Los 162 países que firmaron el Convenio de Diversidad Biológica para conservar los recursos vivos, usarlos de manera sostenible y compartir los beneficios de su explotación no pueden seguir teorizando, produciendo informes, reuniones y folletos. Deben comenzar a actuar.
Con distintas palabras y en diferentes lenguas, ese fue el mensaje más repetido por delegados oficiales, de organismos internacionales y no gubernamentales desde que comenzó este lunes la Tercera Conferencia de las Partes sobre el Convenio de Diversidad Biológica en la capital de Argentina.
Pero para llevar a la práctica en cada país las recomendaciones y los acuerdos contenidos en la convención, se necesita dinero.
Dinero para saber cuantas y cuales especies proteger, dinero para proteger ecosistemas frágiles o dinero para fomentar el uso sostenible de los recursos en los países en desarrollo.
Por eso, el martes la discusión se centró en los mecanismos financieros requeridos para poner en marcha los proyectos que materializan los acuerdos que están en la letra del convenio.
El Convenio sobre Diversidad Biológica nació en Río de Janeiro en 1992 y ya entonces, a pesar de la resistencia de numerosos países en vías de desarrollo y de organismos no gubernamentales, se aceptó al Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF, por su nombre en inglés) como mecanismo financiero.
Ese mecanismo debía funcionar en forma interina, pero en cada una de las conferencias de las partes se prorroga su mandato. En Buenos Aires, se estudia la aprobación de un memorandum de entendimiento para que el GEF continúe en forma interina como institución que opera el mecanismo de financiamiento.
La mayoría de los países de América Latina y Asia acordaron con esta propuesta, aunque tienen previsto sugerir modificaciones al texto como por ejemplo acortar el plazo del interinato a sólo un año más. Pero en Africa son más las voces que rechazan la propuesta de continuar con el GEF que las que lo avalan.
Un miembro de la delegación de Etiopía dijo a IPS que la convención debería tener mecanismos propios de financiamiento, o basados en bancos regionales, pero "los países industrializados insisten en mantener al GEF que se muestra insensible a los problemas del mundo en desarrollo".
Del mismo modo se expresó la directora de Medio Ambiente de Guinea, Touré Idiatou Camara, quien dijo que "no es bueno el GEF para Africa, sus condiciones son más estrictas" y propuso que se cree un fondo multilateral del convenio.
El GEF está integrado por el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y maneja un fondo estimado en 2.000 millones de dólares.
Pero Arsenio Rodríguez, director del PNUMA en América Latina, dijo a IPS que "el peso financiero del Banco Mundial es enorme respecto de las otras partes".
Para peor, los gobiernos tienen representantes distintos en cada una de las partes del GEF y no siempre los tres funcionarios están de acuerdo.
"El PNUMA es una garantía de credibilidad dentro del GEF, pero son los gobiernos los que tienen que ponerse de acuerdo y exigir al GEF que haga caso de sus prioridades", añadió Rodriguez.
En la opinión de muchos delegados de los países del Sur, el GEF no se subordina a los requerimientos de los países sino que financia proyectos de acuerdo a su propia agenda de prioridades, que está más cercana a la conservación que al uso sostenible de los recursos.
"Es un conflicto grave e irresoluble, el GEF no se subordina a nuestras necesidades y sin un mecanismo financiero no hay ninguna posibilidad de avanzar en temas concretos", explicó a IPS el director de recursos naturales de Argentina, Carlos Merenson.
A modo de ejemplo, Merenson anticipó que el GEF otorgará una donación de 40 millones de dólares a Argentina para crear áreas protegidas en su territorio, aunque no se trata de un interés prioritario para el país.
"Para nuestro país, y para la Conferencia de las Partes, probablemente sería mejor que el GEF financiara una estrategia de uso sostenible de los bosques, para que el sector privado los pueda aprovechar, pero si pedimos dinero para subsidios nos rechazan el proyecto porque no es su prioridad", aseguró.
En este sentido, los países de Asia acordaron en octubre en Malasia que "la autoridad de la Conferencia de las Partes sobre el mecanismo financiero debería ser categóricamente establecida en el memorandum de entendimiento", así como explicitar la calidad de interino que tiene el mecanismo.
Además de dinero, los países miembros insisten en que se requiere de la tecnología para implementar el convenio de biodiversidad y esa tecnología por lo general no está desarrollada en los países del Sur, sino que debe ser transferida desde las naciones industrializadas.
Los países de América Latina, Asia y Africa coincidieron en que para que pueda llevarse a la práctica el tercer objetivo de la convención es necesario establecer bases de datos con información sobre tecnología para el aprovechamiento de recursos naturales.
El tercer objetivo de la convención es el de asegurar o facilitar el acceso a la tecnología pertinente para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, así como el de la transferencia de esa tecnología.
El principio se basa en la certeza de que la diversidad biológica está concentrada en el hemisferio sur, mientras que la tecnología está en los países del norte.
Asia considera que no sólo esos mecanismos deberían servir para compartir información, como hasta ahora, sino también para transferir tecnología, crear sociedades mixtas y desarrollar recursos humanos en los países en desarrollo.
Por eso, el dinero para los proyectos y la tecnología son los grandes desafíos a los que deberá dar respuesta la conferencia de Buenos Aires que sesionará hasta el 15 de noviembre. (FIN/IPS/mv/ag/en/96
