La economía española está siendo impulsada por una suave brisa de "euro-optimismo", que el gobierno esperar ver convertida en viento fuerte y la oposición cree que dejará paso otra vez a un duro invierno.
Así como durante años los británicos se ganaron el calificativo de "euro-escépticos" por las reticencias de sus sucesivos gobiernos hacia la unidad monetaria y económica de la Unión Europea (UE), ahora en España comienzan a aparecer los "euro- optimistas".
Esa corriente, cuyos más altos exponentes son el jefe del gobierno José María Aznar y el vicepresidente y ministro de Economía Rodrigo Rato, sostiene que los ajustes presupuestarios y la marcha de la economía harán que España sea uno de los países de la UE que desde el 1 de enero de 1999 tendrán moneda única.
Para integrar ese grupo se requiere que la inflación anual no supere en más de 1,5 puntos el promedio de los tres países que registren la menor inflación. Como se prevé que esa media sea de 1,7, España deberá quedar en 3,2 o menos.
Además, el déficit público no deberá superar tres por ciento del Producto Interno Bruto.
Tras la aprobación por el parlamento de un presupuesto general del Estado que se ajusta a esos objetivos, el gobierno recibió respaldos significativos.
El más interesante lo dieron las bolsas de valores, aunque su ímpetu comprador comenzó a frenarse contagiado por la caída de Wall Street.
El más inesperado llegó desde el Fondo Monetario Internacional.
Su director gerente, Michel Camdessus, tras conocer el ajuste fiscal español lo calificó de "valiente" y entendió que las previsiones gubernamentales son muy razonables.
El también banquero José María Amusátegui, presidente del Banco Central Hispano, uno de los cinco grandes del sector en en este país, manifestó este jueves su confianza en el crecimiento de la economía nacional.
Amusátegui pronosticó una nueva rebaja en el precio del dinero antes de fin de año y añadió que ello no reducirá las utilidades de la banca, porque se compensará con el crecimiento económico que se está registrando.
Otro de los grandes, Emilio Botín, presidente del Banco Santander, se mostró convencido de que España estará en el mercado único en el pelotón de cabeza y al mismo tiempo que los grandes países.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística informó este miércoles 9 que la producción industrial en julio creció cuatro por ciento en relación al mismo mes de 1995.
Fuentes del Ministerio de Economía señalaron este jueves que ese aumento se explica por el despegue de la producción de bienes de consumo.
Esos datos, añadieron, significan "el inicio de la tendencia expansiva" que se fortalecerá en lo que resta del año con la reanimación del consumo privado.
Ese optimismo no es compartido por el Banco de España (autoridad monetaria), que observa signos de estancamiento.
La inversión en España al finalizar 1996 habrá crecido 4,7 por ciento en doce meses, el doble de la media de la Unión Europea, según un estudio de su órgano ejecutivo, la Comisión Europea.
El "euro-optimismo" oficial no es compartido por los empresarios.
La poderosa Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se negó a poner su firma junto al gobierno y las centrales sindicales en un pacto social suscripto el viernes.
La CEOE reclama un mayor ajuste presupuestario y una liberalización del mercado del trabajo.
Desde las filas empresariales surgen voces de alerta en sentido contrario. El presidente del Círculo de Empresarios, un foro catalán de grandes empresas, Pedro Fontana, se mostró preocupado por los ajustes.
El recorte en los gastos públicos para sanear las cuentas puede conducir a la economía española a la recesión y a un mayor desempleo, sostiene.
También están desconformes los socialistas. Tres de sus más reconocidos economistas, Juan Muñoz, Santiago Roldán y Angel Serrano, opinan que las medidas gubernamentales son regresivas e injustas.
Aunque se pronuncian en favor de la reducción del déficit, advierten que al imponerse un esfuerzo desigual, que castiga a los sectores de menores ingresos, habrá insolidaridad y por lo tanto desafección social.
En ese sentido, afirman que para solventar los sacrificios que impone el plan de convergencia europeo se requiere el consenso y el respaldo de las mayorías.
Un respaldo que sólo es viable, concluyen, cuando el elevado costo social se reparte solidaria y equitativamente. Algo que echan en falta. (FIN/IPS/td/dg/if/ip/96
