumento demográfico fue uno de los que inspiró el proyecto de la EMEA. Los 12 países meridionales que se asociarán con la UE aumentarán 50 por ciento su población hacia el 2010, llegando a 300 millones de personas. La emigración hacia Europa, en gran parte ilegal, preocupa primordialmente a los europeos.
Existen en la actualidad 2,4 millones de emigrantes de origen norafricano entre los 10 millones de trabajadores extranjeros que están en la UE.
Ese argumento se extiende al de la seguridad, pues junto con la emigración crece el número de militantes políticos islamistas. Algunos gobiernos europeos creen que los emigrantes son campo fértil para el extremismo político.
Algunos círculos temen que el proceso de Barcelona intente reconciliar a países de una diversidad cultural demasiado pronunciada. El fundamentalismo islámico, aunque proselitista, también se muestra defensivo en materia cultural.
Lo más probable, sin embargo, es que la propuesta de la UE logre inundar al Magreb de productos europeos, publicidad y valores culturales occidentales.
Según el Banco Mundial, los países del Magreb necesitarán un crecimiento económico que registre tasas anuales entre cinco y siete por ciento del producto interior bruto para atender las necesidades que les impone su habitual aumento de población, al ritmo de 2,5 por ciento cada año.
Esas tasas de crecimiento económico parecen muy altas, incluso en el contexto de las economías relativamente inmaduras del Mediterráneo meridional.
De acuerdo con estadísticas de la UE, la tasa anual promedio de crecimiento económico en el Mediterráneo meridional entre 1970 y 1990 -incluyendo a Israel, la economía más desarrollada de la región- ha oscilado entre 1,5 y dos por ciento.
El caso de Egipto, con tasas anuales de cinco por ciento de crecimiento y posibilidades de llegar al siete por ciento, es visto como una excepción entre las economías norafricanas.
Las crisis petroleras de los años 70 dejaron a Marruecos con una deuda externa de 22.000 millones de dólares, a Argelia con 25.000 millones y a Túnez con una deuda cercana a los 8.000 millones de dólares.
Los estados del norte de Africa se vieron imposibilitados de atender el servicio de su deuda externa en la década de los 80, lo cual les forzó a refinanciar los vencimientos y acordar con el Fondo Monetario Internaciona (FMI). En 1983 fue Marruecos, Túnez en 1987 y por último Argelia, en 1992.
El diagnóstico del FMI hizo que se librara al mercado la fijación de los precios, lo cual debería reestablecer un "adecuado equilibrio" en la asignación de recursos, relevando a los Estados de intervenir en la economía.
El proceso de Barcelona está parcialmente destinado a suavizar los efectos de esa reestructuración económica, pero la falta de financiación puede inducir al escepticismo.
Joffe sostuvo, desde otro punto de vista, que el proceso de Barcelona podría ser el prólogo de algunos cambios políticos sorprendentes.
"Junto a los aspectos económicos existe un detallado programa político que exige buen gobierno por parte de los países que participan del acuerdo", explicó.
"El programa político presionará para crear condiciones atractivas para la inversión extranjera. Una parte de esas condiciones es la garantía de gobiernos estables, lo cual podría implicar una mayor represión", advirtió Joffe.
"Pero, por otro lado, también será preciso asegurar la existencia de un sistema jurídico aceptable y uniforme, tanto en el gobierno como en la vida económica, y eso tiende a crear una corriente contraria a la represión".
"Pone en juego sistemas de gobierno que deben ser aceptables para la población y ya no más arbitrarios, por lo que de hecho dejarán de basarse en el favoritismo", concluyó. (FIN/IPS/tra-en/db/rj/arl/if-ip/97
