Ni los trabajadores de Chile ni los de Canadá se beneficiarán del tratado de libre comercio celebrado el lunes entre ambos países, aseguraron sindicalistas canadienses.
La Coalición Chileno-Canadiense por el Comercio Justo criticó el acuerdo comercial en un foro patrocinado por el gobierno para la promoción del tratado y de la inversión canadiense en Chile, un día después de la firma del documento.
Pero la Coalición fue la única voz de disentimiento en el foro, que atrajo a unos 700 empresarios canadienses. Mucho más alto se hicieron oir las voces del presidente de Chile, Eduardo Frei, sus ministros de Economía y Minería, ejecutivos chilenos y canadienses con intereses en el país sudamericano.
Todos ellos elogiaron el nuevo acuerdo bilateral, que vincula indirecta y parcialmente a Chile con el mercado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) entre Canadá, México y Estados Unidos.
El pacto elimina el impuesto de 11 por ciento que actualmente Chile cobra a las importaciones canadienses, reduce los aranceles a las exportaciones de productos textiles y agrícolas de ambos países e incluye estipulaciones en materia de trabajo y medio ambiente.
Los partidarios del acuerdo afirman que elevará el volumen del comercio bilateral, que el año pasado alcanzó 500 millones de dólares.
Tras la firma del tratado, Frei destacó la reducción de la pobreza y el crecimiento económico de su país (estimado en 6 por ciento anual), que atribuyó a la orientación de la economía a las exportaciones.
El crecimiento económico de Chile "es compatible con la protección del medio ambiente", subrayó el ministro de Minería, Benjamín Teplizky.
Sindicalistas canadienses, por otra parte, plantearon un panorama muy diferente del éxito económico de Chile, y en particular de su política ambiental. Argumentaron, además, que el acuerdo bilateral consagra en Chile leyes ambientales y laborales inadecuadas.
La falta de aseguración de derechos básicos para los trabajadores chilenos representa un gran riesgo para ellos, destacó Lawrence McBrearty, director nacional de United Steelworkers (Trabajadores del Acero Unidos), miembro de la Coalición Chileno-Canadiense por el Comercio Justo.
"Quienes trabajan en el campo y en depósitos están rutinariamente expuestos a compuestos químicos y pesticidas prohibidos en los países adonde se exportan los productos agrícolas", destacó el activista.
Agregó que la laxitud de las regulaciones ambientales se extienden al sector de la minería, donde el gobierno de Chile permite el uso de arsénico -prohibido en Canadá- en el procesamiento de minerales metalíferos, lo cual provoca graves problemas de salud y seguridad.
Alan Young, director ejecutivo del Consejo Ambiental de Minería de Columbia Británica, una coalición del oeste de Canadá, señaló que muchas compañías mineras canadienses que operan en Chile intentaron aliviar las regulaciones de la industria previamente a los comicios provinciales en Columbia Británica.
Sin embargo, las elecciones fueron ganadas por el gobernante Nuevo Partido Democrático, opuesto a las pretensiones de las empresas mineras.
United Steelworkers representa a la mayoría de los mineros de Canadá y trabaja junto con obreros chilenos empleados por las mismas compañías canadienses en favor de su salud y seguridad. (FIN/IPS/tra-en/pw/pz/ml/if-lb/96
