La Cámara de Industrias de Costa Rica criticó hoy al gobierno por dejar pasar lo que consideró una "excelente oportunidad para emitir las señales positivas que reclama el sector privado".
Marco Vinicio Ruiz, presidente de la Cámara, destacó que el gobierno del presidente José María Figueres "olvida la tarea que le corresponde de promover activamente la aprobación de iniciativas para favorecer la producción".
En un proyecto enviado el mes pasado, los empresarios pidieron al gobierno la eliminación del impuesto selectivo de consumo, un control eficiente del contrabando y la subfacturación internacional, y fortalecer las empresas nacionales mediante las compras del Estado.
La respuesta que recibieron del vicepresidente Rodrigo Oreamno no los satisface, informó Ruiz.
La reactivación, insisten los industriales, "es una tarea impostergable que debe ser atendida con carácter de prioridad nacional en los pocos meses que le restan a la actual administración".
Ruiz invitó a los funcionarios a examinar la encuesta de cuyuntura industrial del Instituto de Ciencias Económicas de la universidad estatal, según la cual en el primero semestre de este año la producción cayó en 3.81 por ciento y el empleo llegó al 7,4 por ciento.
Ruiz urgió al gobierno este lunes en rueda de prensa a que exponga públicamente, si no está de acuerdo con la propuesta de los empresarios, las acciones que llevará a cabo en los menos de dos años que le quedan en el poder.
Asimismo, dio a conocer el documento en que los empresarios le exponen cinco tareas principales que esperan sean concretadas por el sector oficial en el tiempo más corto posible.
En primer lugar, señalaron la necesidad de bajar en 50 por ciento la deuda pública interna, reducir el elevado margen de intermediación financiera, dotar al país de una estructuva tributaria que fomente la competitividad del aparato productivo e incentive el ahorro y la inversión.
También pidieron actualizar el esquema de promoción del desarrollo productivo y la estructura tarifaria en el sector energético, de manera que sea congruente con estándares internacionales de calidad y costos.
El gobierno debe asumir la responsabilidad de lograr consenso para la negociación, mantener bajo control el gasto público e implementar una política de rendición de cuentas que obligue a los organismos del Estado a informar sobre los resultados de su gestión. (FIN/IPS/wc/ag/if/96
