El presidente de facto de Gambia, capitán Yahya Jammeh, instalado en el cargo tras un golpe militar que derrocó al presidente Dawda Jawara en julio de 1994, registró su propio partido para disputar las próximas elecciones con otros tres que presentaron candidatos dentro del plazo expirado hoy.
Antigua colonia británica, Gambia es un país de Africa occidental que se extiende a lo largo del río del mismo nombre, formando un enclave dentro de Senegal.
Con el apoyo del Consejo Provisional de Gobierno de las Fuerzas Armadas (AFPRC) que preside el propio Jammeh, la recién creada Alianza para la Reorientación y Construcción Patriótica (APRC) competirá en primer lugar con el Partido de la Reconciliación Nacional (NRP), que dirige Amath Bah.
Los otros dos contendores del oficialismo serán la Organización Democrática del Pueblo por la Independencia y el Socialismo (PDOIS), encabezada por Sidia Jatta, y el Partido Democrático Unido (UDP), de Ousainou Dabo. Estos cuatro son los únicos partidos legalizados por el régimen militar.
La Comisión Electoral Nacional decidió en su día que los miembros de los partidos ilegalizados podían formar nuevos partidos para participar en las elecciones presidenciales que serán celebradas el 26 de este mes, y en las generales que tendrán lugar en diciembre.
Las normas aprobadas establecieron, sin embargo, la condición de que esas personas no hayan desempeñado cargos ministeriales en anteriores gobiernos y no sean militares activos. Se espera que Jammeh se retire del ejército esta semana.
El mayor desafío a la APRC podría venir de la UDP, que el lunes reunió aproximadamente 100.000 personas en una manifestación realizada en Birkana, a unos 40 kilómetros de Banjul, la capital. Según los observadores, se trató de la mayor demostración jamás vista en Gambia.
La mayoría de los asistentes fueron simpatizantes de tres partidos ilegalizados, de acuerdo con las mismas fuentes. Esos grupos son el Partido Progresista Popular (PPP), el Partido de la Convención Nacional (NCP) y el Partido Popular de Gambia (GPP).
El régimen del AFPRC ha sido repetidamente censurado en el mundo internacional por prohibir a los partidos opositores y limitar el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho de asociación.
Las organizaciones humanitarias internacionales han comprobado diversas violaciones a los derechos humanos, tales tortura, arrestos y encarcelamientos arbitrarios de dirigentes políticos, periodistas y militantes, y por lo menos 15 ejecuciones extrajudiciales.
Amnistía Internacional y otras organizaciones humanitarias han reclamado en diversas ocasiones que el régimen libere a un grupo de 35 políticos y supuestos colaboradores del anterior gobierno, que están detenidos desde octubre de 1995.
Pese a que un tribunal ordenó su liberación bajo fianza el 12 de enero de este año, el gobierno volvió a arrestarlos el mismo día, tras dictar un decreto con efecto retroactivo. Muchos otros continúan detenidos sin ningún amparo legal, mientras algunos parecen haber "desaparecido".
Caroline Norris, investigadora de Amnistía Internacional para Gambia, dijo que los casos de estas 35 personas son en particular preocupantes porque "se trata de dirigentes que deberían ser liberados para que puedan participar en el proceso político, pues de lo contrario se violan derechos fundamentales".
El Secretariado de la Commonwealth (Comunidad Británica de Naciones), pese a haber sido criticado por el colectivo gambiano en el exilio por su supuesta "blandura" ante el régimen de Jammeh, amenazó con "reconsiderar" su posición hacia Gambia, e incluso suspender los derechos del país, si el régimen continúa excluyendo del proceso electoral a políticos de buena fe.
La vicedirectora de información de la Commonwealth, Cheryl Borall, calificó de "paso retrógrado" los decretos de prohibición de partidos opositores.
"El secretario general consultará las próximas acciones con el Grupo Ministerial de Acción de la Commonwealth (CMAG)", añadió la portavoz.
El CMAG fue creado en la cumbre de la Commonwealth realizada en noviembre pasado en Nueva Zelanda, para presionar en favor de la restauración democrática en Nigeria, Sierra Leona y Gambia, tres países vecinos de la región de Africa occidental.
En febrero de este año se celebraron con éxito las elecciones que devolvieron la democracia a Sierra Leona, terminando con el régimen militar en ese país.
La nueva constitución de Gambia mantiene la pena de muerte – reinstaurada por el AFPRC en 1995- y permite que los derechos fundamentales sean suspendidos en virtud del "estado de emergencia".
Neville Johnson, portavoz del ministerio británico de Exteriores, dijo que el Foreign Office "desmiente afirmaciones de que el Reino Unido no hace lo suficiente en relación con la situación política en Gambia".
"Lamentamos los decretos que proscriben a los principales partidos y políticos en el proceso electoral, y estamos estudiando, junto con nuestros aliados en la Unión Europea y en la Commonwealth, si vamos a condenar al AFPCR. (FIN/IPS/tra-en/ljs/rj/arl/ip/96
