Un nuevo escándalo surgió en Venezuela por denuncias de la Contraloría de la República sobre irregularidades en 123 viajes de ministros y otros funcionarios en aviones del grupo estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Blanco de las primeras denuncias fue el ministro de Hacienda, Luis Matos, tras un viaje a Estados Unidos con familiares durante el asueto de Semana Santa de 1995, a bordo de un Falcon-50 de PDVSA y cuya movilización costó 45.000 dólares.
El ministro de Energía, Erwin Arrieta, quien encargó el avión para un viaje de trabajo a Washington, dijo que dio "un aventón a Matos y su familia", y asumió la responsabilidad, tras recordar que "llenos o vacíos los asientos" igual hubiesen ido.
Matos admitió el uso de la aeronave y con una sonrisa aseguró que no lo volverá a hacer, pero la Comisión de Contraloría del parlamento inició una investigación.
Este miércoles se divulgó un informe de la Contraloría de la República con la detección de 123 viajes con irregularidades, dentro y fuera del país, en aviones de la petrolera estatal.
"PDVSA tiene una línea de aerotaxis al servicio de los funcionarios del Estado", señaló el columnista y ex director del diario El Nacional, Alfredo Peña.
El presidente de PDVSA, Luis Giusti, dijo que el uso de los aviones de la corporación se efectúa conforme a un reglamento y por funcionarios fuera de la petrolera "según la autorización del accionista", es decir el gobierno, representado por Arrieta.
La Contraloría señaló cuatro clases de irregularidades: vuelos los días festivos o fines de semana sin motivación expresa, omisión de la identidad de acompañantes de los funcionarios, vuelos de grupos familiares y uso adicional de otras instalaciones recreativas de PDVSA, como casas y lanchas.
La amplia lista incluye viajes efectuados por el canciller Miguel Angel Burelli a reuniones de acuerdos integracionistas y del ex ministro de Comercio Werner Corrales a la reunión en Denver, Estados Unidos, que en 1995 discutió sobre el Area de Libre Comercio de América (ALCA).
Esos viajes tendrían a mano una fácil justificación, pero hay otros en fines de semana y temporadas de asueto como Carnaval, Semana Santa y Fin de Año que promete colocar bajo su lupa la comisión contralora del parlamento.
"El uso de bienes públicos para provecho particular es un delito según la ley de salvaguarda del patrimonio", recordaron los parlamentarios de la comisión Paulina Gamus, de Acción Democrática, y José Albornoz, de la izquierdista Causa Radical.
Se trata de parlamentarios opositores al presidente Rafael Caldera, un socialcristiano independiente, pero incluso Enrique Ochoa, del cogobernante Movimiento al Socialismo, deploró "el ejemplo que se da a la población a la que se exige austeridad".
"?Qué comportamiento es este basado en la viveza y la prepotencia de un cargo oficial", preguntó el diario El Nacional y sentenció que "pareciera que este gobierno, que fue electo (en 1993) por una premisa ética, ha terminado por ser todo lo contrario".
Caldera, de 80 años y considerado uno de los "padres de la democracia" venezolana, basó su campaña de 1993 en su figura de estadista incorruptible, tras casi dos décadas de denuncias de corupción pública con pocos castigos, y en críticas a las recetas económicas neoliberales.
Tras una gestión económica errática de dos años (1994-1996), Caldera adoptó en abril un programa de ajuste de corte neoliberal, pactado con el Fondo Monetario Internacional y con devaluación, alzas de precios y nuevos impuestos que desplomaron la capacidad de consumo de sus compatriotas.
Pero Caldera fue también el proponente de que las naciones del hemisferio adoptasen una convención interamericana contra la corrupción, objetivo que cristalizó en Caracas en febrero y prevé reformas a leyes nacionales para castigar corruptos, negativa de asilo a los culpables, extradición y confiscación de sus bienes.
Más aún, Caldera creó el cargo de un vigilante de la pulcritud en la administración pública, popularmente llamado Comisionado Anticorrupción, y lo entregó a Adelso González un educador que lideraba un pequeño partido de izquierda moderada.
González, familiares y colaboradores, figuran entre los usuarios de una decena de vuelos con aviones de PDVSA que incurrieron en varias de las iregularidades detectadas por la Contraloría.
Peña recordó el caso de John Sununu, ex secretario general de la Casa Blanca, que en diciembre de 1991 debió renunciar a su cargo por el uso con fines privados de aviones de la Fuerza Aérea estadounidense. (FIN/IPS/hm/ag/ip/96
