Presos muertos a tiro, degollados, misteriosos "suicidios" en comisarías, cuerpos flotando en el río tras una detención y frecuente maltrato se han convertido en un dolor de cabeza para el gobierno socialista de Portugal.
El último episodio de los ya frecuentes de este tipo que afecta al gobierno de Antonio Guterres fue el desceso de un joven de 21 años, que hace tres días recibió un balazo en la espalda, disparado por un agente de la Policía de Seguridad Pública (PSP) de Evora a una distancia de tres metros, según la autopsia.
Esta sería una versión normal, excepto por el detalle de la distancia, de persecusión policial a un delicuente cuando intentaba huir tras haber cometido un asalto.
Sin embargo, el problema se originó cuando el joven fue llevado al hospital de Evora, a 140 kilómetros de Lisboa, porque en la comisaría "comezó a sentirse mal", según la versión de la PSP, desmentida por el médico de turno, al asegurar que el joven entró ya cadaver al recinto.
Ordenada la autopsia, se encontró un orificio de bala calibre 7,65, usado por la PSP, lo que determinó a la jueza distrital a emitir un mandato de captura, llevado a cabo por la Policía Judicial (PJ), hecho que originó la actitud corporativa de los agentes colegas del agente detenido, en abierto desafío a la ley.
El relato de los hechos, ampliamente divulgado por la prensa local estos últimos tres días, marca todos los detalles de las contradicciones de la versión policial, pero por sobretodo refleja la indignación del portugués medio, que confía cada vez menos en su policía.
Los "suicidios" y la "defensa propia" de un agente súbitamente asaltado por un detenido en una comisaría, así como presos que se esfuman, después aparecen muertos en lugares distantes, se han convertido en demasiado frecuentes en los últimos tiempos.
La escasa autoridad del ministro del Interior, Alberto Costa, frente a generales de la policía que le contradicen públicamente, el espíritu corporativo de oficiales y suboficiales que fabrican versiones que rayan en lo ridículo, son condimentos que incrementan la desconfianza generalizada.
En informes anuales de Amnistía Internacional y de la Comisión Europea de Derechos Humanos, Portugal aparece cada año en las listas negras, debido a la actitud de su policía.
El hecho más escalofriante de la larga lista, ocurrió en mayo de este año, cuando un joven de 22 años fue asesinado a tiros y posteriormente decapitado por un sargento de la Guardia Nacional Republicana (GNR), cuerpo de policía militarizada rural.
Sólo este viernes, el consejo de disciplina de los generales de la GNR determinó la expulsión del sargento asesino confeso, detenido y puesto a disposición de los tribunales, tras seis meses de presión periodística y gubernamental.
El elenco 1996 de inexplicables acciones policiales se abrió en febrero, cuando un hombre acusado de asalto a una casa de cambios fue conducido a una comisaría de Lisboa, donde la PSP asegura que se ahorcó.
En marzo, dos periodistas presenciaron en la ciudad norteña de Oporto una brutal paliza contra un ciudadano de la ex colonia lusoafricana de Guinea-Bissau, identificando a los agresores, dos policías. La versión del comando urbano de la PSP indicó "agresión practicada por desconocidos".
El mes siguiente, un agente de la PSP fue acusado por el Ministerio Público de homicidio calificado de un hombre de etnia gitana. El caso fue archivado porque "el policía reaccionó en legítima defensa".
En octubre, el cadaver de un joven de 21 años es encontrado flotando en la desembocadura del río Tajo, en Lisboa, que fue visto con vida la última vez al ser detenido por dos agentes de la PSP.
El mes pasado, otros dos casos llevarían a la PSP a las primeras páginas de la crónica. Un toxidependiente detenido en Lisboa es llevado al hospital, donde muere a causa de una feroz paliza, mientras un joven de 17 años es baleado por haber robado una radio de automóvil.
El influyente diario independiente Público de Lisboa aseguró este sábado que en todos estos casos la PSP y la GNR "no dieron explicaciones, lo que obligó al inspector general del Ministerio de Interior, José Rodrigues Maximiano, ordenar él las investigaciones".
Lo que soprende, "no es tanto la brutalidad policial. Eso ocurre en todo el mundo. Lo que sí sorprende, es que los policías nos crean imbéciles", porque "presentar un cadaver frío en el hospital de Evora, diciendo que se sentía mal del corazón, cuando había muerto de un balazo, supera todo", añadió el diario.
"La policía todavía no entendió que más vale decir la verdad que mentir", lo que significa que "los días de Alberto Costa y de Rodrigues Maximiano serán trabajosos: las mentiras policiales son muchas, gordas e insoportables", opinó el matutino.
Costa y Rodrigues Maximiano deben acabar con esto porque de otra manera "crearán precedentes y cualquier policía principiante se permitirá disparar sobre un pobre ladrón de automóviles drogado, tal vez cortándole la cabeza después", advirtió Público, que apeló a "parar esta obscenidad asesina". (FIN/IPS/mdq/ag/ip- hd/96
