Panamá se negó a negociar con Washington el mantenimiento de bases militares estadounidenses en este país después de diciembre de 1999, fecha acordada para su retiro del canal interocéanico, informó el presidente Ernesto Pérez Balladares.
El gobierno de Bill Clinton planteó al de Panamá el año pasado la permanencia de entre 4.000 y 5.000 hombres en la zona del canal para luchar contra el narcotráfico.
La declaración de Pérez Balladares, formulada el día 17, causó alivio en el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) y en sectores políticos y de la sociedad civil opuestos a la iniciativa de Estados Unidos.
"Al llegar al año 2000 no debe haber ningún soldado norteamericano en suelo panameño, porque así lo ha dispuesto el gobierno", afirmó Pérez Balladares ante los asistentes a un congreso de la juventud del PRD.
El presidente aseguró que "por encima de todas las cosas" hará que se cumplan los tratados canaleros, firmados en 1977 entre Panamá y Estados Unidos, y que esta nación "llegará al siglo XXI como un país libre, sin ataduras y sin presencia de bases (militares) extranjeras".
La posición de Pérez Balladares fue respaldada por otros altos directivos del PRD, como su presidente, Gerardo González, y el subsecretario general y ministro de Trabajo y Bienestar Social, Mitchel Doens.
Doens señaló al concluir un seminario sobre "El Canal y las Bases Militares", al que fue invitado el embajador de Estados Unidos, William Hughes, que el PRD nunca compartió la propuesta de negociar la presencia de las bases estadounidenses más allá de 1999, presentada por el presidente Bill Clinton.
Según los tratados canaleros, Estados Unidos debe cesar su presencia en Panamá y traspasar el canal y sus actuales bases militares a la jurisdicción de este país en 31 de diciembre de 1999.
Tras la sorpresa inicial que causó la declaración de Pérez Balladares, varios portavoces de la sociedad civil se manifestaron de acuerdo con la posición del gobierno.
Según David Samudio, presidente de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces, la decisión de Pérez Balladares "es la que más conviene a los intereses de Panamá, porque permite que las actuales bases militares sean convertidas en polos de desarrollo civil".
Además de los macroproyectos de uso industrial y comercial previstos para el actual enclave militar, los terrenos que recibirá el país podrían ser usados "para la expansión futura de la capital", dijo Samudio.
La presencia a partir de 1903 de la zona del canal impidió la expansión de la capotal hacia el norte. La ciudad quedó comprimida en un corredor entre la bahía de Panamá y la antigua área controlada por Estados Unidos, explicó.
Junto con las tierras, Panamá "recupera la soberanía plena sobre todo su territorio", agregó el empresario.
Mientras, el ex canciller Carlos López Guevara, negociador de los tratados de 1977, destacó que la decisión de Pérez Balladares "conjura el peligro de que en el futuro tengamos una fuerza intervencionista en nuestro territorio".
López Guevara sostuvo que "el espiritu de los tratados" del canal "era terminar con una presencia militar extranjera que a lo largo de todo el siglo había intervenido en nuestros asuntos".
Sin embargo, aún está pendiente de decisión una iniciativa llevada por Pérez Balladares a varios foros regionales para constituir en la base aérea Howard un Centro Multinacional de Lucha contra las Drogas, regenteado por Estados Unidos, cuando ese lugar sea devuelto a Panamá.
El embajador Hugues dijo que su país todavía no tomó decisión al respecto, pero en caso de que sea afirmativa, "el componente militar sería indispensable" para la seguridad de los técnicos y militares que Estados Unidos destine allí.
Henry Raymont, corresponsal en Washington el diario Panamá- América, informó que el proyecto de Pérez Balladares "no parece contar aún con el visto bueno de las distintas ramas del Pentágono".
Según Raymont, la idea de los estrategas militares del Pentágono es mantener en Panamá una fuerza entre 4.000 y 5.000 soldados para proteger propiedades y vidas de los ciudadanos de Estados Unidos que permanezcan en este país después de diciembre de 1999.
Agregó que el proyecto de Washington incluye mantener el actual centro de vigilancia antidrogas que posee Estados Unidos en sus bases del área del canal, así como centros de entrenamiento y de apoyo logístico para "contingencias y asistencia humanitaria" que se propone atender desde Panamá.
El canciller panameño Ricardo Alberto Arias indicó que el Centro Multinacional de Lucha contra las Drogas propuesto por Pérez Balladares estará dirigido por civiles de todos los paises de América e incluso por estados europeos que deseen adherirse al mismo.
En las funciones de tipo técnico, así como en seguimiento y captura de narcotraficantes, podrán participar militares de todos los paises incorporados al Centro Multinacional, pero su dirección "será exclusivamente civil", precisó Arias.
No obstante, el canciller aclaró que cualquier decisión al respecto será sometida a la aprobación del parlamento panameño y luego a referendo popular, tal cual lo establece la constitución nacional.
El presidente de la Fundación para la Libertad Ciudadana, Roberto Einsennman, opinó que la propuesta de Pérez Balladares "solo es aceptable a condición de borrarle toda posibilidad de que se considere un cosmético para disfrazar y colar (introducir) una base militar de Estados Unidos en el canal" de Panamá. (FIN/IPS/sh/ff/ip/96
