En Cuba se viola el derecho de los trabajadores que fueron despedidos como resultado de una reforma aplicada por el gobierno desde el pasado año, aseguró hoy la única central sindical admitida por la ley.
"Es una cuestión de facilismo y de desidia y también de falta de acción del sindicato", dijo Pedro Ross Leal, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).
Según la legislación, vigente los trabajadores despedidos integran una "bolsa de disponibles" de la cual debe nutrirse cualquier fábrica o institución estatal a la hora de ofrecer nuevas plazas laborales.
Además, una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social asegura un subsidio durante dos años a todas las personas que perdieron su empleo por el reajuste dispuesto.
Beneficiados hasta principios de esta década por la política oficial de pleno empleo, los cubanos viven ahora los efectos de una severa crisis económica que condujo al cierre de no pocas industrias, al subempleo y, por último, al desempleo.
Entre los cambios inaplazables para superar la depresión económica, el gobierno de Fidel Castro anunció en 1995 la reestructuración del empleo como parte de una reforma mucho más amplia.
El paquete de medidas en busca de la eficiencia económica incluye la eliminación del subempleo, la reconversión tecnológica, la creación de pequeñas y medianas empresas y la apertura de un mayor espacio a la propiedad cooperativa.
En un intento por preservar los derechos laborales establecidos durante decenios, el gobierno aseguró que "nadie quedaría abandonado a su suerte" y trazó el marco legal y organizativo para que los despedidos integraran la categoría de disponibles y no de desempleados.
Sin embargo, el "privilegio legal" de ser los primeros cuando se abre una plaza se ignora constantemente por procedimientos burocráticos y por el "amiguismo".
"Algunas empresas y entidades emplean nuevos trabajadores y pasan por encima" de la bolsa de dispoibles, afirmó Ross. También reconoció la responsabilidad del sindicato, que debe defender el derecho del trabajador aunque se encuentre desvinculado laboralmente.
Fuentes sindicales aseguran que, como resultado de la crisis y del reajuste laboral, el desempleo afecta a siete por ciento de los 5,5 millones de personas que forman la población económicamente activa.
Unos 4,6 millones de trabajadores se desempeñan en los sectores civil estatal, cooperativo y privado, y entre 600.000 y 800.000 de ellos perciben salario completo por 40 ó 50 por ciento de las horas qye cumple la mano de obra plenamente ocupada.
Estadísticas oficiales señalan que la mayoría de los desocupados son jóvenes entre 17 y 30 años, con un nivel medio y medio superior de enseñanza, y con predominio entre ellos de las mujeres.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Salvador Valdés, informó que permanecen sin ocupación 11.000 de los 120.000 trabajadores declarados cesantes.
Esos desempleados perciben un subsidio estatal equivalente a 40 o 60 por ciento del salario que obtenían antes del despido, aseguró Valdés.
Según algunos especialistas, unas 750.000 personas podrían ser reubicadas o quedar sin ubicación como consecuencia del análisis caso por caso de cada empresa estatal y de cada plaza laboral.
Mientras, unos 208.000 trabajadores optaron por la actividad por cuenta propia, una de las alternativas previstas por el gobierno para contrarrestar los efectos sociales del ajuste y para abrir nuevos espacios a la iniciativa privada en servicios que el Estado no garantiza.
Según la CTC, las violaciones a la legislación laboral lesionan los derechos de los trabajadores disponibles y, al mismo tiempo, causan serios perjuicios económicos, ya que se paga simultáneamente el salario el nuevo empleado y se mantiene el subsidio al disponible. (FIN/IPS/da/ff/lb/96
