El proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla en Guatemala, iniciado en 1991, entrará esta semana en la fase final, que debería concluir en diciembre.
Una nueva ronda de negociaciones tendrá lugar entre este viernes y el domingo en México, con el fin de concluir el último tema de los llamados sustantivos: el fortalecimiento del poder civil y el papel del Ejército en una sociedad democrática.
El conflicto armado, que comenzó en 1960, deberá terminar a fines de este año con la firma de un acuerdo de paz firme y duradero, si se cumple lo pactado por la gubernamental Comisión de la Paz (Copaz) y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
El 6 de agosto ambas partes asumieron el compromiso de concluir el proceso durante 1996, para terminar con una guerra que dejó más de 150.000 muertos, un millón de desplazados internos y alrededor de 45.000 refugiados registrados, principalmente en México.
El diálogo, que estaba estancado al concluir en 1995 al concluir su gobierno el ex presidente Ramiro de León, cobró nuevo impulso al asumir Alvaro Arzú en enero, para sorpresa de quienes pensaban que el proceso no marcharía bien con la llegada al poder de un empresario y un partido conservador como Avanzada Nacional.
El sorpresivo impulso reveló la existencia de un acuerdo político logrado en secreto en el extranjero, cuando Arzú era aún candidato a la presidencia. También se atribuye el éxito en las negociaciones a la presencia al frente de Copaz de un antiguo guerrillero, Gustavo Porras.
En marzo la URNG decidió unilateralmente poner fin a las operaciones militares ofensivas, ante lo cual Arzú ordenó al Ejército el cese de inmediato sus acciones contrainsurgentes. Desde ese momento no se han vuelto a producir combates.
Los convenios más importantes firmados dentro del diálogo iniciado en 1991 son el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el de Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado y el relativo a Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
El último y más importante de los firmados este año es el de Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.
El contenido del acuerdo socioeconómico calmó la inquietud del poderoso sector agroexportador, que fue el primero en aplaudirlo, ya que no amenaza al régimen de propiedad privada.
Un documento de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), titulado "Escenarios de una paz negociada", dice que las largas jornadas de negociación concluyeron con la firma de un pacto bastante general sobre aspectos sociales, económicos y agrarios.
El texto señala metas que, si bien no responden a las demandas fundamentales de los pobres y marginados, constituyen "un asomo a una política de desarrollo social" que podría cumplirse con voluntad y recursos financieros indispensables.
El cambio de estrategia de la guerrilla y el nuevo rumbo por el cual está siendo conducido el proceso de paz derivaron, según la ODHA, en la disolución del equipo político-diplomático de la URNG y en la renuncia de algunos de sus miembros.
La enorme cuota de influencia política del Ejército en Guatemala va disminuyendo poco a poco, ya que Arzú logró la integración de un nuevo alto mando militar, la depuración de generales y coroneles cuya conducta está cuestionada y la persecución penal de implicados en ilícitos.
Porras confirmó que los acuerdos operativos de base para la reincorporación de la URNG a la vida legal y el cese definitivo del fuego serán suscritos en Madrid y Oslo, respectivamente.
El coordinador de Copaz destacó que el tema de la reducción del Ejército todavía no ha sido tratado en la mesa, donde sólo se logró consenso en la pasada reunión sobre el fortalecimiento del poder civil, así como sobre aspectos conceptuales del papel de las Fuerzas Armadas.
Una vez concluido el acuerdo sobre el poder civil y el papel del Ejército, sobre el que la información es muy escasa por el secreto de las negociaciones, faltaría discutir las bases para la reinserción de la guerrilla a la vida política, así como las reformas constitucionales.
La líder indígena y premio Nóbel de la Paz Rigoberta Menchú, dijo que aún no está claro cómo se van a cumplir los acuerdos, ya que "muchos se discuten en Guatemala fragmentadamente y no se ve la globalidad".
Según la Secretaría General de Planificación Económica, el cumplimiento de los pactos requerirá de una inversión estimada en 2.300 millones de dólares. (FIN/IPS/ag/cz/ip/96
