La restricción de la ayuda humanitaria y los auxilios que reciben los refugiados tuareg en Burkina Faso será aplicada a inducir su retorno a Malí, pese a que ellos siguen afirmando que las condiciones imperantes en su país no ofrecen garantías suficientes.
Las tensiones étnicas, renacidas en el norte de Malí a mediados de esta década, dieron origen a nuevos choques armados entre los rebeldes tuareg y el ejército nacional.
Los grupos defensores de los derechos humanos afirman que los tuareg sufrieron dura represión por parte del ejército, incluso después de la firma, en 1991, de un acuerdo de paz entre los movimientos rebeldes de su etnia y el gobierno.
El acuerdo de paz estableció una tregua en la lucha armada y concedió un estatuto de "autonomía interna" a la región de Adrar, en el norte de Malí, donde viven los tuareg.
La nueva escalada de la violencia en el norte, en 1994, hizo que unas 160.000 personas -muchas de las cuales habían regresado de un exilio anterior tras el acuerdo de paz de 1991- volvieran a refugiarse en los países vecinos.
"A nadie se le obliga a regresar a su país, pero vamos a reducir la asistencia que prestamos a Burkina Faso y a aumentar la que se destina a Malí", advirtió recientemente David Kapia, delegado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en este país.
Kapia informó que la ayuda del ACNUR a Burkina Faso teminará el 31 de diciembre de este año, mientras que la asistencia que se presta a Malí se prolongará un año más. El representante añadió que "ya se ha entregado a los tuareg el total de los recursos – tres millones de dólares- destinados a su repatriación".
La cantidad exacta de los tuareg refugiados en Burkina Faso, cifrada en 21.000 por el ACNUR tras el último censo, es discutida de una parte por los propios tuareg, que la juzgan muy baja, y de la otra por los donantes de la ayuda y el gobierno malí, que la encuentran exagerada.
Muchos tuareg se han negado a usufructuar de la repatriación voluntaria que les proporcionó un acuerdo firmado en 1994 por los gobiernos de Burkina Faso y de Malí, y los movimientos tuareg, bajo el auspicio del ACNUR.
Las autoridades malíes consideran que las condiciones que han imperado en su país desde la firma del acuerdo son las apropiadas para el retorno de los refugiados.
"La comunidad internacional es testigo de lo que ocurre en Malí. El ACNUR y las organizaciones no gubernamentales han visto que ya no existen las razones por las cuales ellos (los tuareg) dejaron el país", dijo Mamadou Samake, consejero de la embajada de Malí en Burkina Faso.
Hasta el presente, sin embargo, sólo 2.500 tuareg han regresado a su patria, en dos operaciones dirigidas por el ACNUR desde 1995.
Mohamed Issouf, presidente de la Asociación de Refugiados Tuareg en Burkina Faso, sostuvo por el contrario que la situación en Malí aún no es propicia para el regreso de los tuareg.
Importantes cantidades de refugiados comenzaron a volver a Malí en la primera mitad de 1995, pero algunos de los dirigentes que los representan se mostraron poco satisfechos con las medidas tomadas dentro del país para su reincorporación.
"Las secuelas de la situación que nos forzó a salir siguen sintiéndose en Malí, donde permanece el rechazo", afirmó Issouf, quien además es un jefe tradicional del pueblo tuareg.
"Hemos sido humillados y desposeídos de nuestras pertenencias", continuó Issouf.
Samake, por su lado, replicó que "no es bueno reabrir una vieja herida ya cicatrizada. No podemos indemnizar a nadie, porque se trató de una rebelión".
Las autoridades de Burkina Faso aseguran que no expulsarán a los tuareg. "No deseamos tener refugiados, pero si el problema se presenta les aceptamos como a nuestra gente", declaró Rigobert Semde, director de cooperación fronteriza.
