Un sólido apoyo recibió el gobierno de Guatemala de parte del sector privado organizado así como del cuerpo diplomático y otros sectores tras un duro golpe asestado a personal corrupto del Estado.
En un hecho sin precedentes en este país centroamericano el presidente Alvaro Arzú ordenó una acción que provocó la destitución de nueve militares, entre ellos el viceministro de la Defensa Nacional, así como cuatro jefes de la Policía y administradores de Aduanas involucrados en corrupción.
Los altos jefes militares y funcionarios de la administración pública fueron sometidos a proceso por presunto involucramiento en la red de contrabandistas dirigida por Alfredo Moreno Molina, detenido el sábado.
Las informaciones fueron difundidas en conferencia de prensa dada por los ministros de Defensa, general Julio Balconi, de Gobernación, Rodolfo Mendoza, y de Finanzas Públicas, Alejandro Arévalo.
Mendoza explicó que la decisión fue tomada tras exhaustivas investigaciones que concluyeron en que los destituidos colaboraban con la red de contrabando y defraudación fiscal montada por Moreno, aunque aclaró "que aún faltan elementos de prueba".
El viceministro de la Defensa, general de brigada César Augusto García González, es acusado igualmente de delitos como falsificación de documentos y organización de cobros ilegales.
También se dio de baja al general de brigada Luis Francisco Ortega Menaldo, jefe del Estado Mayor Presidencial del ex presidente Jorge Serrano (1991-93).
Ortega Menaldo habría estado involucrado con el narcotráfico y en el asesinato del presidente de la Corte de Constitucionalidad Epaminondas González Dubón, así como en el asesinato de la antropóloga Myrna Mack, ocurrido en 1990, según la versión del ex especialista del ejército Erwin González.
A este alto jefe militar también se le ha relacionado con el robo de furgones y protección a bandas de ladornes de vehículos, entre otros ilícitos.
El cuerpo diplomático asistió al Palacio Nacional (sede del gobierno) a última hora de la tarde del martes para expresar su apoyo y solidaridad al presidente Arzú ante las medidas adoptadas por el gobierno.
El poderoso Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que aglutina al sector privado organizado, manifestó a su vez su decidido respaldo al gobierno en la lucha emprendida contra la corrupción en las esferas de poder.
El CACIF exhortó a los cuerpos de seguridad, organismos de investigación y tribunales de justicia a que cumplan con su responsabilidad en la aplicación de la ley y recuperen la credibilidad en el sistema judicial.
Tras conocerse la destitución de los altos funcionarios, dirigentes y diputados del gobernante Partido de Avanzada Nacional sostuvieron una reunión la noche del martes en la que trataron el tema y sus posibles repercusiones.
El diputado Julio Loukota dijo que "van a salir muchos nombres más, porque se trata de una organización montada desde hace mucho tiempo, que tiene gente muy poderosa".
Por su parte, la Misión de Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala (MINUGUA) señaló que las medidas tomadas por el gobierno se enmarcan en la lucha contra la impunidad y la corrupción .
MINUGUA aseguró que estas iniciativas evidencian la decisión política del gobierno de avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Acuerdo Global de Derechos Humanos firmado en 1994 con la guerrilla.
En ese acuerdo se estableció la lucha contra la impunidad, la depuración y profesionalización de los cuerpos de seguridad, que incluía también la erradicación de grupos ilegales en el país.
El fiscal general Héctor Pérez Aguilera informó que la captura de otras personas involucradas en la red de contrabandistas que comandaba Moreno podrái ser solicitada.
Pérez estimó que la red de contrabando y evasión fiscal encabezada por Moreno mueve unos 15 millones de dólares mensuales.
Moreno, quien comenzó como bodeguero del Comisariato del Ejército y luego como vista de aduanas, amasó una fortuna que incluye varias casas lujosas.
Los documentos incautados en la casa del capturado vinculan a militares, funcionarios, políticos y periodistas a la actividad ilícita que Moreno desarrollaba en Aduanas.
Trascendió también que Moreno habría colaborado con fuertes sumas de dinero en la campaña política del opositor Frente Republicano Guatemalteco (FRG), cuyo líder es el ex dictador general Efraín Ríos Montt.
El candidato a la presidencia por el FRG, Alfonso Portillo, quién perdió la segunda ronda electoral por un escaso dos por ciento del total de votos, aceptó que Moreno cooperó en su campaña política, pero negó que fuese su principal colaborador, así como tener vínculos políticos y comerciales con él.
Arzú reconoció que teme represalias en su contra una vez terminado su mandato por parte del grupo delictivo que gira alrededor de Moreno, pero reafirmó su disposición de llegar a las "últimas consecuencias y demostrar con hechos lo ofrecido con palabras".
"Este era un secreto a voces que conocía toda Guatemala, pero ningún gobierno se atrevió a actuar", dijo.
"No es el momento de cantar victoria pues aún falta mucho, en realidad es selo el comienzo de lo que debería ser una larga lucha para poner fin a la corrupción y a la impunidad que creció y se resguardó bajo la sombra protectora del Estado". destacó. (FIN/IPS/cz/dg/ip/96
