El acuerdo de reinserción de la guerrilla firmado en Madrid, que exonera penalmente a civiles y militares involucrados en el conflicto armado interno, fue repudiado por organizaciones sociales de Guatemala pero aplaudido por sectores gubernamentales y conservadores.
El Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) a la Legalidad "no habla de amnistía sino de exención de responsabilidad penal" dijo Alfonso Novales, presidente del Colegio de Abogados.
Pero las exenciones penales son tan amplias que la figura planteada puede ser interpretada como una amnistía, señaló.
El acuerdo firmado el día 12 es el último de los llamados "operativos" del proceso de paz iniciado hace más de cinco años, que permitirá la incorporación de los rebeldes a la vida civil y la transformación de la URNG en partido político.
Para Carlos Aldana, director de la Oficina de Información del Arzobispado, en el convenio "se privilegió el interés político, pero humanitaria y jurídicamente no hubo interés".
La Iglesia Católica condena la figura legal adoptada en el acuerdo de reinserción pero ello no significa que condene el proceso de paz, con el que está de acuerdo, precisó.
Aldana expresó que la Iglesia está preocupada, porque incluir al ejército (en la amnistía) significa eximir a personas responsables de la comisión de delitos bajo el manto institucional.
Karen Fisher, dirigente de la Alianza contra la Impunidad, que rechaza una amnistía que incluya también al ejército, se mostró decepcionada por el acuerdo firmado.
"En vez de trer reconciliación a la familia guatemalteca va a traer confrontación, y lo que me parece totalmente frustrante es que todavía se atrevan a decir que no es una amnistía general", dijo Fischer, quien procura el esclarecimiento del asesinato de su suegro, el político y periodista Jorge Carpio.
Los guerrilleros y militares, que libraron una guerra que duró 36 años y en la que murieron 150.000 personas, también quedan exentos de juicio por delitos comunes conexos al conflicto armado.
La reinserción de los guerrilleros era el último obstáculo que quedaba para la firma del acuerdo de paz firme y duradera que se concretará en la ciudad de Guatemala este domingo.
El Congreso aprobó este mes la ley de "Reconciliación Nacional", que plasmó lo acordado en las negociaciones.
El derechista Frente Republicano Guatemalteco, liderado por el general golpista Efraín Ríos Montt, apoyó la aprobación de la ley.
Miguel Angel Albizúrez, de la Alianza contra la Impunidad, anunció que interpondrá medidas legales contra la aplicación de la norma.
La Alianza realizó el día 16 una caminata con el objeto de reclamar, sin éxito, al Poder Legislativo que el texto sea rechazado. Los activistas fueron vestidos de negro y blanco.
"El negro es en señal de luto por el apoyo que las partes dan a la impunidad y el blanco como muestra de apoyo al proceso de paz", dijo Albizúrez.
El proceso de incorporación de los insurgentes a la vida civil, a iniciarse tras la firma del acuerdo final de paz, tendrá dos fases, una inicial, de un año de duración, y otra de incorporación definitiva a mediano plazo. (FIN/IPS/cz/dg/ip/96
