Nigeria, país signado por la "represión autoritaria", es el país donde menos se respetan los derechos humanos en Africa, según el último informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos en la materia.
El informe califica de "sombrío" el panorama de los derechos humanos en ese país desde que el consejo militar que preside el general Sani Abacha "se hizo del poder en un golpe de palacio en noviembre de 1993".
Los términos empleados en referencia a la situación en Nigeria contrastan con la sobria redacción del resto del informe, que sirve de guía al Congreso de Estados Unidos en la concesión de asistencia y ventajas comerciales.
En 1996, el gobierno de Abacha "se valió regularmente de arrestos arbitrarios y hostigamientos a gran escala para silenciar a sus muchos críticos", entre ellos Moshood Abiola, quien presumiblemente triunfó en las anuladas elecciones presidenciales de 1993.
El Departamento de Estado afirmó que tanto jueces como fuerzas de seguridad cometen abusos, en un clima de "violaciones a las libertades de opinión, prensa, reunión, asociación y movimientos y a los derechos de los trabajadores", y de "discriminación y violencia contra las mujeres".
La vecina Ghana, por su parte, "continúa en transición de un gobierno autoritario y de partido único a una democracia". El gobierno de ese país apeló a leyes "oscuras" para controlar los medios de información, si bien permitió la apertura de nuevas emisoras de radio independiente.
Estos medios se suman a una "prensa pequeña pero independiente" y a una oposición "vigorosa y extravertida".
Etiopía continúa su proceso hacia un sistema federal de gobierno, donde un "débil" poder judicial "muestra crecientes señales de independencia" y las autoridades están dedicadas a "la creación de un ejército nacional apolítico" y a la lucha contra la corrupción.
Eritrea, que en 1993 se separó de Etiopía tras una guerra de 30 años, pasó de una economía centralmente planificada a una de libre mercado. La ciudadanía debate desde septiembre un proyecto de constitución que reconoce "libertades democráticas" como los derechos de asamblea, opinión y asociación.
De todos modos, el gobierno impuso restricciones económicas, de empleo y movimientos a los Testigos de Jehová por su negativa a votar y a prestar servicios públicos, señaló el Departamento de Estado.
El informe recuerda que Sierra Leona tuvo en marzo de 1996 tuvo sus primeras elecciones "libres y justas", pero acuas al gobierno de "ejecuciones extrajudiciales, golpizas, arrestos arbitrarios y persecuciones".
Aún no se perciben mejoras en la situación tras el acuerdo de paz firmado en noviembre entre el gobierno y el Frente Unido Revolucionario.
En Liberia, "la violencia política ha sido endémica" desde el estallido de la guerra civil en 1989, y los civiles continúan siendo las principales víctimas de las matanzas y la devastación económica.
"Aunque profesaron públicamente su adhesión a las leyes, los líderes de las principales facciones en pugna admitieron y, en algunos casos, parecieron alentar los asesinatos tanto de civiles como de combatientes", denuncia el informe.
Los combates en Costa de Marfil, que obligaron al gobierno a designar "zonas de operaciones militares" en distritos fronterizos, aumentaron la actividad del ejército en un país donde los soldados "aceptan tradicionalmente la primacía de la autoridad civil".
Una decena de oficiales están en prisión, acusados de planear un golpe de estado. (sigue
