Una de las principales organizaciones mundiales de planificación familiar voluntaria difundió hoy una declaración de principios sobre derechos sexuales y reproductivos a los que, sostiene, se debe reconocer como derechos humanos.
En coincidencia con el primer aniversario de la Cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer en Beijing, el estatuto difundido por la Fundación Internacional de Paternidad Planificada (IPPF), calificado de "radical", identifica 12 reivindicaciones básicas en la materia.
Entre estas reivindicaciones, se cuentan la del derecho a abortos seguros, a impedir la gravidez forzada, a elegir o no la celebración del matrimonio y a fundar y planificar una familia.
La IPPF también se manifestó a favor del derecho de las personas a decidir si tendrán hijos o no, así como al acceso equitativo a la educación, a la información y a los servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva.
El estatuto tiene entre otros objetivos el de "convertir el discurso sobre los derechos humanos, internacionalmente reconocido, en mejoras reales en la calidad de vida de la gente".
"Queremos afirmar que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos", dijo Ingar Brueggemann, secretaria general de la IPPF.
"Medio millón de mujeres mueren cada año por complicaciones en el embarazo o el parto. Eso no debería ocurrir", sostuvo Brueggman.
Al mismo tiempo, la activista negó que se trata de un problema que importe solo a Oriente.
"Aun hoy, todos sonríen un poquito más si el primer hijo es un varón. En cuanto al infanticidio, Occidente no está lejos de Oriente. Las mujeres jóvenes en Gran Bretaña no pueden abrir una cuenta bancaria sin el consentimiento de sus maridos", afirmó.
Los recientes escándalos de pedofilia en Bélgica y el congreso en Estocolmo demuestran "que estos problemas tienen relación con la vida cotidiana", agregó.
El mensaje de la IPPF se dirigirá especialmente a la conferencia que se celebrará en marzo de 1997 en Benin, donde se debatirán las leyes coloniales que aún a fines del siglo XX imponen restricciones a los derechos sexuales y reproductivos en 21 países francófonos de Africa.
Una ley colonial francesa de 1920, derogada hace largo tiempo en la propia Francia, prohíbe la difusión de información sobre contracepción, aborto y planificación familiar, así como sobre la existencia de servicios al respecto. Normas similares rigen aún en las colonias portuguesas.
"Estas leyes todavía son vigentes. Nadie tiene el coraje político para acabar con este problema. Esperamos que algunos de los 21 gobiernos deroguen esta legislación o al menos muestren mayor flexibilidad", dijo Francis Ekon, dirigente político de Togo y presidente regional de la IPPF.
Las mujeres de Togo y Benin son las más perjudicadas por las consecuencias de la ley colonial francesa. En cambio, la situación en Africa meridional y oriental comenzó a mejorar, según algunos expertos.
Los políticos de Kenia, por ejemplo, perderían votos si no respaldan los programas de planificación familiar, explicó Kalimi Mworia, director asociado de la filial africana de la IPPF. Las mujeres suelen reclamar a los políticos por las clínicas clausuradas o con poco financiamiento.
De todos modos, los autores del estatuto admiten que su prédica contará con la fuerte oposición de los clérigos ortodoxos.
Los matrimonios precoces, y aun de niñas, son un problema real en las comunidades musulmanas y en India, así como la ortodoxia cristiana traba la despenalización del aborto, ya sea en América Latina o Irlanda.
"En algunos países, los clérigos aseguran que el Corán postula la mutilación genital femenina, aunque, de hecho, eso no consta en ningún pasaje del libro", advirtió Mworia. (FIN/IPS/tra- en/dds/fn/mj/pr hd/96
