Por todos lados se habla de la narcorrevolución de la tierra en Colombia. Mientras el gobierno anuncia el decomiso y socialización de cinco millones de hectáreas en poder de los traficantes de drogas otros afirman que éstos constituyen una nueva clase social.
En lo que todos están de acuerdo es que en las últimas dos décadas el país cambió de manos.
El presidente Ernesto Samper afirma que "25 por ciento de las tierras cultivables, más de cinco millones de hectárea, una porción inmensa de los bienes de la nación" está en poder de los narcotraficantes.
La Sociedad de Agricultores de Colombia dice, a su vez, que las haciendas de los narcotraficantes suman unos cuatro millones de hectáreas.
Gustavo Alvarez Gardeazábal, novelista y ex alcalde de Tuluá, ciudad del occidental departamento del Valle cuya prosperidad se atribuye a la inversión "mafiosa", sostiene que la revolución de los narcotraficantes es menos ampulosa que la cubana pero sus resultados "tal vez más contundentes".
El investigador Alejandro Reyes estima que en 409 de los 1.051 municipios los narcotraficantes han hecho inversiones significativas.
En nueve de los 32 departamentos el poder económico de la mafia influye entre 25 y 50 por ciento de los municipios, en seis entre 50 y 75 por ciento y en tres supera aún más.
Reyes, investigador del Instituto de Estudios políticos y de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, consignó sus datos en un estudio para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El ex ministro de Defensa Rafael Pardo sustenta por su lado la tesis de que "los empresarios del narcotráfico pueden convertirse en un grupo económico dominante en el país".
Y son estas tierras, las más fértiles y las más tecnificadas con el "blanqueo" de dinero del tráfico de cocaína las que decomisaría el Estado si se aplica la ley de extinción de dominio que aprobó el Congreso y firmó Samper este jueves.
Hay 25 causales para perder el derecho a la propiedad, según la nueva ley a la que los capos de la cocaína parecen temerle tanto como a la extradición, otro de los proyectos del paquete gubernamental que se quedó entre el tintero de los legisladores.
Los delitos que dan origen a procesos judiciales de extinción de dominio van desde la evasión de impuestos hasta el terrorismo, con lo que no sólo los jefes narcotraficantes quedan bajo sospecha sino también los empresarios llamados "de bien", guerrilleros y paramilitares.
"Está listo el decreto que permite concertar bienes decomisados en una entidad fiduciaria para su administración y manejo", anunció Samper.
Según los planes del presidente, la aplicación de esa medida derivaría en "una gran reforma agraria y una gran reforma urbana con lo que produzcan estos bienes", porque "no serán estatizados sino socializados, es decir repartidos socialmente".
Pero los alcances virtuales que tendría la extinción de dominio contrastan con la aplicación de otras leyes y decretos en el mismo sentido aunque menos drásticas, siempre en el contexto de la lucha al narcotráfico.
A mediados de 1995, un informe del estatal Instituto de la Reforma Agraria (INCORA) indicaba que la mayoría de las 127.000 hectáreas incautadas a los narcotraficantes durante los seis últimos años fue devuelta a sus antiguos dueños o a sus herederos.
En ese período únicamente tres activos llegaron a la etapa "de resolución de asignación definitiva", lo que quiere decir que el proceso judicial concluyó, se confirmó el origen ilegal del bien y por tanto el Estado pudo disponer de él.
De esos tres procesos sólo dos correspondían a haciendas que el INCORA tituló a campesinos sin tierras.
Otro antecedente que hace pensar que la ley de extinción de dominio no se traduciría fácilmente en la reforma agraria (y probablemente tampoco en una reforma urbana), es un cuadro comparativo de las adjudicaciones de tierras a los campesinos pobres elaborado por tres investigadores sociales.
Coincidiendo con distintas épocas de repunte o reflujo de las movilizaciones sociales agrarias y expedición de diversas leyes y coyunturas políticas, entre 1971 y 1982 el INCORA adquirió a hacendados ricos 249.496 hectáreas que luego tituló a campesinos pobres.
Una simulación del programa oficial de reforma agraria a partir de 1994 pretende que en 16 años la redistribución beneficiará a 721.000 familias sin tierras y a 859.000 familias de colonos, lo que en conjunto representaría 7,5 millones de personas sobre una población actual de 36 millones. (FIN/IPS/mig/dg/ip-if/96
