El gobierno de Colombia admitió hoy el "duro" dictamen de Estados Unidos en materia de derechos humanos, aunque también atribuyó gran parte de la crisis a los grupos armados irregulares.
El presidente Ernesto Samper que, según el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos en el mundo "no tiene autoridad moral para gobernar", se comprometió a enfrentar los problemas humanitarios sin eludir su responsabilidad.
Para la ministra de Relaciones Exteriores, Mara Ema Mejía, el diagnóstico del Departamento de Estado sobre Colombia "es serio y duro, pero muestra una difícil situación en materia de derechos humanos que no podemos desconocer".
El Departamento de Estado señaló que el problema se debe en gran medida a la impunidad de los culpables de los sangrientos hechos que dieron base a su informe.
Los asesinatos suman en promedio 30.000 al año y la mayoría son cometidos por grupos paramilitares de derecha. Los guerrilleros son responsables de cerca de 30 por ciento del total y las fuerzas de seguridad de ocho por ciento.
Entre 97 y 99,5 por ciento de los crímenes no son resueltos y 80 por ciento de los casos no son denunciados, según informes oficiales.
"La alta prioridad otorgada inicialmente" en Colombia "a la protección de los derechos humanos sufrió un revés como resultado de la crisis debida a la contribución de los narcotraficantes" a la campaña electoral de Samper, en opinión del Departamento de Estado.
Pero Samper insistió en que su gobierno se propone mejorar la situación y señaló como una muestra la apertura en Bogotá de una oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que comenzará a funcionar en marzo.
El presidente puntualizó que el propósito de su gobierno consiste en "cambiar la realidad en que vivimos", y no solamente mejorar la imagen de Colombia como uno de los países más violentos del mundo.
Las organizaciones Human Rigths Watch/Americas y Amnistía Internacional pidieron en noviembre al gobierno y al Congreso de Estados Unidos la supensión de su ayuda militar a Colombia, por considerar que el ejército opera con grupos paramilitares.
El pedido se produjo en momentos en que el gobierno de Bill Clinton proyectaba una asistencia militar por 200 millones de dólares a este país, destinada oficialmente a la lucha contra el narcotrfico.
Pero las Fuerzas Armadas creen que la guerrilla opera de acuerdo con narcotraficantes y, dada esa convicción, podrían volcar los recursos a fines ajenos a su propósito, según temen las organizaciones internacionales de derechos humanos.
El comandante de la policía, Rosso Serrano, afirmó este viernes que la "narcoguerrila" constituye una realidad inocultable, al informar el descubrimiento de un laboratorio de procesamiento de cocaína en la sudoriental selva de Guaviare que pertenecería a los insurgentes.
La canciller Mejía manifestó rechazó la afirmación del Departamento de Estado de que Samper no tiene "autoridad moral para gobernar".
Según dijo, el presidente maneja desde su instalación en el poder en 1994 una estrategia "seria", que debe ser aplicada rigurosamente por las fuerzas de seguridad y los funcionarios de justicia.
"Es duro oir que el record de Colombia es muy negativo" y el informe estadounidense "tendrá consecuencias serias para el pais", advirtió Mejía.
A juicio de algunos analistas, el informe influirá negativamente en el proceso de certificación (aval de Estados Unidos a la cooperación en la lucha antidrogas) que sigue el Congreso estadounidense a Colombia y sobre el cual habrá una decisión en marzo.
Pero una fuente estadounidense aclaró que la certificación, que se teme sea negativa para Colombia, sólo toma en cuenta el desempeño del país analizado en la lucha contra las drogas.
Colombia perdió puntos frente a Estados Unidos en este campo debido a la leve condena que un juez aplicó el día 17 a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del nercotraficante Cartel de Cali.
En cualquier caso, la situación de los derechos humanos es prioritaria para la Unión Europea (UE), y Colombia podría perder el respaldo de ese bloque.
Mientras Estados Unidos pone énfasis en el castigo a los narcotraficantes en el país de origen, la UE considera que la lucha contra ese delito debe ser por igual entre las naciones productoras y consumidoras. Y Estados Unidos registra el mayor consumo de drogas del mundo.
El embajador de Italia, Francesco Capece, advirtió el jueves que la UE podría imponer sanciones comerciales a Colombia a causa de la impunidad de los asesinos del ciudadano italiano Giacomo Turra.
Turra fue encontrado muerto el año pasado en la norteña ciudad de Cartagena, y extraoficialmente se responsabiliza del hecho a la policía.
El general Rafael Hernández, comandante de la segunda división del ejército, declaró que no comparte el informe del Departamento de Estado, aunque lo considera "respetable".
"Hemos sido respetuosos de las libertades individuales y de ello pueden dar testimonio personalidades como el general Barry McCaffrey", un militar estadounidense que visitó varios puntos del país y comprobó personalmente cómo actuan las fuerzas de seguridad, no sólo contra la guerrilla y el narcotrfico, sino en su trato con la población, dijo Hernández. (FIN/IPS/yf/ff/hd- ip/97
