Cancilleres y ministros de Comercio de la Comunidad Andina se reunirán el lunes en esta capital, en procura de una solución definitiva para las diferencias arancelarias de Perú que permita pasar a una nueva etapa institucional en el bloque.
La reunión de la segunda cita del llamado Consejo Ampliado andino estará precedida, este domingo, por una en solitario de los ministros de Comercio, en la que también se analizará el impacto en el desgravado comercio del bloque de un polémico impuesto establecido por Colombia el día 13.
La Cancilleria de Venezuela informó que durante los dos días de deliberaciones "pueden producirse decisiones importantes" que definan positivamente la crisis con Perú, marginado de los compromisos comerciales desde 1992.
A la reunión del lunes faltarán los cancilleres de Perú, Francisco Tudela (cautivo en residencia del embajador de Japón en Lima desde el 17 de diciembre), y de Colombia, María Emma Mejía, de viaje oficial en Europa.
Los ministros de Comercio de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela lograron una "gran aproximación" favorable a que Perú se sume plenamente a la zona de libre comercio subregional y a su unidad aduanera, durante una cita previa celebrada el día 17, en Lima.
Perú fue marginado en 1993 de los acuerdos comerciales porque rechazar el arancel externo común (AEC) aprobado por el grupo para las importaciones de terceros países y que se basa en cuatro bandas (cinco, 10, 15 y 20 por ciento). Lima mantuvo su tasa lineal de 15 por ciento.
Ahora, el gobierno de Perú presentó un plan para escalonar su arancel en tres niveles (cinco, 10 y 15 por ciento), mecanismo aceptado por los restantes países porque los cálculos técnicos indican que la diferencia no afectaría su zona de libre comercio, completada en 1993.
Pero los demás socios no están dispuestos a unificar el AEC en las tres bandas peruanas, tal como pretende el gobierno de Alberto Fujimori, y plantean una convergencia entre los dos esquemas en un plazo de entre cinco y 10 años.
La reunión informal de la llamada Comisión Ministerial de la Comunidad Andina, compuesta por los ministros de Comercio, procura alcanzar el mayor consenso posible antes de la cita con los cancilleres, explicaron funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio de Venezuela.
De la definición del caso peruano depende que entre en vigor la modificación institucional del bloque, decidida en marzo de 1996 por sus presidentes y que Colombia y Venezuela mantienen congelada como presión sobre Fujimori.
Bogotá y Caracas no han depositado las ratificaciones parlamentarias del protocolo modificatorio en la Junta del Acuerdo de Cartagena (Junac), el órgano técnico del bloque, con sede en Lima.
Ese es el requisito para que los cambios se hagan operativos, por lo que la nueva institucionalidad andina, que entre otras cosas crea el Consejo de Cancilleres como una nueva instancia por encima de la tradicional comisión de los ministros de Comercio, no entro en vigor en enero, como estaba previsto.
La Junac tampoco ha podido dar paso a una Secretaría General, ni fue escogido el nuevo secretario, ni se establecieron los cambios en otros órganos institucionales, que pasarán a conformar un Sistema Andino de Integración.
Colombia y Venezuela, los países que han sido los motores tradicionales del grupo, consideran que la cuestión peruana está afectando interna y externamente la marcha del bloque y que su definición, así fuera una improbable salida de Lima, debe producirse ya.
Los ministros de Comercio también recibirán las explicaciones del de Colombia, Morris Harf, sobre el impuesto al financiamiento de créditos en divisas, aplicado dentro del plan de emergencia establecido por el presidente Ernesto Samper.
Venezuela, que vendió en torno a 1.300 millones de dólares a Colombia en 1996, insiste que ese impuesto es discriminatorio porque sólo afecta las importaciones y se contradice con las normas del desgravado comercio andino, que eliminan también barreras paraancelarias.
Los exportadores venezolanos han demandado al gobierno la inmediata introducción de un recurso ante la Junac para que obligue a eliminar esa tasa de seis por ciento, mientras Colombia aduce que es una medida financiera que grava un tipo optativo de financiación y no las importaciones.
El cuarto punto importante que tiene en sus manos la Comunidad Andina es el referido a la negociacion con el Mercado Común del Sur (Mercosur), compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que se reanudará en febrero, tras el paréntesis de vacaciones en el sur del continente.
Uno de los tres miembros de la Junac, el venezolano Rodrigo Arcaya, aseguró a IPS que quedó ya plenamente establecido que los países andinos negociarán concertadamente la creación de una zona de libre comercio con el Mercosur.
También se modificó la idea de negociar antes un acuerdo marco sobre las normas de la liberalización y en una segunda fase la desgravación arancelaria, y ahora se avanzará en forma paralela, en un proceso que se pretende concluir en septiembre.
Los países andinos negociarán en conjunto los aspectos normativos y la decisiva lista de productos exceptuados de la paulatina desgravación entre los dos bloques. Pero discutirán uno por uno los esquemas de desgravacion en sí, según lo planteado por ahora.
Bolivia ya alcanzó un acuerdo de liberalización asimétrica con el Mercosur, que entrará en vigor este semestre, y para el cual recibió la anuencia de los restantes socios de la Comunidad Andina.
El canciller de Venezuela, Miguel Angel Burelli, dijo que la base para avanzar en todos los demás puntos es, de todos modos, superar la indefinición respecto de Perú, cuya ubicación durante cuatro años con un pie fuera y otro dentro del bloque debilitó la imagen interna y externa del grupo.
Burelli afirmó, incluso, que la Comunidad Andina (nuevo nombre del Pacto Andino, según el protócolo aún sin vigor) no logró un acuerdo con la Unión Europea como el alcanzado por el Mercosur hace un año debido a la perturbación que supone la situación de Perú en la zona de libre comercio y la unión aduanera.
Arcaya precisó que, si hay una solución, en marzo podrá estar designado el nuevo secretario general, que se pretende sea una figura con alto peso político, según funcionarios de las cancillerías andinas. Hasta ahora no se han oficializado candidaturas.
El bloque andino, que tiene una corporación de fomento que canaliza préstamos por 2.300 millones de dólares anuales, un tribunal para dirimir sus diferencias y organismos de salud y educación operativos desde hace décadas, esta conformado por 98 millones de habitantes.
Su intercambio se congeló en 1996 en torno a los 4.600 millones de dólares, a causa de la recesión venezolana, pero tiene la característica positiva de que en él no hay incidencia de productos energéticos y que se basa en el sector más industrial y menos tradicional de las exportaciones respectivas. (FIN/IPS/eg/mj/if ip/97
