El gobierno de Venezuela proclamó su decisión de que "pase lo que pase", en los próximos meses venderá sus industrias de aluminio y acero, sus acciones en la telefónica, bancos, instalaciones turísticas y otras propiedades.
Dentro de un mes se venderá una pequeña empresa alumínica, la tercera semana de noviembre irán al mercado las acciones de la telefónica, el 30 de diciembre las grandes plantas de aluminio, y en los primeros meses de 1997 las de acero, informó el ministro de Inversiones, Alberto Poletto.
En los próximos meses saldrán a la venta dos bancos (cada uno valorado en más de 250 millones de dólares), hoteles y otras instalaciones turísticas, empresas eléctricas, y empresas e inmuebles en manos del Estado tras la intervención de entidades financieras durante la crisis del sector en 1994.
Las privatizaciones producirán al Tesoro al menos 5.000 millones de dólares, dijo a inversionistas europeos el ministro de Hacienda, Luis Matos.
Esa estimación global, y las sectoriales para las empresas que se licitarán, origina críticas de políticos y economistas en el sentido de que el gobierno "vende a precios de gallina flaca".
Sin embargo, aunque discrepen sobre precios, modalidades o segmentos a privatizar, ningún sector del arco político parlamentario o de conductores gremiales de la economía se opone al conjunto del proceso.
Por constraste, la oposición fue ruidosa y de tinte nacionalista cuando el ex presidente Carlos Andrés Pérez (1989- 1993) inició el proceso con la venta parcial de la aerolínea Viasa y de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV).
Entre sus opositores estuvo el entonces aspirante presidencial Rafael Caldera, quien en mítines ofreció "parar la hemorragia privatizadora", y entre sus críticos Matos, quien dirigía entonces una comisión parlamentaria que vigilaba el proceso.
Caldera, tras asumir en febrero de 1994, efectuó durante dos años una gestión económica errática, basada en controles, que fracasó en abatir la inflación y reanimar la producción, y le condujo a cambiar en abril de 1996 para un programa aperturista con aval del Fondo Monetario Internacional.
Esa apertura incluyó acelerar las privatizaciones, y el mandatario dijo hace esta semana que el proceso "marcha con firmeza y responsabilidad", para no sólo privatizar complejos como los de aluminio y acero, "sino que se van a iniciar nuevas empresas con inversiones foráneas".
Compañías japonesas y surcoreanas programan invertir más de 600 millones de dólares en nuevas plantas reductoras de mineral de hierro, y la estatal Corporación de Guayana, que maneja minería e industrias básicas, tiene un portafolio de inversiones por más de 10.000 millones de dólares en cinco años.
Poletto dijo que al privatizar las industris básicas el Estado podría quedarse con un 10 por ciento de acciones "pero para colocarlas luego en el mercado y garantizar así el acceso del público a su propiedad". En el caso del aluminio, ni siquiera quieren conservar una acción dorada.
Según el cronograma, primero se venderá Alucasa, una fábrica de láminas de aluminio con un precio de base de 40 millones de dólares, y que ha interesado a trasnacionales como Alcoa y Reynolds (Estados Unidos) y Marubeni (Japón).
Luego será el turno de la CANTV, dolor de cabeza para Poletto, pues repite con insistencia que "el precio de sus acciones lo fijará la oferta y la demanda", mientras de fuentes bursátiles trascienden estimados de tres dólares por acción.
Eso significaría valuar la CANTV en 3.000 millones de dólares, muy por debajo de los 4.710 millones de dólares en que fue cotizada luego que en 1991 un consorcio encabezado por la compañía estadounidense GTE compró 40 por ciento de sus acciones en 1.886 millones de dólares.
Desde entonces, CANTV ha invertido cerca de 2.000 millones de dólares, y llevó de 2,5 a tres millones sus líneas instaladas. Un diputado socialista que apoya a Caldera, Gustavo Márquez, advierte que "se puede lesionar el patrimonio si se vende a cualquier precio".
El complejo de aluminio podría comercializarse en más de 2.000 millones de dólares, según ex gerentes del sector, pero arrastra deudas por 1.200 millones de dólares.
Se trata de dos plantas capaces de reducir 630.000 toneladas anuales de aluminio primario, una mina de bauxita, una planta de alúmina (bauxita reducida) y una fábrica de ánodos de carbón.
Socios minoritarios japoneses hicieron valer un poder de veto sobre la venta de la mayor de las plantas, pero en septiembre las autoridades llegaron a un acuerdo para que cediesen en esa potestad a cambio de compensaciones en otras áreas de inversión.
El siguiente gran paso será vender la Siderúrgica del Orinoco, con capacidad para colar más de tres millones de toneladas anuales de acero bruto y un complejo de plantas que elaboran barras, perfiles, alambres y laminados en frío y caliente.
Parte del atractivo de la empresa, con deudas de 600 millones de dólares y cuyo valor estaría entre 1.200 y 1.600 millones, según estimados privados, es el acceso a las reservas venezolanas de mineral de hierro, de más de 14.000 millones de toneladas.
Andrés Velásquez, ex sindicalista siderúrgico y ex candidato presidencial de izquierda, advirtió que la empresa podría valer 7.000 millones de dólares, al desagregar el valor de la tonelada de producción instalada, y criticó "el irracional intento de vender la Siderúrgica como un bloque".
Para diciembre se prevé la enajenación de una pequeña compañía de electricidad en el noreste, un test para saber si se desempolva en 1997 la privatización de la termoeléctrica Plantacentro, con capacidad para 2.000 Megavatios y de valor estimado en 800 millones de dólares en 1994.
En paralelo con las privatizaciones bajo la batuta del gobierno deberá marchar la venta de activos en manos del estatal Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, comenzando por el banco Venezuela, intervenido en 1994, al que seguirá el Consolidado, ambos entre los mayores del país.
El Venezuela se ofertó en agosto en 265 millones de dólares, pero la venta se frustró en medio de una campaña de sus ex dueños y tras denuncias de la bancada socialdemócrata, la más numerosa en el parlamento, de que deliberadamente se urdió un precio bajo para favorecer a grupos compradores.
Completa el cuadro de privatizaciones la venta de inmuebles en manos de ese Fondo, instalaciones hoteleras y recreacionales por concluir o en funcionamiento, y algunas que se entregarán bajo concesión en procura de incentivar el turismo.
Entretanto, queda al margen el grupo estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), considerada por revistas especializadas la segunda petrolera del mundo y con negocios consolidados a nivel mundial por encima de 28.000 millones de dólares anuales.
Hace un año las autoridades abortaron un debate planteado en la industria sobre la privatización parcial de PDVSA, que se ha contenido entonces a sus planes de asociación y apertura de nuevas áreas de negocio con capitales internacionales. (FIN/IPS/hm/dg/if/96
