La izquierda y la derecha españolas han intercambiado sus programas sobre el carácter del Estado, con profundas derivaciones para la gobernabilidad y la relación con los movimientos nacionalistas.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que siempre ha sido federalista, defiende ahora un Estado central más fuerte y pide que se ponga un límite claro a las reivindicaciones nacionalistas, en especial la vasca y la catalana.
El gobernante Partido Popular (PP), que se define como centroderechista, defensor de un estado unitario y que alberga a connotadas figuras de la derecha tradicional, está cediendo competencias al País Vasco y Cataluña, negadas cuando el PSOE estaba en el gobierno.
Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la región autónoma de Extremadura y miembro prominente de la Comisión Ejecutiva Federal, máximo organismo de dirección del PSOE, presentó este martes una campaña para contener lo que califica como "derrape del Estado".
Rodríguez Ibarra, ubicado en el ala izquierda del PSOE, dio un paso más, y propuso que su partido y el PP formalicen un "pacto de definición del Estado".
El Estado, subrayó el dirigente socialista, "no se puede definir por despojos y no puede ser el resultado de un proceso desordenado de competencias".
España se rige por la Constitución de 1978, aprobada por consenso de todas las fuerzas parlamentarias y convalidada en referendo popular.
El texto "se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles", y "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".
Desde 1978 los sucesivos gobiernos centrales han ido transfiriendo competencias a los gobiernos autónomos, pero de manera distinta según la región y las afinidades o pactos políticos de cada momento.
En las postrimerías del gobierno socialista (1983-96) se produjo una gran diferencia al acordar el ejecutivo encabezado por Felipe González la transferencia a los gobiernos autónomos del cobro de 15 por ciento del impuesto a la renta de las personas físicas.
Tres gobiernos autónomos, entre ellos el encabezado por Rodríguez Ibarra y el presidido por el derechista Manuel Fraga Iribarne en Galicia, impugnaron esa medida y recurrieron al Tribunal Constitucional.
Pero, meses después, al ganar las elecciones generales el PP sin mayoría absoluta propia, para formar gobierno se vio obligado a pactar con los nacionalistas vascos, catalanes, valencianos y canarios.
Una de las contrapartidas fue elevar esa cesión a 40 por ciento, y en los últimos días se otorgaron competencia a las autonomías para subir o bajar 20 por ciento la tasa. Eso significa que empresas radicadas en una región podrán pagar hasta 40 por ciento más, o menos según el caso, de impuesto.
Rodríguez Ibarra considera que esa concesión es insolidaria y, además, pone en riesgo la unidad del Estado español. Su temor, manifestó, es que cuando tras un proceso desordenado no queden más impuestos por ceder, los nacionalistas exigirán la autodeterminación.
En consecuencia, reclama que el PP defina su posición. Lo mejor, añade, es que ese partido formalice un gobierno de coalición con los nacionalistas vascos y catalanes. De esa manera, razona, quedarían claros los límites y los nacionalistas comprometidos con la gobernabilidad de España.
Y si eso no fuera posible, se debería aplicar el programa presentado este martes, para que el PP y el PSOE concreten un pacto de definición del Estado. De lo contrario, vaticina, los cuestionamientos a la unidad española serán cada vez mayores y con consecuencias imprevisibles. (FIN/IPS/td/jc/ip/96
