ESPAÑA: Piden extradición de etarras sabiendo que no procede

El gobierno España pedirá al presidente de Venezuela, Rafael Caldera, la extradición de independentistas vascos, a sabiendas de que hay acuerdos ocultos que lo imposibilitan.

Caldera iniciará el martes próximo una visita oficial de dos días a España. Fuentes gubernamentales españolas dejaron trascender que uno de los temas a tratar será la extradición de vascos españoles residentes en Venezuela y acusados de pertenecer a la organización separatista ilegal ETA.

Fuentes diplomáticas españolas de toda solvencia reconocieron a IPS que en los años 80 miembros de ETA fueron trasladados a Ecuador, Venezuela, República Dominicana, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe, y recibidos en esos países por pedido expreso del gobierno, encabezado entonces por el socialista Felipe González.

Caldera, quien llegó este sábado en visita privada a las Islas Canarias, señaló en declaraciones a la prensa española que esas personas están en Venezuela "desde hace bastantes años y su venida fue acordada como una fórmula conveniente a efectos de pacificación".

Además, añadió, "durante su permanencia en Venezuela no incurrieron en ningún hecho punible, no ha habido ninguna información desfavorable sobre ellos".

En mayo pasado, la policía internacional (Interpol) arrestó en Caracas, sin permiso de las autoridades venezolanas, a Eugenio Barrutiabengoa, acusado de pertenecer a ETA.

El detenido fue liberado de inmediato por orden del gobierno venezolano, que expresó su disgusto por lo que interpretó como una inconsulta ingerencia de España en su territorio.

Eugenio Etxeveste, "Antxon", considerado el dirigente más representativo de ETA, fue deportado en 1984 desde Francia, donde estaba detenido, a República Dominicana, país que lo recibió por pedido del gobierno español.

Dos años después, al acercarse las elecciones en ese país, y también por mediación española, Antxon fue trasladado a Ecuador.

Más tarde, en enero de 1987, fue conducido junto a otros etarras a Argel, para negociar con una delegación del gobierno español encabezada por el entonces Secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, hoy procesado bajo acusación de participar en la "guerra sucia" contra los independentistas vascos.

Al fracasar esas negociaciones, Antxon y otros miembros de ETA fueron expulsados de Argelia, abandonando ese país a bordo de un avión del Ejército español, con destino a República Dominicana.

El grupo viajó a cargo del comandante de la Guardia Civil Félix Hernando con pasaportes diplomáticos españoles, según el libro "Negociar con ETA", de Carlos Fonseca, presentado el viernes pasado en Madrid por el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja.

La acogida de los etarras por República Dominicana, Ecuador y Cabo Verde fue apoyada por España con la concesión a esos países de créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo y donaciones, además de cubrir los gastos de viaje y estadía, dijeron a IPS las fuentes mencionadas.

Las mismas no supieron precisar si Venezuela también recibió recompensas.

En Cabo Verde, asegura Fonseca, el gobierno español financió dos fábricas de envasado de té y de cerveza que, "además de generar riqueza para el país, servirían para dar trabajo a los deportados que así lo desearan".

Con esos antecedentes, las peticiones verbales de extradición realizadas por el gobierno español y aireadas por los medios de comunicación, son apenas un "saludo para la galería" y una manera de satisfacer a la opinión pública mayoritaria, que se opone a ETA.

Es, también, parte de una campaña orientada a preparar el camino para dejar sin efecto los acuerdos con los países que acogieron a los etarras.

Para ello, el gobierno español insiste en señalar que en España existe un régimen democrático, constitucional, en el que los independentistas pueden defender con libertad sus ideas sin necesidad de recurrir a la fuerza.

La coalición vasca Herri Batasuna, próxima a ETA, posee locales públicos, se presenta a elecciones, tiene concejales, alcaldes y diputados. El diario Egin, que representa similares posiciones, se publica regularmente.

Todo ello, señala el gobierno español, demuestra que el independentismo tiene plena libertad para defender democráticamente sus principios.

Por ello, entiende que los miembros de ETA o acusados de pertenecer a esa organización, deben ser llevados ante la justicia para responder por delitos comunes, cometidos en forma de atentados, secuestros, torturas y homicidios.

En esa línea, a sabiendas de que acuerdos secretos le impiden exigir a países amigos la entrega de refugiados vascos, lo pide en público para responder a sus votantes y, además, preparar a la opinión pública internacional para un cambio que permita a los gobiernos de esas naciones extraditarlos a España. (FIN/IPS/td/ag/ip/96