El gobierno de Argentina desautorizó hoy en duros términos las gestiones realizadas por su embajador en Costa Rica para obtener el indulto de los condenados por el asalto a un cuartel militar en 1989.
El Ministerio de Relaciones Exteriores se manifestó sorprendido por la "insólita" versión de una mediación de Costa Rica para el indulto de las personas que intentaron copar el regimiento de La Tablada.
El comunicado precisó que "ni desde mayo de 1996 ni antes de esa fecha el embajador (Humberto) Toledo informó a esta cancillería de dichas conversaciones ni pidió autorización para participar en ellas ni recibió instrucción alguna para hacerlo".
Mediante un decreto presidencial, Toledo fue trasladado este martes a Buenos Aires y en 30 días habrá cesado en el cargo, por su participación en las gestiones con el gobierno de Costa Rica y con el Movimiento Todos por la Patria, que lideró el asalto al cuartel y reclama el indulto de los 21 prisioneros.
El funcionario encargado por la cancillería costarricense para el diálogo, Guido Sibaja, sostuvo este miércoles que en todo momento su país creyó de buena fe estar participando de un proceso de gobierno a gobierno.
Pero cuando el tema tomó estado público, el gobierno argentino desmintió "terminantemente" que existiera una mediación de Costa Rica y, además, responsabilizó a Toledo por la entrega de documentos de identidad a dos prófugas de La Tablada.
Las dos beneficiadas argentinas son hijas del líder del Movimiento Todos por la Patria, Enrique Gorriarán Merlo, y tienen pedido de captura internacional. La embajada argentina en San José les otorgó los documentos y Toledo aseguró que sólo medió entre la cancillería y las interesadas.
Sin embargo, en el comunicado se aclara que para dichos trámites las dos mujeres debieron llenar una solicitud en el consulado de San José que luego se remite al Registro Nacional de las Personas dependiente del Ministerio del Interior de Argentina.
No obstante, la cancillería aclaró que el consulado tiene una lista de personas a quienes no se les debe expedir tal documento por requerimientos policiales o judiciales, y reveló además que el embajador se interesó personalmente por escrito en esos trámites. (FIN/IPS/mv/ag/ip/96
