El énfasis puesto en los asuntos de desarme contemplados en un proyecto de ley de política nuclear oscurece en la República Checa el debate sobre los riesgos de la energía atómica, advirtieron grupos ambientalistas.
El llamado proyecto de Uso Pacífico de la Energía Nuclear y la Radiación Atómica tiene el propósito de regular la utilización de la energía y los desechos nucleares y asignar responsabilidades en caso de accidentes.
Pero la discusión pública se concentra especialmente en el capítulo relativo a política militar nuclear.
La iniciativa considerada por el parlamento contempla la posibilidad de que su solicitada incorporación a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) obligue a la República Cecha a aceptar armas atómicas en su territorio.
Petr Moravek, dirigente del Partido Socialdemócrata, el principal de oposición, aseguró que no apoyará ninguna ley "que permita la instalación de armas nucleares" en el país.
Los socialdemócratas anunciaron que promoverán una movilización para mantener el país libre de armas nucleares en caso de que la República Checa se una a la OTAN.
Mientras, los ambientalistas arguyen que la discusión sobre el estacionamiento de armas atómicas margina la consideración pública de las previsiones del proyecto de ley en materia de uso industrial de la energía nuclear.
"Apoyamos la versión original de la iniciativa de ley, que establecía la prohibición" de la fabricación e instalación de armas nucleares, pero nos preocupa que el debate en curso distraiga la atención de otros problemas del proyecto", explicó Daniel Vondrous, del grupo ambiental Hnuti DUHA (movimiento del Arcoiris).
Vondrous sostiene que el proyecto en debate busca allanar el camino a la finalización de las obras de la polémica central nuclear de Temelin.
La propuesta contiene cláusulas para el uso eficiente de la energía nuclear, el manejo de los desechos radiactivos y la protección de personas y ambiente en caso de filtración radiactiva. Se trata de regulaciones hasta inexistentes en el país, e instituciones internacionales solicitan su adopción.
También Estados Unidos y otros países occidentales exigen al gobierno checo la promulgación de nomas reguladoras de la actividad del sector nuclear, como condición para colaborar financieramente en las obras de la central de Temelin.
La central estará dotada de reactores de 1.000 megavatios de potencia diseñados por la Unión Soviética y que serán montados por la corporación Westinghouse, de Estados Unidos, y con ayuda financiera del Export-Import Bank, del mismo país.
El costo final de la central nuclear excederá en 10 por ciento el presupuesto inicial de 2.400 millones de dólares, según cree el gobierno checo.
La entrada en servicio del primer reactor estaba prevista para este mes, aunque las autoridades puntualizaron que la central no podrá comenzar a funcionar hasta mediados del próximo año.
Hnuti DUHA y otros cuatro grupos ambientalistas, entre los que se cuenta Greenpeace, indicaron que el proyecto en debate no habilita la participación de organizaciones sociales en el proceso de aprobación de nuevas centrales nucleares.
También consideraron defectuosos los procedimientos previstos para el manejo de desechos radicstivos y para el pago de indemnizaciones en el caso de accidente.
La iniciativa fue llevada al parlamento a principios de este año y originalmente prohibía sin excepciones la fabricación y presencia de armas nucleares en el territorio nacional.
Pero grupos políticos favorables al ingreso del país en la OTAN observaron que esa prohibición absoluta podría determinar a la alianza atlántica a prescindir de la República Checa.
La OTAN no excluye el despliegue de armas nucleares en Europa central y oriental, dos regiones a las que pretende ampliar su presencia.
Después de las elecciones generales de mayo y junio, el gobierno de Vaclav Klaus sumó un nuevo párrafo al proyecto de ley, para admitir excepciones a la cláusula de prohibición.
De acuerdo con la propuesta del gobierno, la instalación de armas nucleares se permitirá en el caso de que así lo determinen los tratados internacionales firmados por el país.
La aprobación del proyecto de ley está condicionada al pronunciamiento favorable de grupos de oposición, pues la gobernante coalición de centroderecha controla sólo 99 de los 200 escaños del parlamento.
Los comunistas y los republicanos apoyan el uso de energía nuclear con fines civiles, pero podrían votar contra la iniciativa de ley, pues no aprueban la instalación de armas nucleares.
Otro partido, Izquierda Democrática, lanzó una campaña pública en procura de respaldo a su propósito de incorporar a la constitución una cláusula para impedir definitivamente la presdencia de armas atómicas en el país.
Mientras, Klaus expresó ante el parlamento que "el gobierno está convencido de haber elegido una correcta formulación" para su proyecto, "que engloba todo lo necesario" en materia de política nuclear. (FIN/IPS/tra-en/jv/rj/ff/en/96
