El gobierno argentino podría dar un aumento de 14 por ciento a unos 3,2 millones jubilados, a fin de evitar una catarata de juicios multimillonarios tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia que les reconoció este viernes el derecho a recibir una actualización de haberes.
El juez del máximo tribunal Guillermo López explicó que la sentencia emitida en beneficio de 70.000 jubilados podría dar lugar a un aluvión de juicios del resto de los pasivos y admitió que es "absolutamente factible" que el Estado se ahorre las costas de los procesos legales, y otorgue el aumento.
Los jubilados en Argentina se constituyeron en los últimos años en uno de los sectores mas castigados por el modelo de ajuste.
Uno de los que iniciaron juicio es Juan Caride, un ex gerente de empresa que en actividad, cobraba 10.000 dólares mensuales. Hoy recibe 400 dólares por mes de retiro.
Su caso no es peor que el de la mayoría de los pasivos, que reciben haberes de apenas 150 dólares por mes.
En Argentina, el salario mínimo está por encima de los 500 dólares y la canasta básica de un jubilado es de 667 dólares. Por eso, es tradición ya en la última década que los ancianos organicen protestas callejeras.
Tras varios años de litigio en sucesivas instancias, la corte decidió este viernes que se reconozca una actualización de 13,78 por ciento a todos aquellos jubilados que iniciaron juicios contra el Estado en el período que va de 1991 a 1994.
El presidente de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados, Carlos Imizcoz, criticó este sábado el fallo por considerar que el incremento del costo de vida en ese período fue de 60 por ciento, que es el índice que reclamaban los querellantes.
Los juicios comenzaron luego que el gobierno lanzó el plan de convertibilidad y eliminó todo tipo de reajustes. Muchos de los retirados consideraron que, a pesar del freno a la inflación, siguió vigente hasta 1994 un índice que reconocía la movilidad de sus haberes y reclamaron ese 60 por ciento de actualización.
Durante el plan de convertibilidad, el poder adquisitivo de los jubilados cayó abruptamente.
En 1991, la jubilación mínima -que recibe 27 por ciento de los pasivos- alcanzaba para costear 37 por ciento de la canasta mínima de consumo, y en 1994 apenas llegaba a solventar 22,5.
En diversos fallos particulares, la Cámara de Previsión Social reconoció una actualización de 35 por ciento. Por eso, la Corte estaba limitada a no otorgar un porcentaje mayor.
De los nueve magistrados, sólo cuatro proponían reconocer ese 35 por ciento. Son los jueces más distantes del oficialismo.
Del resto, cuatro estaban en favor de admitir entre seis y 10 por ciento de actualización, para evitar un colapso financiero del fisco. Se trata de los jueces mas cercanos al gobierno y sospechados de parcialidad, pese a sus aclaraciones en el sentido de que el fallo no fue oficialista.
Finalmente, la influencia del noveno juez, que en principio promovía un reconocimiento de 20 por ciento, logró subir la propuesta de ese último grupo hasta 13,78, utilizando un índice de actualización de 1994, pero aplicado con retroactividad.
La Corte es una de las instituciones acusadas de parcialidad luego que el gobierno del presidente Carlos Menem decidió ampliar el número de integrantes e incorporar una mayoría adicta que suele emitir fallos en apoyo del modelo económico.
El presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, era socio de Menem en su estudio de abogado de la provincia de La Rioja, donde ambos nacieron y comenzaron sus respectivas carreras, uno en la política y otro en la justicia.
Las 70.000 sentencias podrían significar un monto que va de los 1.200 a los 12.000 millones de dólares luego de calcular cada caso particular.
Los magistrados aseguraron que las cuentas deberá realizarlas la Cámara de Previsión Social, que también definirá el momento y la forma de pago.
López, uno de los jueces que participaba de la idea de reconocer un índice no superior a 10 por ciento, explicó que un sector de la doctrina considera que este año prescribieron las posibilidades de hacer juicio, pero otro sector opina que este tipo de casos es imprescriptible.
"Si prima el segundo criterio, todos aquellos jubilados que no hayan hecho juicios podrían iniciar una acción, y es muy probable que la Administración Nacional de Seguridad Social, frente a una jurisprudencia de la Corte ya establecida, directamente acepte pagar lo establecido", advirtió este sábado.
Sin embargo, los ancianos no son optimistas. Los pagos comenzarán a hacerse efectivos en 1998 y se estima que se pagarán en bonos y en cuotas, comenzando por los mayores.
"Especulan con que mientras tanto nos vayamos muriendo", admitió Caride, uno de los que ganó el juicio pero que no festeja, porque a los 74 años sigue esperando. (FIN/IPS/mv/dg/pr-ip/96)
