Tres días después de la toma de la embajada de Japón en Perú, mientras prosigue el silencio del gobierno, el grupo secuestrador confirmó su intento de posicionarse como la parte más proclive a una solución negociada con la liberación, en la tarde del jueves, de otros cuatro rehenes varones.
El presidente Alberto Fujimori no ha dado directamente ninguna respuesta, y ha encargado a emisarios transmtir mensajes de firmeza y decisión de no ceder ante las demandas de los extremistas.
Sólo ha aparecido por medio de una misiva enviada al presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en la que asegura que hará lo posible por lograr una solución que salvaguarde la integridad de los rehenes, y de la reunión, en la noche de este jueves, con el canciller japonés, Yukihiko Ikeda.
La llegada del alto representante nipón pareció traer nuevamente calma a la situación, cuando corrían rumores insistentes sobre una posible intervención militar contra la sede diplomática.
Los rehenes liberados por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), entre ellos dos de origen japonés, salieron caminando de la sede diplomática y fueron introducidos en una ambulancia por activistas de la Cruz Roja Internacional, que los recibieron en la puerta de la casa central de la residencia.
A más de 36 horas de la toma de la embajada, son perceptibles las diferentes líneas tácticas de negociación que despliegan los insurgentes y el presidente Alberto Fujimori.
Fujimori trata de crear una imagen de firmeza y, hasta ahora, da un desdeñoso silencio como respuesta negociadora.
El MRTA, por su parte, luego de amenazar con fusilar al canciller Francisco Tudela a las 12 del día 18, si para entonces el gobierno no liberaba a los 458 emerretistas presos, dio marcha atrás y ahora exhibe interés por los derechos humanos de sus víctimas.
Obviamente, con esta nueva táctica, que mantiene desde entonces, EL MRTA trata de responsabilizar a su antagonista de cualquier resultado cruento de la situación.
La línea de la dureza de Fujimori y la táctica del MRTA, basada en la alusión de los derechos humanos, se ajustan a sus respectivos intereses políticos, pero ambas tienen desventajas para quienes las proponen.
Si bien Fujimori puede desestabilizar emocionalmente a los secuestradores y convertir el tiempo en un factor a su favor, arriesga aparecer culpable si se produce algún desenlace sangriento.
En el otro bando, la necesidad del MRTA de aparecer como el menos malvado en la contienda, lo muestra excesivamente ansioso por conseguir el diálogo y debilita su posición negociadora.
Sin embargo, su estrategia le permite usar en su favor la fuerza política y moral de sus víctimas, y movilizar en provecho de sus objetivos a las organizaciones no gubernamentales (ONG) interesadas en los derechos humanos.
Fracasada su conminación amenazante de las primeras horas, el MRTA apeló a los rehenes que tenía en su poder para que actuaran como voceros de sus demandas y los autorizó a emitir desde la embajada, vía fax, un comunicado exhortando al gobierno a buscar una solución pacífica y negociada.
Fujimori no respondió al comunicado, y tampoco aceptó el ingreso a la embajada de Jorge Santistevan, Defensor del Pueblo, y del sacerdote católico Hubert Lanssier, dos personalidades vinculadas la defensa de los derechos humanos.
Frustrado, el "comandante Huerta", jefe del comando guerrillero, adoptó otra iniciativa similar, pero de mayor rango, designó portadores de una misiva de negociación a cuatro diplomáticos cautivos: tres embajadores extranjeros y un funcionario de la cancillería peruana.
Fujimori no recibió a la comisión, y en su entrevista con el ministro de Educación, Domingo Palermo, el más opaco de los miembros del gabinete ministerial, fueron informados que el gobierno no está dispuesto a liberar a los emerretistas presos, la demanda central del MRTA.
Es probable que el desencanto sufrido por los embajadores de Canadá, Alemania y Grecia, y por el diplomático peruano Armando Lecaros ante la respuesta que les dio Palermo fue parcialmente compensado sin duda por la decisión del MRTA de liberarlos y autorizarlos a retornar a sus casas.
Fracasadas las gestiones autorizadas o inducidas directamente por el MRTA, el jueves surgieron otras iniciativas promovidas por organizaciones civiles que comparten su interés en evitar un rescate por la fuerza y tender hacia fórmulas negociadas del conflicto.
Alrededor de 60 ONG de Lima difundieron un comunicado conjunto demandando al gobierno de Fujimori y a los guerrilleros "una solución concertada y pacífica, que preserve la vida de los involucrados en este lamentable suceso".
Un canal de TV acogió la propuesta de una organización humanitaria de embanderar todas las casas como una demostración de apoyo a las gestiones para una solución pacífica.
Por su parte, la Iglesia Católica convocó a una misa en la Catedral de Lima y en la Plaza Mayor de la ciudad, situada frente al palacio de Gobierno en donde vive Fujimori, para orar públicamente en favor de una solución que priorice el respeto a la vida de los rehenes. (FIN/IPS/al/jc/ip/96
