Varios miles de integrantes de villas a lo largo del río Paraná en Paraguay representan el último desafío comunitario del Banco Mundial, en su reclamo por la represa hidroeléctrica de Yacyretá, mientras quejas de grupos de la Amazonia se suman a varias del mundo en desarrollo.
Las comunidades paraguayas reclaman una investigación independiente sobre el proyecto de la institución financiera, afirmando, al igual que otros grupos en el mundo en desarrollo, que el Banco Mundial no ha respetado sus propias normas ambientales y sociales.
Los grupos advierten sobre las consecuencias en la población y el medio ambiente una vez que la represa esté finalizada, en 1988, ya que unos 1.650 kilómetros cuadrados de tierras, incluyendo 300 islas donde viven especies únicas, quedarán inundados por el embalse.
Una reciente auditoría del Banco Mundial afirmó que la represa, compartida por Argentina y Paraguay sobre el río Paraná, constituye un desastre económico, ambiental y social difícil de evaluar. Además, cuestiona el desempeño de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a cargo de la construcción de la empresa.
El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entregaron a la EBY, desde 1979, unos 1.600 millones de dólares para la construcción de la represa.
El reclamo de las comunidades paraguayas es único, porque es el primero contra el BID, el cual cuenta con un panel de inspección desde hace más de un año.
A consecuencia de la obras, unas 50.000 personas deberán ser reubicadas. Uno cada tres residentes de Encarnación, la tercer ciudad paraguaya, deberán desplazarse a causa de la inundación, al igual que numerosas escuelas, iglesias y 500 empresas.
Al otro lado del río, los lugares de residencia de sectores de escasos recursos en la ciudad argentina de Posadas quedarán sumergidos.
Los activistas siguen estos casos de cerca. La Red Internacional de Ríos (IRN, según sus siglas en inglés), considera que el contenido de los reclamos es "extremadamente bueno", y que "si el Banco Mundial descarta las quejas, la gente será extremadamente cínica sobre el valor del panel de investigación" de la institución, según dijo el director de campañas del grupo, Patrick McCully.
Argentina y Paraguay comenzaron a construir la represa de Yacyretá hace 16 años, con la esperanza de generar electricidad y, eventualmente, exportarla a la región. Actualmente, la obra está en venta y es objeto de serias críticas.
Cuando comenzaron las obras, se estimó que el costo final sería de unos 2.600 millones de dólares, pero recientes estudios indican que hacia 1988 se habrán gastado entre 11.000 y 12.000 millones de dólares.
En la Amazonia, los "siringueiros", encargados de extraer caucho, se sumaron a grupos de todo el mundo en sus quejas contra el panel de inspección del Banco Mundial, el cual recibió, entre otros, reclamos desde los Himalayas en Nepal, las islas estacionales del río Jamuna en Bangladesh y empresarios de Tanzania.
El panel de inspecciones del Banco Mundial fue creado hace dos años como mecanismo de apelación que permitiría a las comunidades locales presentar reclamos contra sus proyectos, a partir de las irregularidades en la represa Sardar Sarovar en el río de Narmada, en India, que llevaron a la institución a retirarse del proyecto.
Otra de las quejas se planteó contra el plan Agrícola, de Ganadería y Forestación de Rondonia (PLANOFORO) en Brasil, previsto en 167 millones de dólares, para la creación de reservas "extractivas", con el fin de ayudar a las comunidades locales a cosechar 30 productos nativos, incluyendo caucho y nueces de Brasil.
PLANOFORO debía contrarrestar los efectos de un proyecto anterior del Banco, de 445 millones de dólares, diseñado para pavimentar 1.500 kilómetros de caminos de tierra en regiones remotas de Rondonia, fronteriza con Bolivia.
El camino desató la migración de casi medio millón de personas que talaron la selva para cultivar. En 1991, la destrucción de los bosques del estado avanzaba 10 veces más rápido que en su nivel original, según estimaciones de ambientalistas.
La queja contra el proyecto PLANOFORO fue presentada el año pasado por 25 grupos representantes de pequeños agricultores, extractores de caucho, sindicatos, defensores del medio ambiente e indígenas de Rondonia, y afirmó que el plan había fracasado debido a varios impedimentos, incluyendo la incapacidad del Banco para implementar sus propias políticas y directivas.
El Banco Mundial rechazó las críticas alegando que la queja carecía de datos suficientes para respaldarla.
A fines del año pasado, activistas chilenos demandaron a la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Banco Mundial de apoyo al sector privado, acusándola de no cumplir normas ambientales al entregar 70 millones de dólares pra la construcción de una represa en el río Bío Bío.
El Banco Mundial desdeñó el reclamo, afirmando que el panel no estaba autorizado a investigar proyectos de la CFI, pero envió a Jay Hair, ex presidente de la Federación Nacional de la Vida Silvestre de Estados Unidos, para estudiar el problema. (FIN/IPS/tra-en/pc/yjc/lp/en-if/96
