El futuro del enclave canalero que recibirá Panamá de Estados Unidos el último día de este siglo permanece aún en la nebulosa pese a los 19 años de vigencia de los tratados suscritos entre ambos estados.
El aspecto más controvertido está centrado en una petición formulada en septiembre de 1995 por el presidente estadounidense Bill Clinton para negociar la permanencia de tropas de su país en el canal cuando prescriban los tratados dentro de 36 meses.
Según los convenios firmados en 1977 por el después fallecido general Omar Torrijos y el ex presidente James Carter, Estados Unidos debe cesar su presencia en el canal y traspasar las obras civiles y sus actuales bases militares a la jurisdicción de Panama el 31 de diciembre de 1999.
La negativa de varias entidades oficiales de Estados Unidos a pagar una renta por el uso de las bases militares propuestas por Clinton hicieron fracasar momentaneamente las "conversaciones exploratorias" previstas.
El presidente panameño Ernesto Pérez Balladares afirmó el 17 de noviembre que las "conversaciones exploratorias" quedaban fuera de la agenda de debate mientras Estados Unidos mantenga su posición de no pagar una renta por las bases solicitadas.
La decisión de Pérez Balladares se produjo luego de protestas estudiantiles y críticas de sectores de oposición contra las proyectadas "conversaciones exploratorias" bajo las condiciones impuestas por Washington.
No obstante ello, sectores conservadores del Congreso, el Departamento de Estado y el Pentágono de Estados Unidos, representandos por el embajador William Hughes y el jefe del "Comando Sur" del ejército estadounidense general Wesley Clark, insisten en que las negociaciones se lleven a cabo.
Pérez Balladares y el canciller Ricardo Arias respondieron que el asunto de las bases es "caso cerrado", pero dejaron una puerta abierta para negociar otras alternativas -como el Centro Multinacional de Lucha contra las Drogas-, que, según sectores de oposición, "es el mismo perro, pero con diferente collar".
El Centro Multinacional, que funcionaria en la actual base aérea estadounidense de Howard -en las riberas del canal-, sería regido por civiles pero bajo la dirección técnica y la vigilancia y protección de militares de los Estados Unidos.
Pese a que Washington aún no definió una posición al respecto, fuentes del gobierno de ese país sugirieron recientementente que una instalación de esa envergadura necesitaria de la protección de por lo menos 4.000 soldados estadounidenses.
El general Ruben Darío Paredes, ex comandante de la antigua Guardia Nacional de Panamá, afirmó que el Centro Multinacional "es una cortina de humo del presidente (Pérez Balladares) para encubrir la verdadera intención de entregar esas instalaciones a Estados Unidos".
El sociologo Raúl Leis, directivo del no gubernamental Centro de Estudios y Acción Social de Panamá (Ceaspa), indicó a IPS que cualquier proyecto que signifique mantener soldados extranjeros en el área del canal "compromete la soberanía e independencia del país".
Además de que el uso de esas tierras para un enclave militar, no hay razón alguna que justifique "comprometer el territorio nacional con la instalación de bases extranjeras que puedan generar una reacción hostíl" de terceros países, destacó.
Un segundo aspecto -según Leis-, tiene que ver con "la vocación de neutralidad" de Panamá y con el hecho de que el uso civil de las tierras e instalaciones que cederá Estados Unidos en 1999 va a reportar mayores beneficios que los que aportarían las bases militares o el Centro Muntinacional Antidrogas.
De acuerdo con una proyección del actual administrador de la Autoridad de la Región Interoceánica Nicolás Ardito Barletta, el uso civil de las bases militares podría generar ingresos por más de 1.500 millones de dólares anuales y proveer empleo a 150.000 panameños.
Las actuales bases generan recursos por unos 300 millones de dólares para la economía local y aportan unos 5.000 puestos de trabajo.
Otro aspecto todavía no definido por el gobierno tiene que ver con la ley orgánica que regirá la administración del canal cuando pase a la jurisdicción de Panamá.
Un compromiso acordado en mayo pasado entre el gobierno y sectores de la sociedad civil estableció la necesidad de alejar la administración del canal de las luchas partidistas, garantizar que la vñia oceánica produzca beneficios para todos los panameños y sirva a los intereses del comercio mundial.
Los bienes que recibirá Panamá de Estados Unidos han sido justipreciados por expertos locales en más de 30.000 millones de dólares.
La antigua zona del canal incluye 1.442 kilómetros cuadrados de territorio, tres puertos de aguas profundas, tres aeropuertos internacionales, alrededor de 5.000 edificios y viviendas, un hospital, dos hidroeléctricas, una planta potabilizadora, el canal y otras valiosas estructuras.
Sin embargo, el anteproyecto de ley que sustituirá las leyes estadounidenses que rigen actualmente la administración del canal todavía no han comenzado a ser debatidas por el parlamento local.
Además de aportar alrededor de 25 por ciento del Producto Interno Bruto del país, el canal de Panamá sirve como ruta de tránsito para alrededor de cinco por ciento del comercio mundial de mercancías transportado por vía maritima. (FIN/IPS/sh/dg/ip-if-dv/96)
