La mayor central sindical de Argentina decidió retomar las medidas de fuerza, convocando un paro de 24 horas para el jueves próximo, tras un período de más de dos meses de negociaciones con el gobierno en el que se enfrió el clima de protesta social.
El sindicalista Carlos West Ocampo, dirigente del sector salud, advirtió que si persiste la ofensiva oficial para "precarizar el empleo" a través de la flexibilización laboral, habrá otra huelga a mediados de enero y una por tiempo indeterminado en marzo.
En forma sorpresiva, el presidente Carlos Menem consideró que las discusiones se alargaban y firmó esta semana tres decretos que restan poder a los sindicatos: se permite la negociación entre empresarios y trabajadores, se limita la vigencia de convenios específicos y se desregulan las prestaciones sociales.
En Argentina, los trabajadores sindicalizados son mercado cautivo de la prestación de salud que otorga su sindicato a cambio de una cuota mensual que se descuenta del salario. El sistema otorga un fuerte respaldo económico a los gremios.
A partir del decreto, los trabajadores podrán elegir la llamada obra social.
Con los decretos como declaración de guerra, los sindicatos que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunieron este viernes y decidieron cerca de la medianoche convocar a una huelga de 24 horas, sin movilización, para el día siguiente a Navidad.
Se trata de la reanudación de las protestas, luego de un largo período en el que se intentó negociar con el gobierno las propuestas de flexibilización laboral, apoyadas por las empresas y resistidas por los sindicatos.
El gobierno cree que así bajará el desempleo, que en la actualidad se encuentra 17,4 por ciento, pero ni los sindicatos ni los empresarios creen que la flexibilización del mercado laboral permita por sí misma la creación de nuevos puestos de trabajo.
Las principales iniciativas del Ministerio de Trabajo, que se demoran en el Congreso desde hace algunos años, apuntan a defender la negociación del trabajador con su empresa, eliminar el actual reégimen de despido, flexibilizar horarios y vacaciones, y fijar nuevas normas para calcular los salarios.
Un empresario del sector automotor que pidió anonimato dijo a IPS que la flexibilización permitirá aumentar la productividad de su empresa en la medida en que ayudará a bajar costos, pero no será una solución al problema del alto desempleo.
La CGT realizó el 8 de agosto una huelga de 24 horas contra la flexibilización laboral y el alto desempleo. La masiva adhesión superó las expectativas de los organizadores.
Con ese respaldo, la dirigencia sindical se animó a convocar a una nueva huelga de 36 horas, el 27 de setiembre. El paro volvió a ser masivo y los analistas interpretaron que el matrimonio del gobierno del Partido Justicialista (peronista) y la central sindical había terminado.
Sin embargo, tras la última huelga comenzó un período de negociaciones que enfrió el creciente clima de protesta social.
Esta semana, ante la amenaza presidencial de eliminar mediante decretos las conquistas laborales obtenidas en más de medio siglo, los sindicatos volvieron a acudir a los trabajadores.
La medida de fuerza no cuenta con el aval de todos los dirigentes sindicales y algunos la consideraron apresurada y sostuvierno la necesidad de continuar negociando. (FIN/IPS/mv/ag/ip/96
