Los partidos políticos y representantes de la sociedad civil de Panamá rechazaron la presencia de bases militares de Estados Unidos en el país cuando proscriban los tratados canaleros, el 31 de diciembre de 1999, en un foro auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
El encuentro "Panamá 2000" contó con la presencia de unas 30 organizaciones no gubernamentales (ONG) y más de 10 partidos políticos oficialistas y opositores, así como los independientes "Papa Egoró" y Nacionalista Popular.
En un documento suscrito al término de tres días de debate en un balneario ubicado a 90 kilómetros de la capital, los participantes advirtieron que la continuidad del enclave militar extranjero "es un obstáculo para el desarrollo nacional".
La diputada y presidenta de Papa Egoró, Gloria Young, quien actuó como portavoz de los partidos políticos y las ONG, dijo que el plan de uso del canal cuando pase a manos panameñas debe concretar "la lucha generacional del pueblo por la soberanía total".
"Es inexplicable que por un lado se limite el crecimiento del militarismo nacional y por otro se justifique la presencia militar extranjera" por consideraciones de índole económica, afirmó.
Young se refería a la reforma constitucional aprobada por el parlamento en diciembre de 1994, que prohibió la existencia de un ejército nacional y estableció la creación de una fuerza policial con funciones netamente civiles.
Según los partidos políticos y los representantes de las ONG, "las tierras revertidas (por los tratados del canal) son propiedad de todos los panameños y no pueden ser objeto de apropiación privada", dijo Young.
Además de estar anuente a negociar la permanencia de bases militares cuando proscriban los tratados, el gobierno privilegia la inversión privada extranjera como única opción de desarrollo de los bienes que recibirá de Estados Unidos dentro de tres años.
La negociación de bases surgió el septiembre de 1995, cuando el presidente estadounidense Bill Clinton propuso al mandatario panameño, Ernesto Pérez Balladares, iniciar "conversaciones exploratorias" para analizar la posible permanencia de "un contingente militar reducido" en las riberas del canal.
Hasta ahora no se han realizado conversaciones formales al respecto, pero según voceros del ejército estadounidense ya existen acuerdos informales para mantener al menos tres de las actuales seis bases radicadas en las riberas del canal y unos 4.000 soldados.
El documento suscrito en "Panamá 2000" también recomendó al gobierno "mantener una actitud enérgica frente a Estados Unidos a fin de que ese país, en cumplimiento de los tratados del canal, limpie y sanee las áreas contaminadas" por el uso militar durante 93 años.
El subsecretario general del gobernante Partido Revolucionario Democrático, Francisco Sánchez, indicó que los acuerdos firmados en el encuentro "son una muestra de madurez política del país", pero no aclaró si el gobierno va a acatar la demanda de no negociar la permanencia de bases en el canal. (FIN/IPS/sh/ag/ip/96
