Un "llamado al orden" formulado por la cancillería de Colombia al embajador de Estados Unidos Myles Frechette volvió hoy a tensar las relaciones bilaterales y a reavivar la polémica interna sobre la lucha contra el narcotráfico.
La polémica estalló luego que el diplomático pidiera incluir en un proyecto de reforma constitucional en discusión en el parlamento local para restaurar la figura de la extradición de narcotraficantes, suprimida desde 1991, que esa disposición tenga efecto retrocativo.
De esa manera, Washington lograría que la ley abarcara a los jefes del Cartel de Cali, detenidos en Colombia y cuya extradición solicitó.
La canciller María Ema Mejía pidió a Frechette explicaciones sobre sus declaraciones, a las que calificó de "inoportunas", al tiempo que el diplomático dijo haber sido "mal interpretado".
Mejía defendió la autonomía del Congreso local y recordó que el órgano legislativo y el Ejecutivo colombianos se comprometieron a conciliar la legislación local en materia de lucha contra el narcotráfico con la internacional.
Sin embargo, una fuente de la cancillería indicó este miércoles que el gobierno de Colombia no elevará ninguna nota de protesta a Washington por lo que algunos congresistas han denominado "injerencia indebida de Frechette en los asuntos internos de Colombia"
Es "un gran irrespeto que el embajador de Estados Unidos pretenda coartar la libertad y la independencia del Congreso", dijo por su lado el ministro del Interior Horacio Serpa, mientras el de Justicia, Carlos Medellín, llamó inoportuna la intervención de Frechette.
Tras conocer las declaraciones del diplomático, el Congreso suspendió este miércoles su sesión en signo de protesta y reclamó al gobierno asumir una posición más firme frente a Washington.
Para el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Carlos Espinosa, del gobernante Partido Liberal, los dichos del embajador estadounidense fueron "excesivos".
"Lo único que falta es que se le concedan (a Frechette) facultades extraordinarias para que imponga sus condiciones a la justicia", dijo.
El diplomático es apodado localmente "el virrey", por sus continuas intervenciones en asuntos internos colombianos.
El fiscal Alfonso Valdivieso estimó, en cambio, que al Congreso "lo ha invadido una especie de prejuicio", al interpretar como una imposición "todo lo que diga o haga Estados Unidos".
Los parlamentarios "deben liberarse de esos prejuicios y actuar con la autonomía e independencia que les es propia", declaró.
Valdivieso, partidario de que Colombia adopte nuevamente la extradición como parte de sus instrumentos de cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de drogas, consideró que las declaraciones de Frechette "deben ser tomadas como un episodio menor".
En el mismo sentido se pronunció Jaime Cabal, presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Industria, para quien la reacción de los congresistas y de algunos funcionarios del gobierno fue "paranoica".
El restablecimiento de la extradición y el endurecimiento de las penas para los narcotraficantes forman parte de la agenda con que Estados Unidos evalúa su cooperación con Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
A comienzos de 1996 Washington reclamó la entrega de los encarcelados hermanos Miguel y Gilberto Rodriguez Orejuela, considerados jefes del Cartel de Cali.
Posteriormente quitó a Bogotá su aval en materia de combate al comercio de drogas. Esa "descertificación" podría costar a Colombia no acceder a créditos internacionales.
Las relaciones bilaterales llegaron a su punto más bajo a mediados de este año, cuando el Congreso colombiano absolvió al presidente Ernesto Samper de las acusaciones que sobre él pesaban de haber financiado su campaña electoral de 1994 con dinero del narcotráfico.
Pese a esa decisión del parlamento local, Estados Unidos canceló la visa de ingreso a Samper y a varios congresistas denunciados por el mismo delito. (FIN/IPS/yf/dg/ip/96
