El caso del ex gobernador del estado de Veracruz Dante Delgado, detenido por corrupción, abrió una polémica en México acerca de su verdadero significado.
Mientras voceros oficiales presentan el arresto como ejemplo de moralización administrativa, dirigentes opositores y analistas lo ven como una reacción del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante la serie de deserciones de dirigentes.
Delgado dejó el PRI el 27 de noviembre y dos días después advirtió que si se usaban "las viejas prácticas del sistema autoritario" para intimidarlo se encontrarían con una "persona dispuesta a todo".
Además de gobernador de Veracruz entre 1988 y 1992, Delgado fue embajador de México en Italia y era diputado en el momento en que anunció su dimisión.
El presidente Ernesto Zedillo declinó opinar sobre el tema, que ocupa las primeras planas de los diarios mexicanos desde hace varios días, y se limitó a señalar que "la situación está en manos de la justicia, que será la que deberá resolver en definitiva".
Delgado, cuyo padre falleció a pocas horas de su detención, rechazó el permiso que le otorgaron para ir a su entierro, señalando que no lo haría "esposado como un delincuente".
El senador Artemio Iglesias, del PRI, negó que el caso sea una venganza política y otros parlamentarios oficialistas sugirieron que la renuncia de Delgado al partido gobernante se debió a que ya sabía que estaba siendo investigado por actos de corrupción.
La socióloga Gabriela Figueroa, de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo a IPS que "el hecho de que sea culpable no desmiente la realidad de que está preso por delitos que la oposición denunció ante la indiferencia de quienes hoy lo acusan".
La renuncia de Delgado al PRI formó parte de una serie de deserciones ocurridas las últimas semanas, que involucraron a otros ex gobernadores y parlamentarios.
El denominador común de las fundamentaciones consistió en que el PRI perdió su identidad original y abandonó su compromiso de justicia social con las grandes mayorías para plegarse a políticas económicas neoliberales.
Las acusaciones contra Delgado por corrupción datan de hace tres años e incluyen los cargos de peculado por unos cien millones de dólares, desvío de fondos, abuso de autoridad y omisiones en su declaración de bienes.
Horas antes del arresto, la Secretaría de la Contraloría, que tiene como función velar por la moralidad administrativa de los funcionarios públicos, lo había inhabilitado para desempeñar cargos de gobierno por 10 años.
El ex gobernador quedó alojado en el penal veracruzano de Pacho Viejo, cuyas autoridades recibieron bajo su mandato una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que dejaran de colgar de las manos a los presos.
Entre los cargos que se le formulan está el de vender terrenos públicos a precio de regalo, adjudicar contratos sin licitación y hacer aportes a asociaciones de las que formaba parte.
Juan Antonio García Villa, secretario general del derechista Partido Acción Nacional (PAN), la segunda fuerza política mexicana, aseguró que "el caso Delgado es un claro ejemplo de escarmiento".
Recordó que el ex gobernador estaba organizando un nuevo grupo político, denominado Convergencia Democrática, con un discurso nacionalista y favorable a la justicia social.
"El encarcelamiento de un ex gobernador es un hecho sin precedentes en México", dijo por su parte Andrés Manuel López Obrador, dirigente del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), tercera fuerza del país.
Indicó que la situación de Delgado "es un claro mensaje del gobierno y del PRI en el sentido de que no permitirán que quienes se enriquecieron con su apoyo les sean desleales".
El dirigente centroizquierdista llamó a "reflexionar sobre el hecho de que decenas de gobernadores se hicieron multimillonarios impunemente porque en el PRI robar no es delito, pero sí lo es patear el pesebre".
En tanto, voceros del bloque de diputados del PRI consideraron que "ninguna figura, tenga la trayectoria que tenga, puede escudarse en militancias partidarias para mantener la impunidad de sus delitos o ejercer chantaje político en su beneficio".
La acción de la justicia no puede ceder por el hecho de que se trate de alguien que acaba de renunciar al PRI, señalaron y aseguraron que pensar que "es una venganza política sólo puede ser especulación de mentes perversas".
Delgado, de origen humilde, se convirtió en poco tiempo en uno de los más ricos empresarios de Veracruz, al amparo de Fernando Gutiérrez Barrios, una importante figura del PRI que también fue gobernador de ese estado y ministro del Interior.
Delgado fue una de las primeras figuras llamadas a colaborar en la campaña presidencial de Zedillo tras el asesinato del anterior candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994. (FIN/IPS/emv/ag/ip/96
