Las brigadas de demolición cumplen horas extra para derribar tugurios de la capital filipina, de acuerdo con los planes de embellecimiento de la ciudad para recibir a los líderes del foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC).
Unos 3.000 funcionarios de gobierno, igual número de periodistas y más de 400 empresarios participarán de la cuarta cumbre de APEC, a celebrarse el mes próximo en Manila y en el puerto sureño de Subic Bay.
Creado en 1989, APEC congrega a Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Singapur, Taiwan y Tailandia.
El foro se propone eliminar gradualmente hasta el 2020 toda barrera al comercio en la cuenca del Pacífico.
Los preparativos de infraestructura para la reunión de este año comprenden el ensanchamiento de avenidas, la construcción de lujosas residencias para los visitantes, el entrenamiento de personal adicional de seguridad y la remoción de asentamientos precarios antes del 1 de noviembre.
El gobierno ya resentó a 9.500 ocupantes irregulares de edificios en torno del Complejo del Centro Cultural, en Manila, y otros 800 serán desalojados antes de fin de mes, según la información oficial.
También serán reasentadas miles de personas radicadas a orillas del río Pasig, que cruza la capital.
La Asociación de Pobres Urbanos (UPA), un grupo de ayuda legal a los ocupantes irregulares de edificios y terrenos, informó que 16.000 familias serán desalojadas, y al menos 2.000 ya perdieron su hogar.
La demolición, que comenzó paradójicamente poco después de la Segunda Conferencia Mundial sobre Asentamientos Humanos, celebrada en junio en Estambul, ha alcanzado "proporciones de crisis", advirtió Fides Bagasao, de UPA.
No todos los desalojos se deben a la reunión de APEC, pero la operación se aceleró junto con los preparativos de la cumbre y al expirar el año último la moratoria impuesta a las demoliciones, explicó Bagasao.
La cumbre de APEC "concentra la atención de la prensa internacional, y es lógico poner en orden la casa para recibir a invitados. Eso está bien, excepto cuando se desaloja a alguien. Entonces surge una cuestión social", agregó.
Como otras grandes y congestionadas ciudades de Asia, receptoras de migrantes internos y con escasez de viviendas económicas, Manila cuenta con una alta proporción de asentamientos irregulares.
Cuarenta por ciento de los nueve millones de habitantes de la capital ocupan de modo irregular la vivienda en que habitan, aunque esas comunidades sólo cubren cinco por ciento del área metropolitana.
Se trata de tugurios, en alto número sin servicios básicos, aunque están habitados desde hace varios años. Sus habitantes constituyen una parte importante de la fuerza de trabajo de la ciudad, y se desempeñan como obreros o incluso como policías.
Esos sectores tuvieron un alivio en 1992, cuando el gobierno impuso una moratoria de tres años a la demolición de viviendas precarias. La ley también exige el reasentamiento de los pobladores antes de su desalojo y la identificación de terrenos y edificios para la habilitación de viviendas sociales.
Pero la moratoria finalizó en marzo, cuando aún no habían sido localizados suficientes sitios de reubicación, y el gobierno de Fidel Ramos rechazó la propuesta de extenderla. Las brigadas de demolición se pusieron en marcha inmediatamente.
El fin de la moratoria "fue la excusa de algunos gobiernos locales para acelerar la operación de demolición y prescindir de requisitos" legales como la consulta y el aviso de 30 días a los afectados, indicó Ana María Karaos, del Instituto de Asuntos Religiosos y Sociales.
El gobierno cree que la solución reside en ubicar a los intrusos en viviendas de bajo costo, aunque sea a gran distancia de los lugares de trabajo.
Ramos lanzó recientemente una serie de proyectos de viviendas económicas. El último contempla la construcción de 7.093 complejos habitacionales en la norteña provincia de Bulacan.
"Nuestro proyecto no es destruir hogares, sino en incorporar a ustedes y a sus familiares al programa gubernamental de viviendas", aseguró el presidente en el acto de entrega de unidades habitacionales en Bulacan.
El programa oficial "proporciona un hogar asequible y digno con los servicios básicos, como electricidad, agua potable, caminos, espacios abiertos y servicio de alcantarillado, que no existen en los barrios pobres", agregó.
Pero Bagasao arguye que las autoridades aún consideran a los pobres urbanos como una carga e insisten en disponer soluciones por su sola cuenta, sin consultar a las comunidades afectadas, que en muchos casos preferirían restaurar y dotar de servicios los edificios que ahora ocupan.
Los programas de vivienda económica están frecuentemente a cargo de grandes empresas constructoras, las mismas que levantan rascacielos y condominios, que no están familiarizadas con las necesidades de las comunidades pobres.
"El mercado de viviendas está gobernado por los grandes empresarios y no por la producción de viviendas sociales". El gobierno insiste en "ubicar a los pobres en pequeñas cajas", afirmó Bagasao.
"Las ideas proceden del constructor, y no del usuario", y los intrusos reasentados en lugares "inviables" volverán a ocupar irregularmente edificios en la ciudad, advirtió.
El Programa Hipotecario Comunitario de Filipinas permite a los intrusos la compra o el mejoramiento de la vivienda que ocupan, aunque su financiación fue recortada drásticamente el último año.
Mientras, los expertos observan que el desarrollo del mercado inmobiliario, paralelo a la recuperación económica de Filipinas, amenaza a los ocupantes de asentamientos informales.
En efecto, las autoridades municipales desconocen el capítulo de la ley de 1992 que las obliga a señalar áreas disponibles para viviendas sociales, pues pretenden obtener dinero en efectivo mediante la venta en el mercado de esos terrenos. (FIN/IPS/tra- en/js/cpg/ff/pr/96
