Este año se inició en Guatemala con la llegada a la Presidencia del conservador Alvaro Arzú y culminará este domingo con la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla que pondrá fin a 36 años de conflicto armado interno.
El diálogo entre representantes del gobierno y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que se encontraba estancado al concluir su mandato en 1995 el ex presidente Ramiro de León, tomó un inesperado impulso al asumir Arzú el 14 de enero.
El cambio tomó por sorpresa a quienes pensaban que si el proceso se había estancado durante el gobierno de De León, un ex procurador de los derechos humanos, con mayor razón sucedería con la llegada al poder de un empresario como Arzú, a la cabeza del Partido de Avanzada Nacional (PAN).
El sorpresivo entendimiento entre el nuevo gobierno y la URNG reveló la existencia de un acuerdo político logrado en reuniones secretas en el extranjero, cuando Arzú aún era candidato y no había llegado a la Presidencia.
También se especuló que el éxito en las negociaciones en este gobierno se debió a la presencia del ex guerrillero Gustavo Porras como coordinador de la gubernamental Comisión de Paz.
Los avances se fueron dando rápidamente. En marzo la URNG decidió en forma unilateral poner fin a las operaciones militares ofensivas, a lo que Arzú correspondió ordenando al ejército el cese inmediato de las operaciones contrainsurgentes.
En el marco de las negociaciones que comenzaron en 1991 se firmaron acuerdos de derechos humanos, reasentamiento de las poblaciones desarraigadas, identidad y derechos de los pueblos indígenas, aspectos socioeconómicos y fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática.
Mientras, se puede observar que la enorme influencia política del ejército va disminuyendo poco a poco. Arzú logró la integración de un nuevo alto mando militar, la depuración de generales y coroneles cuya conducta ha sido cuestionada y la persecusión penal de los implicados en hechos ilícitos.
El acuerdo firmado sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática significará una reducción de 33 por ciento de los efectivos de las Fuerzas Armadas – unos 16.000 hombres menos-, por lo que quedarían en alrededor de 30.000.
También se firmaron varios acuerdos operativos, de los cuales el más polémico resultó el de reinserción de la guerrilla a la vida legal.
Luego de la firma del acuerdo en Madrid, el Congreso de Guatemala aprobó la llamada Ley de Reconciliación Nacional, que exime penalmente a guerrilleros y militares involucrados en el conflicto, y a la que organizaciones humanitarias calificaron de "amnistía disfrazada".
Ahora, tras la firma de la paz el día 29, Guatemala comenzará una nueva etapa que consistirá en el cumplimiento de los acuerdos. La tarea no será fácil en un país donde existe 80 por ciento de pobreza y 40 por ciento de analfabetismo.
La Secretaría General de Planificación estima que serán necesarios 2.400 millones de dólares para poner en práctica los acuerdos de paz.
Manuel Conde, ex negociador gubernamental durante la Presidencia de Jorge Serrano, aseguró que "no se podrá hablar de paz a estómagos hambrientos".
Conde dijo que los acuerdos firmados para unos se quedaron cortos y para otros se excedieron, pero subrayó que lo importante es recoocerlos como punto de partida y no de llegada.
Si la realidad fuera congruente con el contenido de los acuerdos firmados, Guatemala estaría a las puertas de iniciar 1997 no sólo con el cese definitivo del conflicto armado, sino con una plataforma política, económica, social y pluricultural que le permitirá acceder a mejores estadios de desarrollo.
Quizá esa sea la perspectiva favorable que ven Arzú y los comandantes de la URNG, pero tendrá que pasar por el tamiz de una sociedad guatemalateca afectada por la crisis económica y la violencia delictiva, señaló la influyente revista Crónica.
Según la Iglesia Católica, el conflicto armado ha dejado al país algo más que millares de muertos, desaparecidos, viudas, huérfanos y poblaciones desarraigadas. A ese saldo se suman las sombras que atormentan a muchos sobrevivientes y alteran la conducta de toda la sociedad.
Ese ambiente de violencia, polarización ideológica y militarización tuvo también efectos socioeconómico, como el desempleo, el encarecimiento de los servicios y bienes de consumo y el deterioro de las condiciones de vida.
Organizaciones humanitarias estiman que el conflicto armado que comenzó en 1960 ha causado 150.000 muertos, 45.000 desaparecidos, un millón de desplazados internos y millares de huérfanos, refugiados y exiliados. (FIN/IPS/cz/ag/ip/96
