A pocos días de que en Guatemala concluya el conflicto armado más antiguo de América Latina, la toma de cientos de rehenes por un grupo insurgente de Perú parece desmentir la desaparición de ciertas metodologías de acción política en América Latina.
La acción del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) es la más importante de este tipo realizada en el continente americano en las dos últimas décadas y la primera desde que en noviembre de 1985 el grupo guerrillero colombiano M-19 capturara a 400 personas al asaltar el Palacio de Justicia de Bogotá.
Las tomas masivas de rehenes por organizaciones guerrilleras no son nuevas en América Latina, donde se han producido cinco grandes acciones de este tipo en los últimos 18 años, involucrando a algo más de mil rehenes.
En el resto del mundo, desde que en diciembre de 1975 un comando propalestino asaltara el edificio donde se llevaba a cabo una conferencia petrolera en Viena, las personas retenidas como rehenes en el marco de acciones insurgentes suman cerca de 5.500, con un saldo de al menos 500 muertos.
En América Latina, la modalidad fue practicada con singular resonancia en agosto de 1978 por los sandinistas nicaragüenses al invadir la sede del Parlamento en Managua y capturar por tres días a varios cientos de personas, entre las cuales 60 legisladores.
Esa acción dio nacimiento al mito del "comandante Cero", Edén Pastora, que luego rompería con sus antiguos compañeros y pasaría a la oposición armada al gobierno sandinista.
Pocos años después, en 1980, el M-19 colombiano asaltaría la embajada de la República Dominicana en Bogotá, tomando a unos 60 rehenes, y en 1982 guerrilleros hondureños retendrían a 105 personas que se hallaban en la Cámara de Comercio de la ciudad de San Pedro Sula.
Hasta la toma del Palacio de Justicia de Bogotá, las acciones de este tipo se habían saldado con éxito para los insurgentes que las impulsaron, incluso la de Managua de 1978, en la que murieron 14 personas.
Pero el 7 de noviembre de 1985 el gobierno del presidente colombiano Belisario Bentancor decidió no ceder a las exigencias de los 70 integrantes del comando guerrillero, y militares de elite atacaron el edificio judicial.
Fuentes oficiales difundieron un balance de 115 personas muertas, pero organizaciones humanitarias y grupos de oposición replicaron que el saldo del ataque militar había sido aún más sangriento y que supuestos guerrilleros fueron lisa y llanamente ejecutados cuando estaban heridos.
La situación en la embajada de Japón en Lima es, al promediar la tarde local de este miércoles, muy tensa y algunos analistas tienden puentes con la que reinaba en Colombia hace algo más de 11 años, con un gobierno decidido a no ceder al "chantaje" guerrillero.
No obstante, los rehenes son mucho más numerosos (un fax enviado desde la propia representación diplomática y firmado por el embajador japonés habla de 490) y entre ellos hay embajadores de 14 países.
Se descuenta en ese sentido la intensidad de las presiones a que debe estar siendo sometido desde el extranjero el presidente Alberto Fujimori, que por otra parte si cediera se expondría a un debilitamiento político interno y a que otros grupos guerrilleros, como Sendero Luminoso, tomen iniciativas similares.
Queda claro por otra parte el desmesurado optimismo del gobierno peruano cuando anunció hace algunos años el ocaso de la insurgencia en ese país.
Y más aún la imposibilidad de generalizar esa afirmación al conjunto de America Latina.
Si bien es cierto que en la mayoría de los países del área las guerrillas y no operan o están por dejar las armas (Guatemala) en otros (Perú y Colombia, y en mucho menor medida Chile) son aún una realidad. (FIN/IPS/dg/jc/ip/96
