Colombia ocupó una vez más en el centro de la atención internacional por la violación de derechos humanos con la denuncia de una organización de Estados Unidos sobre "redes de asesinos" que operan en este país sudamericano con apoyo de las Fuerzas Armadas.
El director ejecutivo de Human Rights Watch/Americas, José Miguel Vivanco, afirmó que esa organización pidió a Estados Unidos y a la Unión Europea que suspendan la ayuda militar a Colombia porque ha sido destinada a "unidades implicadas en graves violaciones de derechos humanos".
Denunció que existe una alianza entre los grupos paramilitares de derecha y las Fuerzas Armadas en la que los dos sectores se dividen "funciones y tareas" que conducen a la violación de los derechos fundamentales de las personas.
Vivanco presentó este lunes al gobierno el informe "Redes de asesinos en Colombia" con casos concretos de la actuación de grupos paramilitares "que operan en Colombia apoyados por el ejército".
El informe incluye entrevistas a testigos de violaciones de los derechos humanos, miembros del gobierno y funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, así como un documento del ejército sobre "reorganización de la inteligencia militar" elaborado con ayuda del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El documento relata que Wilson Cáceres, líder de la comunidad de Sabana de Torres, en el noreste de Colombia, y miembro del Movimiento Campesino Obrero y Popular de esa localidad, fue visto por última vez por sus familiares el 6 de abril de 1995, cuando salió de su casa hacia la hacienda donde trabajaba.
Cáceres, quien figuraba junto a otras 13 personas en una lista de las denominadas Autodefensas Campesinas de Colombia (ACC) señalado como activista de izquierda, fue uno de los colombianos que según las estadísticas desaparece cada dos días por razones políticas.
Vivanco indicó que en 1995 casi la mitad de los actos de violencia política en los que se identificó a los autores, estos resultaron ser paramilitares.
Las denuncias de Human Rights Watch coincidieron con la investigación que sigue la Fiscalía General de Colombia por los asesinatos de cerca de 200 personas en el Magdalena Medio, en el noroeste del país, que vincula a cinco generales del ejército.
El principal inplicado es Alfonso Baquero, un ex guerrillero que en la década del 80 se pasó a filas de las ACC, quien reveló la alianza contrainsurgente que se formó en 1987 en el Magdalena Medio entre militares, policías, narcotraficantes y hacendados.
"Los militares nos organizaron para que nosotros hiciéramos lo que ellos no podían hacer, que era matar la gente y cometer masacres", afirmó Baquero ante la Fiscalía General.
Según Human Rights Watch, esta asociación "forma parte de la realidad colombiana" y el material reunido por las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos "es abundante" en denuncias sobre asesinatos, masacres y desapariciones.
El documento indica que en el caso del Magdalena Medio, una de las regiones con mayores índices de violencia, se comprobó que el ejército "ha armado y equipado a paramilitares y ha patrullado con ellos" y que en algunas ocasiones han sido trasladados a otras regiones "para cometer asesinatos politicos".
Sin embargo, estas actividades suponen "sólo la mitad de la asociación", dijo Vivanco. Lo fundamental es la "estrategia de impunidad" que existe, pues el sistema de justicia militar "encubre sistemáticamente" los actos de los oficiales que se asocian con estos grupos paramilitares.
Aunque Human Rights Watch no está en capacidad de afirmar que esta asociación sea una política de Estado, su director ejecutivo aseguró que se trata de casos "muy abundantes y repetitivos".
Vivanco calificó como preocupante la asesoría del Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para el Plan de Reorganización de la Inteligencia Militar de Colombia en 1991.
Este plan "desembocó en la creación de redes asesinas que identificaron y dieron muerte a civiles sospechosos de apoyar a la guerrilla", afirmó.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Esguerra, replicó que el gobierno "está combatiendo a los paramilitares" y aseguró que el informe de la organización humanitaria estadounidense no coincide "con la realidad actual".
Las denuncias de Human Rights Watch coinciden con un informe de Amnistía Internacional, en el que pidió a Estados Unidos que suspendiera la asistencia militar a Colombia, basándose en la enmienda Leahy que considera ilegal dar ayuda militar a unidades que violen los derechos Humanos.
Las denuncias de los organismos humanitarios se producen en momentos en que Colombia se apresta a compran una flotilla de 14 aeronaves para operaciones militares. (FIN/IPS/yf/ag/ip-hd/96