La familia que Susana se vió obligada a dejar hace una década, cuando la arrestaron por tráfico de marihuana, ya no está intacta.
Su cuarto hijo, una adolescente, murió. Julius, de 24 años, su segundo, está recluído en la cárcel local, acusado de asesinato, mientras otra hija se marchó y trabaja en lugares lejanos.
Solo Johnny, de 14 años, el más jóven, y Betty, la mayor, quedaron en la casa. Su padre está afuera por largos períodos, aprovechando el auge de la construcción en Manila, 120 kilómetros al norte de Baguio City.
Susana, de 50 años, apeló al comercio de marihuana despues que su marido fue despedido de una compañía minera que operaba en la región de Cordillera, en el norte del país.
Arrestada dos veces, se salvó de la cárcel en la primera ocasión sobornando a un policía. Pero cuando la detuvieron por segunda vez, la familia estaba en bancarrota y fue conducida al Instituto Correccional de Mujeres en Manila, donde cumple cadena perpetua.
Susana es una de las 41 mujeres de Cordillera, una región minera, confinada en el instituto. La mayoría de las mujeres presas son madres que han dejado detrás hijos pequeños.
"Largos períodos de cárcel para mujeres, especialmente madres, no son socialmente beneficiosos porque multiplican los males de la comunidad", apuntó Rachel D. Duelo, oficial a cargo del instituto correccional.
"Las mujeres están muy ligadas a sus hogares y tienen más responsabilidades domésticas que los hombres. Una casa sin un padre puede seguir adelante, pero una vez que la familia se vé privada de la presencia de la madre, los niños quedan librados a su suerte y se desbandan", dijo.
"El resultado son hogares desechos. El marido, generalmente, tiende a tomar otra mujer y olvida a la familia", apuntó.
Los crímenes cometidos por mujeres en Filipinas, por lo general, se debieron a razones económicas, según estadísticas oficiales. Casi la mitad de las reclusas en el instituto correcional resultaron convictas por delitos contra la propiedad, mientras el 28 por ciento estuvo involucrado en tráfico de drogas.
La presión de caer en la delincuencia es particularmente aguda sobre mujeres residentes en zonas remotas como Cordillera, donde los tradicionales recursos de subsistencia están en crisis.
La vida es difícil en muchas aldeas donde hasta el detergente es un lujo, sin hablar de la electricidad o el agua corriente. La región tiene uno de los más altos índices de pobreza en Filipinas con el 51 por ciento, mientras el 60 por ciento de los jefes de familias en la region están desempleados.
Afectados por los altos costos de producción, que está en baja tanto en las minas de oro como en el sector agrícola, y la falta de servicios sociales, los campesinos se volcaron a producir marihuana.
En muchas aldeas, familias enteras participan del comercio ilícito, desde plantar y cosechar las plantas de cannabis hasta limpiar las hojas y transportar el producto desde Baguio a Manila.
Alrededor del 26 por ciento de todos los arrestos vinculados con drogas en el país, en 1995, implicó a aldeanos de Cordillera, que abastecen el 70 por ciento de la marihuana en Filipinas, según las autoridades policiales.
Gran parte de las mujeres involucradas en el tráfico son madres solteras, sus maridos o compañeros se marcharon al exterior o perdieron el trabajo.
Es una actividad riesgosa, especialmente desde 1994, cuando una nueva legislación convirtió a la posesión de más de 750 gramos de marihuana en un crimen punible con cadena perpetua o la muerte.
En el Instituto Correccional de Mujeres, 25 de las 41 reclusas de Cordillera fueron condenadas por tráfico de marihuana. De éstas, 16 cumplen perpetua, la mayoría por transportar la droga prohibida.
Una cantidad elevada de esas mujeres son descendientes tribales y el resto migrantes a la región. Casi todas trabajaron alguna vez como campesinas o vendedoras. Tambien rompieron sus matrimonios y son la principal fuente de sustento de sus familias. Algunas son analfabetas y otras asistieron solo a la escuela elemental.
Para Angelita, de 29 años, el camino a la producción de marihuana comenzó a través de su matrimonio desecho. Abandonada con tres hijos, se desesperó.
Resultaba impráctico plantar verduras y legumbres en una aldea que se encuentra a medio día de marcha de la carretera principal, porque se marchitaban antes de llegar al mercado. Además, los requerimientos por pesticidas y fertilizantes eran altos.
"Marihuana solo necesita fertilizante y poco tiempo de cultivo", explicó. "Todo lo que hay que hacer es obtener algunas semillas. Crece por su cuenta como el cesped y no necesita cuidados…"
En agosto de este año, quedaban solamente tres mujeres entre los 187 convictos en el pabellón de la muerte. La cantidad podría aumentar por la simple razón que muchas madres pobres se ven obligadas a apelar al tráfico de drogas.
Emma Epie, una viuda y vendedora de frutas de Cordillera, es una de aquellas que enfrenta una suerte incierta. Desde abril está siendo procesada en Baguio City porque fue capturada con 200 kilos de marihuana.
Si es sentenciada a muerte, será el primer caso de pena capital en la región de Cordillera tras la reclasificación del narcotráfico en un crimen abominable.
Muchos observadores coinciden que el gobierno debería mejorar la situación social de los estratos menos favorecidos, en lugar de imponer leyes severas en regiones golpeadas por la pobreza.
"No importa cuántas leyes se creen, la gente lo seguirá haciendo", afirmó Ed Cabantac, de Baguio City, que estuvo a cargo de más de 50 casos de tráfico de marihuana por cuenta de Panlipi, una ONG que hace asistencia social en las región. "… aunque impongan la pena de muerte por la horca, ocurrirá la misma cosa". (FIN/IPS/tra-en/cbg/cpg/ego/pr).
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